El melón que amenazaba con abrirse entre las comunidades autónomas por los nuevos impuestos a banca y energéticas tras su cesión al PNV ha estado muy cerca de hacerlo. Así lo ha desvelado Joan Margall, portavoz de ERC, y eso que fue, con Podemos, una de las voces más conciliadoras en una tensa Comisión de Asuntos Económicos que se ha celebrado en el Congreso este jueves, en la que se aprobó la proposición de ley que crea estos tributos.

No se ha abierto de momento una reivindicación en firme de estos impuestos por parte de ERC, que acaba de ver cómo el Gobierno de Pedro Sánchez inicia una reforma exprés de la sedición a medida de sus exigencias. Pero la posibilidad sigue ahí y muy probablemente se activará.

Después de sumarse a Bildu en los "esfuerzos para que los impuestos a banca y energéticas puedan ser permanentes", en alusión a una enmienda que así lo plantea, Margall ha advertido: "No hemos podido llegar a un acuerdo para que sea la Generalitat la que recaude este impuesto o al menos una parte de él, pero sigue siendo un objetivo y seguiremos trabajando por ello".

ERC plantea esta reivindicación porque el Gobierno ha decidido no denominar impuestos a estas figuras sino "prestaciones públicas no tributarias", lo que complica el camino de la cesión a País Vasco y Navarra -que se anunció en septiembre y este jueves se planteó en una enmienda que inicia el proceso-, y abre la puerta a que puedan reclamarlos el resto de comunidades.

Que los impuestos a banca y energéticas se denominen en la proposición de ley que los crea "prestaciones patrimoniales públicas no tributarias" cogió al PNV con el pie cambiado. El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante la presentación el 28 de julio de su plan contra la subida de la inflación, como la deflactación del IRPF que el Gobierno de Sánchez rechaza hacer, señaló que sería necesario la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto para la concertación de lo que entonces creía que iban a ser impuestos y que sean recaudados en Euskadi.

Poco después el mismo 28 de julio se registraba en el Congreso la proposición de ley que crea las dos nuevas prestaciones, que no impuestos, con lo que en principio no habría que convocar la Comisión Mixta, ya que no se trata de un impuesto y por lo tanto, de entrada no se puede concertar con las Haciendas vascas.

Más que evitar su transferencia a País Vasco y Navarra, como se quejaba entonces el PNV, el que los impuestos se hayan creado como prestaciones patrimoniales parece deberse más a un intento de dificultar los pleitos de las empresas y de hurtarles derechos que tendrían como contribuyentes.

Pero el PNV no puede dejar que se siente el precedente de que haya una figura de tipo tributario estatal que se le imponga, sin que reclame sus competencias. Lo que ha seguido reivindicando, con éxito.

La Ley del Concierto Económico Vasco y la del Convenio Navarro fijan la capacidad normativa de las Haciendas forales para la legislación sobre el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades y la recaudación del IVA y del Impuesto de Hidrocarburos.

En el pasado ya se han hecho ajustes para incorporar la especificidad foral. Las palabras de Pedro Sánchez en el Senado el 6 de septiembre en este sentido mostraban la voluntad del Gobierno por encajar este asunto. Más allá de que se recoja en la proposición de ley de banca y energéticas, como se acaba de hacer, para hacer estos cambios, será necesario modificar la Ley del Concierto Económico, lo que exige un proyecto de ley con acuerdo previo del Estado y País Vasco, de lectura única, al que se pueden presentar vetos pero no enmiendas parciales, según las fuentes jurídicas consultadas.

Esta problemática sigue inquietando al PNV. Su portavoz Idoia Sagastizabal mostró este jueves su malestar con que el Gobierno haya transaccionado con Bildu la enmienda que abre el camino de la concertación de las prestaciones con las Haciendas Forales y apuntó que la fórmula que promueve Bildu, una adaptación, no es adecuada, y se dolió de que haya aprovechado la propuesta jeltzale.

Rizando el rizo

Estas dificultades parecía que iban a incrementarse con el impuesto a grandes fortunas, que el Gobierno tampoco denominó 'impuesto' en un primer momento, aunque en la enmienda que lo crea que ha introducido en esta proposición de ley ya lo ha hecho. Antes de que el PNV lo reclamara, Pedro Sánchez se apresuró a anunciar que se lo cedería. La cuestión es que se trata de un impuesto que se superpone al de Patrimonio para recentralizarlo y obligar a las comunidades que lo tienen bonificado a pagarlo, en primer lugar, Madrid y Andalucía, a las que se acaba de sumar Murcia, y, en parte, Galicia.

Es decir, la recentralización de un impuesto para quitarle competencias a algunas comunidades se cede a otras.

En el caso de ERC, que de momento sólo acaba de plantear públicamente la reclamación de los impuestos a banca y energéticas, cabe recordar que esta misma formación es la autora intelectual del impuesto a grandes fortunas, que intentó registrar como enmienda a los Presupuestos de 2021. Si lo acabara reivindicando, pediría para sí lo que ha ideado para quitárselo a otras. En este caso, que el Gobierno lo denomine de momento impuesto en la enmienda que lo crea parece vetar esta posibilidad.

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