La decisión del consejo de administración del Canal de Isabel II de aprobar el reparto de un dividendo de 128 millones de euros, cuando previamente había optado por retenerlo, puede salirle muy cara a la compañía pública que gestiona el ciclo integral del agua de Madrid. La agencia Moody’s rebajó a finales de la pasada semana la calificación de su deuda y situó el rating tan solo un tramo por encima de la frontera entre el grado de inversión y el especulativo, al considerar que la retribución al accionista suponía un riesgo para la liquidez de la compañía, que todavía afronta un riesgo real de una amortización anticipada de la emisión de bonos por valor de 500 millones de euros debido a la situación de su filial en Colombia.
La agencia de calificación especifica en el informe que acompaña a su decisión de rebajar desde Baa1 hasta Baa2 el rating del Canal que el motivo de la revisión ha sido la aprobación por parte de la junta de accionistas, el pasado 8 de mayo (menos de 20 días antes de las elecciones municipales y autonómicas) de una retribución al accionista de la que sale especialmente beneficiada la Comunidad de Madrid como socio mayoritario.
De acuerdo con Moody’s, que concedió rating a la empresa tras la primera emisión de bonos de su historia, el consejo del Canal habría alcanzado un acuerdo, de carácter informal, para no distribuir el dividendo habida cuenta del riesgo que suponía la salida de dinero para su liquidez. Desde el pasado mes de octubre, los bonistas de la compañía tienen derecho a exigir el repago anticipado de la emisión debido a las medidas cautelares de embargo dictadas por la Fiscalía General de Colombia contra Triple A, la filial colombiana del Canal, como consecuencia de las actuaciones seguidas en la trama Lezo.
Para cubrir un posible riesgo de amortización masiva y salvaguardar el dividendo, el consejo del Canal de Isabel II aprobó unas líneas de crédito adicionales por valor de 170 millones de euros, que no han sido formalizadas aún toda vez que la compañía considera que el citado riesgo es mínimo y evita, de este modo, tener que pagar las correspondientes comisiones que las entidades financieras le cobraría por la disponibilidad del dinero.
Sin acuerdo con los bonistas
La situación ha hecho que el Canal de Isabel II haya remitido este lunes un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que reafirma su liquidez y solvencia y apunta que ningún bonista ha solicitado la amortización anticipada más de ocho meses después de que se abriera esta posibilidad por las actuaciones de las autoridades colombianas.
A la hora de evaluar la liquidez del Canal, Moody’s no incluye las líneas de crédito recientemente aprobadas, de lo que resulta que la compañía tan sólo dispondría de 381 millones de euros (de los que 258 millones se corresponderían con su caja) para afrontar la posible contingencia de la amortización anticipada de la emisión, que asciende a 500 millones.
Una situación que, de acuerdo con el informe de Moody’s, contrasta con los 497 millones de euros de liquidez que tenía la empresa en la última revisión de la agencia, el pasado mes de abril. Una posición que seguiría conservando si hubiera, efectivamente, retenido de forma provisional la cantidad destinada a retribuir a los accionistas.
La Comunidad, tabla de salvación
Aunque la compañía considera improbable que tenga que repagar los bonos antes de su fecha de vencimiento, el año 2025, Moody’s asegura que la incertidumbre se mantiene porque no existe un acuerdo entre el Canal y los tenedores de la deuda que asegure la situación de estabilidad.
Así las cosas, únicamente el hecho de que la Comunidad de Madrid sea el accionista mayoritario del Canal salva a la compañía de caer en situación de bono basura, aunque sus niveles de liquidez no son compatibles en la actualidad con el mantenimiento del grado de inversión. Precisamente, el Gobierno regional es el que tiene en su mano revertir la situación con una inyección de liquidez a la compañía que le permitiera mejorar su posición. O bien, alcanzar un acuerdo con los bonistas para asegurarse de que el riesgo de amortización anticipada está absolutamente mitigado.
