La Seguridad Social ha desembolsado 7.300 millones de euros desde el 14 de marzo en el pago de prestaciones para desempleados, autónomos, afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y personas que han accedido a la baja por incapacidad temporal por estar enfermos de coronavirus o confinados por haber estado en contacto con la enfermedad.
Este fuerte desembolso se ha repartido entre 5,8 millones de personas: 3,4 millones de trabajadores afectados por ERTEs, 1,4 millones de autónomos que han accedido a la prestación extraordinaria por cese de actividad (porque han tenido que cerrar o han sufrido una caída del 75% en sus ingresos), 950.000 nuevos parados y 600.000 trabajadores que están de baja profesional (incapacidad temporal) bien porque se han infectado o porque están en aislamiento, según ha explicado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
De estos últimos, 400.000 ya se han reincorporado a su puesto de trabajo y 200.000 siguen de baja. La mayoría de ellos porque están confinados, no enfermos.
Si a ese total sumamos los 1,9 millones de personas que estaban en paro antes de la crisis del coronavirus y ya cobraban el subsidio por desempleo, el Estado está soportando al 35% de la población activa, ha precisado Escrivá, sin contar con los pensionistas y empleados públicos.
El 50% de los despedidos son menores de 35 años
Escrivá ha señalado que en España hay 3,1 millones de personas afectadas por ERTEs de fuerza mayor, realizados en un total de 530.000 empresas, y 300.000 trabajadores afectados por ERTEs por causas económicas, organizativas y productivas, realizados en un total de 30.000 empresas.
Ha precisado también que del 50% de la destrucción de empleo que se ha producido en el país ha sido de personas con menos de 35 años.
El ministro ha aprovechado su intervención para confirmar que en mayo llevará al Consejo de Ministros el proyecto para aprobar el Ingreso Mínimo Vital y espera que se pueda abonar ya en el mes de junio.
