Pedro Sánchez se ha marchado de vacaciones con su “medalla de oro” autoimpuesta. Se la colgó él mismo este jueves en La Moncloa, por el mérito de lograr que España vacune más rápido y se recupere antes que otros países vecinos. El presidente ha podido cerrar el curso con la agradable sintonía que le han brindado dos estadísticas: el día de su última comparecencia ante la prensa, la EPA desveló la creación de 464.9000 empleos entre abril y junio; 24 horas después, el INE certificó el rebote de la economía, que creció un 2,8% en el mismo periodo por el fin de las restricciones.
El líder socialista se lleva en la maleta, junto a la 'medalla', algunos indicadores prometedores. Pero también una certeza desagradable: la 'vuelta al cole' será tan dura como la de 2020. El año pasado, el Gobierno arrancó el curso en septiembre con el desafío de afrontar las nuevas olas de contagios. Esta vez, el reto consiste en gestionar la retirada de los vendajes que han protegido a empresas y trabajadores durante la pandemia.
Son plenamente conscientes Sánchez y sus ministras económicas, con Nadia Calviño y Yolanda Díaz a la cabeza. Y los agentes sociales, a quienes genera cierto pánico el paisaje laboral que puede aflorar cuando baje la marea de los estímulos. El temor compartido es doble. Por un lado, sospechan que, a estas alturas, gran parte de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se hayan convertido en crónicos y provoquen, tras su retirada, un trasvase de trabajadores hacia las listas del SEPE. Por otro, auguran un tirón del paro, en vista de la bolsa de inactivos que no han podido buscar trabajo por los problemas sanitarios y las restricciones.
“Los instrumentos de protección han cumplido su misión, pero están disfrazando la realidad. En algún momento habrá que retirarlos y lo que vamos a ver no será bueno”, confiesa un empresario del sector turístico. El realismo de los empresarios choca con la visión optimista del eufórico presidente y se cimenta en variables concretas.
La primera es la progresiva estabilización del número de trabajadores que siguen en ERTE. Cada mes que pasa sufre menos variaciones la estadística que recoge la Seguridad Social. Tras batir un récord de 3,6 millones de afectados en abril de 2020, los expedientes comenzaron a caer con fuerza, a medida que se retiraban las restricciones. Volvieron a remontar con las sucesivas olas, en noviembre y en febrero de este año, alcanzando picos de casi un millón de trabajadores.
A partir de abril, la campaña de vacunación y la mejora de los contagios propició un recorte progresivo, hasta situar la cifra en torno al medio millón. El último dato disponible, correspondiente a junio, apuntaba a las 447.800 personas, 94.000 menos que en mayo. El temor de las asociaciones empresariales -sobre todo las vinculadas al turismo, la hostelería o el comercio- es que el marcador de los ERTE quede estabilizado en torno a los 400.000.
Si se cumple esta hipótesis, su diagnóstico está claro: "El porcentaje de gente que sale de los ERTE es cada vez más limitado. Se están convirtiendo en expedientes estructurales", afirma el presidente de una importante patronal. "Llevamos año y medio con una situación de excepcionalidad. Tarde o temprano, tiene que aflorar un paro que ahora está disfrazado".
Antes de octubre, el Gobierno tiene que decidir si mantiene las redes de seguridad, o las retira total o parcialmente. Los “instrumentos” son, básicamente, tres: los ERTE, las cláusulas de mantenimiento de plantilla y las penalizaciones de los despidos relacionados con la falta de actividad por la covid.
En el Consejo de Ministros no hay una decisión tomada ni, por supuesto, una postura en común. Pero tampoco existe entre los empresarios. Hay quien pide mantener la protección hasta que la economía coja más velocidad, pero también quienes abogan por retirar el paraguas y enfrentarse cuanto antes a la tormenta.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es partidario de la segunda opción: apuesta por una retirada progresiva de los mecanismos que sirva para testar cómo afecta a los empresarios. Su posición, de hecho, le generó un fuerte enfrentamiento en mayo con CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, amenazó con dar un portazo a la negociación si el ministro llevaba a cabo su plan de restringir los ERTE antes del verano.
En el otro extremo está Yolanda Díaz, con una visión más 'sindicalista' y proclive a proteger lo máximo posible a las plantillas. Y en medio, una vez más, se sitúa el presidente, que podría tener que desempatar si se da el caso. Ya lo ha hecho en el debate sobre el salario mínimo, a favor de Díaz y en contra de la vicepresidenta Calviño.
Sánchez, en su retiro estival, está obligado a meditar qué opción elige para resolver una cuestión con importantes aristas políticas. Limitar los requisitos para beneficiarse de los ERTE o eliminar las cláusulas que impiden recortar las plantillas podría traducirse en un repunte indeseable del paro; y con ello, del malestar social. También agitaría el avispero de los sindicatos, con quienes el Gobierno debe negociar, en el último tramo del año, el más espinoso de los asuntos: la reforma laboral que exige Bruselas.
