La Policía detectó un importante aumento del fraude cometido contra la Seguridad Social en 2011. En efecto, el volumen de fraude que destapó la sección de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica rozó los 130 millones de euros en 2011 frente a los 93,7 millones de euros que se habían encontrado en 2010. Lo más llamativo es que la policía disminuyó en casi un 16% el número de investigaciones respecto al ejercicio precedente, por lo que las operaciones y redadas que llevó el cuerpo nacional el año pasado fueron de un volumen mucho más importante. La Brigada se había marcado como objetivo investigar al menos un volumen de fraude de 65 millones de euros en el ejercicio, por lo que dobló sus propias previsiones.
Dentro de los delitos investigados destaca la "considerable subida" de desactivación de empresas ficticias, las que se crean para obtener prestaciones falsas o para regularizar a empleados que en realidad no trabajan y que, incluso, en muchas ocasiones no residen en España. Así, en 2011, se investigó a 149 empresas falsas, de las que 117 resultaron no tener ninguna actividad. Gracias a estas operaciones, la Seguridad Social suspendió el pago de al menos 1.330 prestaciones que se estaban cobrando de forma ilícita. Aunque el informe no especifica el número de personas detenidas por estas empresas tapadera (en el conjunto de la actuación de la Sección se detuvo a 326 personas, 175 de ellas españolas), sí se destaca como la mayoría de detenidos e imputados por sociedades ficticias era de origen rumano y también un magrebí.
La memoria destaca además la subida en el número de delitos detectados de "insolvencia punible" contra la Seguridad Social, que aumentó un 24% así como el aumento de delitos especifícos contra la Seguridad Social, que se incrementaron en un 71%. La insolvencia punible se da cuando una empresa acumula deuda con la Seguridad Social y cambia la denominación de la empresa o la descapitaliza adrede para no hacer frente al pago. Los delitos específicos contra la Seguridad Social son aquellos cometidos por los responsables de empresas cuando tras incumplir sistemáticamente la obligación de cotizar, tratan de ocultar la titularidad de las sociedades con empresas interpuestas o testaferros para escapar de posibles embargos.
Este viernes el ministerio de Empleo se ha comprometido a llevar a Consejo de Ministros un nuevo plan de lucha contra el fraude en la Seguridad Social en la que habrá medidas específicas para evitar el cobro irregular de la prestación de desempleo.
