La Federación de Servicios (FeS) de UGT, donde se integran los representantes sindicales del sector financiero, quiere marcar distancias con las prácticas realizadas por sus compañeros de UGT Madrid en el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Su máximo responsable José Miguel Villa asegura que los representantes de FeS UGT utilizaban estas tarjetas para financiar la actividad sindical. "En ningún caso se ha realizado extracción alguna de dinero en efectivo ni tampoco se han utilizado para fines personales", sostiene el secretario general de FeS UGT.
Esta Federación ha contado, desde que se conoce el uso de estas tarjetas opacas, con tres representantes en la comisión de control de Caja Madrid. El primero de ellos, cuyo nombre no ha querido desvelar Villa, ocupó cargo antes de 2003. En esta ocasión, el representante de UGT abandonó el sindicato cuando supo que tenía que ingresar las dietas en la Federación. Su sustituto Félix Manuel Sánchez Acal aparece en los listados de personas que usaron las 'tarjetas B'. Sin embargo, no se registra actividad, ya que falleció mientras trabajaba en la comisión. A Sánchez Acal le siguió Rafael Torres. Este sindicalista gastó 82.300 euros con su tarjeta de crédito en cinco años, desde 2003 a 2007, lo que equivale a una media de 16.500 euros anuales.
Las tarjetas que tenían asignadas los representantes de FeS UGT contaban con un límite de 1.300 euros al mes en 2005. Villa asegura que el personal de Caja Madrid se ponía en contacto con el usuario cuando el saldo se agotaba, aunque no ha sabido precisar si los responsables de esas llamadas eran las secretarias de Ildefonso Sánchez-Barcoj, ex director financiero de la entidad, señalado como el responsable del control de estas tarjetas. "Sí un mes se efectuaba un gasto por encima de esa cantidad, al mes siguiente se compensaba con un gasto menor", asegura el responsable sindical, que también ha insistido en que cada mes la caja ingresaba el dinero en la cuenta del representante y éste tenía que transferir esa cantidad al sindicato.
A diferencia de lo que sucede en los bancos, las secciones sindicales de FES UGT en las cajas se financiaban con las dietas de sus representantes en los diferentes órganos de control de las entidades de ahorro (asamblea general, comisión de control o consejo). En el caso de Caja Madrid, las tarjetas también servían de vía de financiación. En cuanto a los bancos, éstos asignan anualmente una cantidad a cada sindicato en función de su representación en la entidad. Hay entidades que ingresan esta cantidad sin solicitar ningún tipo de recibo o factura que justifiquen estos gastos sindicales, frente a otros bancos que sí reclaman justificantes para ir abonando la cantidad pactada en los convenios. En ambos casos, son los bancos quienes asumen fiscalmente el coste de estas aportaciones.
La sección financiera de UGT asegura contar con justificantes de todas las operaciones realizadas con la tarjeta de Rafael Torres y que éste no realizó ninguna extracción de efectivo
"Si alguien tenía que dar explicaciones a Hacienda del uso de estas tarjetas es Caja Madrid, como hacen los bancos con las asignaciones sindicales", sostiene Villa. La Federación que dirige no tomará medidas contra Rafael Torres, su representante en la comisión de control de la antigua Caja Madrid, por el uso de las tarjetas B, ya que todos los gastos que realizó se correspondieron con la actividad sindical.
Los representantes sindicales de FeS UGT aseguran que pueden justificar con recibos todos los movimientos de su tarjeta. Incluso la federación, y no Torres, será quien procederá a devolver todo el dinero si la Fiscalía entiendo que la práctica del sindicalista no ha sido legal.
Villa ha desvinculado la actividad de los miembros de FeS en la comisión de control de la que pudieran realizar en su día los representantes de UGT Madrid en los órganos de la caja. "FeS y UGT Madrid son dos organizaciones autónomas con NIF distintos", sostiene. Hasta la fecha, José Ricardo Martínez, secretario general de UGT en Madrid, es la única dimisión en este sindicato por el asunto de las tarjetas opacas.
Martínez habría dispuesto de 44.200 euros durante tres años para sus gastos privados. El escándalo de las 'tarjetas B' de Caja Madrid afecta a un total de 86 altos cargos de la antigua caja de ahorros madrileña y habrían gastado 15,2 millones de euros en 10 años.
