Nuevo golpe para España por el hachazo a las energías renovables. Un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la corte arbitral del Banco Mundial, ha condenado al Reino de España a indemnizar con 47,3 millones de euros a un grupo de inversores formado por la compañía alemana Sun-Flower Olmeda, la inglesa Redmill Holdings, la española Gilatz Spain y Aharon Naftali Biram, máximo responsable de Sun-Flower.
El laudo arbitral cuenta con un voto particular de Marcelo Kohen, el árbitro designado por España para formar parte del tribunal, según consta en los registros del CIADI consultados por Vozpópuli. El laudo también obliga a España a abonar 1,5 millones de costas generadas durante el procedimiento. Los demandantes han estado asesorados por el despacho Freshfields.
La demanda de arbitraje fue presentada el 28 de junio de 2016 invocando el Tratado de la Carta de la Energía. El tribunal fue constituido en septiembre de ese mismo año y el laudo ha sido dictado el pasado 22 de junio. Aunque la compensación a abonar por parte de España es de 47,3 millones, lo cierto es que los demandantes llegaron a solicitar inicialmente unos 70 millones.
Casi una década de conflicto
El origen del conflicto entre España y la comunidad inversora está en la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con las primas a las renovables que había aprobado en 2007 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional avalaron la reforma del Ejecutivo popular. Este cambio normativo supuso, según las estimaciones de 2013, una reducción de los beneficios de estas instalaciones de 1.700 millones de euros.
De hecho, esta medida no gustó a los inversores internacionales que habían invertido bajo el amparo de la normativa de Zapatero, de ahí que pusieran en marcha una oleada de arbitrajes, la mayoría ante el CIADI, que se han saldado de forma mayoritaria a favor de sus intereses, si bien España se ha anotado algunas victorias.
Eiser fue la primera compañía que logró una victoria frente a España por el recorte a las primas de las energías renovables. La energética y su filial luxemburguesa presentaron la solicitud de arbitraje en diciembre de 2013 ante el CIADI invocando el Tratado de la Carta de la Energía.
La compañía llevó a España ante la corte del Banco Mundial por el impacto que tuvieron las reformas del Gobierno sobre dos plantas de energía fotovoltaica que tiene en Extremadura y Castilla-La Mancha. En mayo de 2017, España fue condenada a pagar 128 millones y días después Eiser presentó una petición de reconocimiento del laudo ante un Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos), que es el procedimiento anteriormente citado. No obstante, este laudo fue finalmente anulado después de que España desvelase un conflicto de interés de uno de los árbitros que había permanecido oculto durante el proceso.
Una oleada de arbitrajes
Junto a Eiser, España fue condenada por casos que se elevaban hasta los 1.000 millones. Bridgepoint (80 millones), SolEs Badajoz (41 millones), Nextera (290 millones), HSBC (92 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones), Demeter y Cube (33,7 millones), Schwab Holding/OperaFund Ecoinvest (27 millones) y Infrared Environment Infrastructure, (reclamaba 92 millones, pero se desconoce la indemnización final).
No obstante, el Estado también se ha anotado victorias con laudos favorables en la Cámara de Comercio de Estocolmo contra Isolux y Charanne. También logró imponerse a la alemana Stadtwerke München y al fondo BayWa.
