La Seguridad Social ha cargado a sus espaldas con una parte importante del gasto público que ha tenido que hacer el Gobierno para contener el impacto de la pandemia del coronavirus en la economías domésticas, lo que disparará su déficit desde el 1,3% en que cerró el año 2019 hasta el entorno del 5% del PIB en 2020.
Esto supone pasar de un desfase presupuestario de casi 17.000 millones de euros el año pasado, que en su totalidad era estructural (se hubiera producido tanto si la economía crecía como si decrecía), a un agujero de 61.000 millones de euros en 2020. Hace tres meses, los expertos pronosticaban que el déficit del sistema que dirige el ministro José Luis Escrivá se iría hasta el entorno del 3%.
Cuando el Gobierno remitió a Bruselas su Programa de Estabilidad el pasado 30 de abril no quiso desglosar el déficit público que esperaba para cada una de las administraciones que componen el Reino de España (Administración Central, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales -ayuntamientos-), sino que se limitó a lanzar un pronóstico para el déficit del conjunto que situó en el 10,3% del PIB.
Esta estimación, sin embargo, ha sido revisada al alza por muchos organismos nacionales e internacionales, como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de incurrir en un déficit público cercano al 15% en 2020.
Esta última cree que el déficit de la Seguridad Social podría irse hasta el 5,1% del PIB este año, debido al fuerte desembolso que el sistema ha tenido que asumir en el pago de prestaciones por desempleo para parados y para trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), al pago de la prestación extraordinaria de cese de actividad para autónomos o el desembolso correspondiente al Ingreso Mínimo Vital, entre otros.
Más gastos y menos ingresos
También han incrementado los gastos el pago de pensiones por incapacidad temporal laboral para los afectados por la enfermedad, que se suma al gasto creciente en el pago de pensiones que asume el sistema desde antes de esta crisis.
Esto, unido al desplome de los ingresos por la exoneración de cotizaciones sociales para empresas en ERTE -que se han alargado hasta septiembre- y autónomos en cese, y por la propia caída del empleo, tensionarán aún más las cuentas del sistema.
La Administración Central ya ha tenido que concederle al sistema 15.500 millones en transferencias aprobadas este año y podría tener que asumir también parte del déficit por el aumento de las prestaciones por desempleo. Del enjuague que haga el Gobierno con los gastos dependerá a cuánto sube finalmente el déficit de la Seguridad Social.
Sólo el pago de las pensiones provocará un aumento del 3,5% en el gasto de la Seguridad Social en 2020, debido al mayor número de pensiones que tiene que pagar el sistema (porque hay más altas de jubilación que bajas), al efecto sustitución (son más altas las pensiones que se dan de alta en el sistema que las que se dan de baja por fallecimiento, porque los salarios son ahora superiores) y por la revalorización del 0,9% que aprobó el Gobierno para este año.
La inevitable reforma de las pensiones
Cada año aumenta un 1,1% el número de pensiones que paga la Seguridad Social y sube un 1,7% el gasto en pensiones (porque son más cuantiosas), con lo que, incluso si las pensiones no se revalorizaran y estuvieran congeladas la Seguridad Social, tendría que asumir un incremento del gasto del 2,8% anual. Para evitar incurrir en déficit, la economía española tendría que crecer al menos a ese ritmo.
Según recuerda Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, el aumento de la esperanza de vida y la jubilación de la generación del babyboom "va a generar un aumento del número de pensiones desde los 9,8 millones en 2019 a unos 15 millones de pensiones en 2020".
"Para mantener el sistema sin cambios tal y como lo teníamos en 2019, con un déficit estructural del 1,4%, deberíamos tener en 2050 en España un total de 29 millones de cotizantes. Pero nada apunta a que vayamos a tener ese nivel de cotizantes, así que lo más seguro es que el déficit -si no hacemos ninguna reforma-, más allá de lo que ocurra este año por la crisis de la covid-19, va a ir aumentando tendencialmente", advierte.
Podemos financiar ese déficit con más impuestos, pero dará lugar a menos empleo y salarios más bajos, así que tendremos pensiones más bajas a largo plazo"
Solucionar este problema requiere reformar el sistema de pensiones y empezar a utilizar mecanismos de ajuste automático de forma gradual. Dado que la sociedad española ha demostrado ser contraria a hacer ajustes en la revalorización, el experto recomienda que se hagan cambios en el cálculo de la pensión inicial para eliminar poco a poco el desequilibrio actuarial (la diferencia entre lo cotizado y lo cobrado de pensión).
Doménech descarta la opción de subir los impuestos para poder financiar ese déficit, ya que "eso dará lugar a menos empleos y salarios más bajos, así que tendremos pensiones más bajas a largo plazo".
El experto, que se encuentra entre el equipo de cien 'sabios' que asesoran a la Oficina de Prospectiva del Gobierno, propone fijarse en las mejores prácticas internacionales, entre las que él destaca el caso de Suecia, paradigma del Estado del bienestar. "Pasaron a un sistema de reparto sobre la base de cuentas nocionales que hicieron desaparecer el déficit actuarial; las pensiones iniciales se van ajustando a lo largo del tiempo y el sistema es transparente: cada trabajador sabe cómo cambia su pensión en función de la edad a la que se jubila", apunta.
