Trabajadores del Palacio de la Moncloa han iniciado una colecta para ayudar a los camareros del complejo que se han quedado en la calle sin paro como consecuencia del incumplimiento de la empresa de hostelería Dulcinea del contrato que tenía suscrito con el Ministerio de la Presidencia.
El Comité de Empresa y la Junta de Personal de Presidencia han decidido colocar sendas urnas en los dos controles de acceso al complejo para la recogida de donativos destinados a "paliar en parte la acuciante situación" en la que se encuentran algunos de los 38 trabajadores afectados.
"Si todos aportamos un poco no vamos a solucionar el problema pero al menos podemos aliviar un poco la dramática situación en la que se encuentran estos trabajadores que llevan atendiéndonos con la máxima profesionalidad desde hace más de 20 años", reza una nota colgada en uno de estos accesos, como ha constatado Europa Press.
Cerca de 2.000 personas trabajan en estas instalaciones del Palacio de la Moncloa, un complejo que por su particular ubicación queda en una zona aislada de la ciudad, pegada a la A-6 y lindando con algunas facultades de la Ciudad Universitaria.
Deuda de 100.000 euros con la Seguridad Social
El departamento que dirige Carmen Calvo tuvo que rescindir este diciembre el contrato con Dulcinea para la prestación del servicio de comedor y cafetería en el Palacio de la Moncloa después de que la compañía llevara cuatro meses sin pagar a sus empleados y de que acumulara una deuda cercana a los 100.000 euros con la Seguridad Social por no pagar las cuotas respectivas por cada uno de los empleados.
La compañía no ha despedido formalmente a los 38 trabajadores afectados por la rescisión del contrato, por lo que estos empleados, algunos de los cuales llevaban 35 años trabajando en La Moncloa, se han quedado en calle pero sin poder cobrar el paro, ha informado a Europa Press una portavoz de Comisiones Obreras.
Cobro del paro
Con el objetivo de que queden inscritos en el paro, los trabajadores se disponen a presentar una demanda contra la empresa por despido colectivo.
En el medio plazo, los empleados confían en que el Ministerio de Presidencia licite antes de seis meses un nuevo contrato, de manera que la empresa adjudicataria tendría la obligación de contratar a la plantilla anterior.
En una reunión con altos cargos del Ministerio de la Presidencia, la Administración trasladó a Comisiones Obreras su voluntad de cumplir este plazo para que los camareros puedan ser contratados de nuevo por la compañía que resulte adjudicataria.
Después de denunciar el contrato, Presidencia inició los trámites para intentar encontrar una nueva empresa que pudiera asumir la plantilla bajo la fórmula administrativa de una cesión del contrato. Sin embargo, con esta vía la compañía estaba obligada a asumir la deuda acumulada por Dulcinea, algo que finalmente hizo que la empresa se echara para atrás.
Esta fórmula sí prosperó en cambio en otros organismos en los que Dulcinea prestaba servicios, como el caso de los cuarteles del Ejército en Retamares (Pozuelo de Alarcón), donde había menos trabajadores afectados y, por tanto, la deuda acumulada por Dulcinea por el impago de las cuotas a la Seguridad Social era menor.
