España se encuentra entre los países de la Unión Europea en los que existe una proporción mayor de trabajadores que no están preparados para utilizar tecnologías digitales y son menos aptos para el teletrabajo, según datos de Eurostat divulgados por UGT.
En concreto, un 19% de los trabajadores españoles se consideran incapacitados para trabajar con tecnologías digitales, mientras que en la media de la UE esta porcentaje se sitúa en el 15% y en países como Alemania, Reino Unido o Países Bajos el porcentaje es de la mitad. Sólo presentan una peor posición que España: Grecia (32%), Rumania (31%), Hungría (25%), Italia (25%), Chequia (22%), Eslovaquia (21%) y Malta (20%).
"Todo esto en el contexto de la actual crisis del coronavirus supone una gran paradoja. El Gobierno reclama a las empresas y a las Administraciones Públicas la necesidad de fomentar el teletrabajo como medida de prevención, pero ni la mayoría de las empresas ni las personas trabajadoras de nuestro país están capacitadas para ello", lamenta el sindicato.
UGT denuncia que no es posible pasar del trabajo en la oficina al teletrabajo si no es con planificación y de forma progresiva, por lo que pide que se invierta en digitalización y en formación específica.
Formación en nuevas tecnologías
Lamenta, además, que el porcentaje de personas con dificultades para desenvolverse con herramientas digitales en España ha aumentado en 2 puntos porcentuales desde 2017, mientras que la media europea ha descendido en otros dos puntos.
"UGT reitera la necesidad de apostar por un gran Pacto de Estado para impulsar un Plan Nacional
de Inclusión Tecnológica, que coloque la formación y recualificación digital como eje central para acabar el retraso tecnológico que sufre nuestra fuerza laboral", señala el sindicato en un comunicado, en el que recuerda que sólo un 22% de las empresas españolas formaron en nuevas tecnologías a sus empleados en 2019.
El Gobierno ha recomendado el teletrabajo en todas las empresas del país y, a medida que surgen protestas, está extendiendo esa recomendación también a la propia Administración Pública. A este consejo se une la decisión de cerrar en las zonas críticas, como la Comunidad de Madrid, todos los comercios a excepción de los que venden productos de primera necesidad como supermercados o farmacias.
