No habrá un sólo caso Banco Popular. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que se abran distintas piezas separadas del caso para agilizar su tramitación, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli. Con ello se quiere evitar un nuevo caso Bankia que tenga al juez Fernando Andreu empantanado durante casi cinco años.
Será el magistrado el que tenga que decidir la estructura de la investigación, en caso de que admita a trámite las 30 querellas presentadas ante la Audiencia Nacional. La semana pasada, Anticorrupción se posicionó a favor de que se abra la investigación.
La diversidad de estas demandas hace que la Fiscalía prefiera que se creen distintas piezas separadas. La principal sería por la ampliación de capital de junio de 2016, por la que están llegando la mayor parte de las querellas. Se dirigen contra Ángel Ron, el consejo de administración del banco y PwC, la firma auditora.
Las acusaciones sostienen que en dicha ampliación hubo "publicidad engañosa", según Unive Abogados, y una estafa a inversores por "falsedad documental". "Se han detectado omisiones muy relevantes en la información facilitada a la CNMV en relación a la verdadera situación de Banco Popular, al menos desde las cuentas de 2015", exponen desde Asufin. El bufete Fonfría Abogados eleva a 854 millones el desfase contable que presentaba Popular.
Papel de Saracho
Por ello, sería de esperar que el juez Andreu pidiera un informe pericial como hizo con el caso Bankia. Serían dos inspectores del Banco de España los que inclinarían la balanza de si las cuentas de Popular de la ampliación de capital se correspondían con su imagen fiel.
Otra posible pieza esperada sería la de la gestión de Saracho al frente de Popular y cómo la entidad perdió miles de millones en depósitos y tuvo que pedir un rescate (privado) al BCE, que concluyó con la venta a Santander por un euro.
La asociación de pequeños accionistas Aemec es la que lidera las querellas contra Saracho. Sostiene que "no adoptó medida alguna dirigida a salvar el banco" y que su "nefasta y fraudulenta gestión" buscaba hundir la cotización del Popular.
Otras piezas separadas podrían ser la petición de medidas cautelares -como fianzas-; la presunta apropiación indebida con remuneraciones de consejeros y directivos, que plantean algunas acusaciones; y un presunto delito contra la Hacienda, que plantea Asufin por sociedades que Popular tenía en paraísos fiscales.
En principio, la Fiscalía ha descartado que se investigue el papel del Banco de España y la CNMV en la caída del Popular, así como de otros organismos como el Banco de Portugal y el BCE.
