Hacienda se abre ahora a una impopular subida del Impuesto de Sucesiones para no perder fondos UE

El Ministerio de Hacienda abre ahora la puerta a una armonización de Sucesiones que Bruselas puede exigir en el quinto pago del Plan de Recuperación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había negado en público y en privado que fuera a armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Desde hace un año ha circulado un rumor sobre que Hacienda estaría preparando una especie de impuesto de grandes herencias a imagen del de grandes fortunas. Preguntada por ello, lo negaba. Aseguraba que no había mucha recaudación que recuperar -cuando este impuesto ingresa cerca de 3.200 millones-, y el rechazo parecía obedecer a la impopularidad de esta figura, que la mayoría de comunidades autónomas tiene ya bonificada cerca del 100%.

El pasado 28 de enero, Carlos Martín Urriza, de Sumar, le reclamó a Montero en una comparecencia en el Congreso un "impuesto de grandes herencias" que calque el de grandes fortunas y un "impuesto inteligente a la cadena de distribución". Montero le paró los pies apelando a que no preveía atender peticiones que no estén en el pacto de gobierno con Yolanda Díaz.

Sin embargo, el acuerdo sí avala una armonización de Sucesiones: "Evaluaremos los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios", recoge el pacto entre el PSOE y Sumar.

Pues bien, este martes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que ha presentado el proyecto de ley para la creación de un tipo mínimo del 15%, Montero ha declarado: "Es obvio que la intención del Gobierno de España, al igual que al nivel internacional, es seguir trabajando en la armonización, sobre todo, de aquellas figuras que pueden ser un elemento a tener en cuenta en la inversión para que no se produzcan situaciones como, que aquellos que tienen mayor nivel de renta, atraigan más inversión por bajadas fiscales que aquellos que, teniendo que ejercer sus prerrogativas fiscales no las pueden hacer porque tienen que sostener el Estado del Bienestar teniendo desventaja respecto a las inversiones que van en este territorio".

Justo antes, Montero había descartado una "armonización del IRPF". "Así que, seguiremos impulsando la armonización, sobre todo, de la mano del modelo de financiación", insistió.

Para Montero, con los impuestos de Patrimonio y Sucesiones cedidos a las CCAA se ha producido un "vaciamiento fiscal de estas figuras" en España porque, primero Madrid, y después muchas más regiones, han decidido bonificarlas en torno al 100%.

"A nivel de España, donde se producían las máximas diferencias que llegaban al vaciamiento fiscal de la figura de algunas CCAA era en el Impuesto de Patrimonio y, en segundo lugar, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero básicamente en el Impuesto de Patrimonio donde el efecto capitalidad de Madrid ejercía un elemento de espiral con el resto de CCAA que estaba provocando una caída de ingresos imprescindible para fortalecer el Estado del Bienestar", aseguró.

Una reforma de este tipo parece ahora compleja de tramitar, por la parálisis legislativa y la dificultad de aprobar una subida fiscal que apoya Sumar, y cabe suponer que ERC, Podemos y Bildu, pero que no resultará del agrado de Junts, que ha concurrido a las elecciones catalanas con la supresión de este impuesto en su programa, o el PNV.

El quinto pago de fondos UE

En este viraje de Hacienda con Sucesiones pesa la proximidad de la tramitación del quinto pago del Plan de Recuperación para lo que hay que cumplir los hitos prometidos. El Gobierno confía en recibir en breve el cuarto y entonces deberá abordar el siguiente, en el que entra de lleno la reforma fiscal.

La Comisión Europea se ha mostrado flexible hasta ahora y ha pasado de puntillas por compromisos incumplidos sobre fiscalidad verde en el tercer pago, que otorgó en su totalidad.

Sin embargo, la consejera económica de la Comisión Europea en España, María Canal, ha publicado un artículo en el informe de enero España 2024. Un año por delante de EY Insights en el que advierte: "En un contexto en el que se solicita a España una estrategia fiscal de consolidación creíble a medio plazo adquirirán especial importancia la revisión de los beneficios fiscales y una reforma del sistema tributario que logre mejorar su eficiencia y adaptación a los desafíos actuales".

“No se ha hecho la reforma fiscal. Hay cosas que pueden gustar más o menos, pero ésta no se ha hecho", ha asegurado Francisco de la Torre, director del Foro de Fiscalidad de EsadeEcPol, en la presentación del III Foro de Fiscalidad Esade EcPol: La fiscalidad española ante el nuevo escenario económico global que se ha celebrado el 22 de mayo, y en el que han intervenido dos miembros del comité de expertos que ha asesorado a Hacienda para la reforma fiscal: David López-Rodríguez y Santiago Lago, que han abundado en esta idea. En el auditorio estaban representantes de la Comisión Europea en España.

Del lado de los ingresos, la Hacienda de Montero ha realizado numerosas subidas e impuestos, pero la mayoría son parches, retoques, y no ha realizado la reforma fiscal que prometió. Ha creado siete impuestos. Dos, las tasas Google y Tobin, las tenía preparadas su predecesor, Cristóbal Montoro, y los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas tienen un carácter eminentemente político, y sólo han funcionado en términos de recaudación los dos primeros.

En el apartado verde, el impuesto de residuos es una estatalización del impuesto autonómico. Sí es más novedoso el impuesto al plástico. Sin embargo, la imposición medioambiental en España sigue muy lejos de los estándares de nuestros vecinos, del programa de Pedro Sánchez y de lo comprometido a Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de fondos UE.

La armonización fiscal al alza de los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones -con el objetivo político de obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos- es una de las promesas de Sánchez a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación. 

Algunos expertos han considerado que esta medida supone una intromisión de Bruselas en la política española por tratarse de un asunto que enfrenta al Gobierno del PSOE con las comunidades del PP. Pero es uno de los compromisos cerrados a cambio de fondos UE.

El Componente 28 del Plan "afirma que habrá una reforma fiscal que deberá entrar en vigor en el primer trimestre de 2023, con medida de coordinación de distintos tributos a nivel autonómico para que no haya competencia fiscal".

La decisión del Consejo Europeo de junio de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España establece que en el primer trimestre de 2023 deberán entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE". Se trata del quinto pago, de más de 8.000 millones, que medirá las reformas e inversiones realizadas hasta el 30 de junio de 2023, entre ellas, la reforma fiscal que aplique las propuestas del comité de expertos designados con este fin.

El compromiso concreta que se debe "garantizar un impuesto mínimo sobre la renta de las sociedades, hacer que el sistema tributario sea más eficiente, modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, lo que incluye una perspectiva de género, centrándose en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes".

A diferencia de lo que se ha hecho, los sabios abogan por imponer tipos máximos y mínimos que deberá ponderar el Gobierno en una reforma de los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y no un impuesto como el de grandes fortunas, pergeñado en un mes como enmienda a una ley no orgánica.

El problema de prometer a Bruselas la creación de impuestos es que llevan aparejada una recaudación, como ha recordado Belén Palao, abogada que ha elaborado el informe sobre El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que ha presentado la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). "Los impuestos vinculados a compromisos europeos se revisan con mucha exactitud", ha advertido.

Y es que es impuesto a grandes fortunas no sólo es un parche, sino que ha recaudado menos de la mitad de los 1.500 millones de euros que en octubre de 2022 el Gobierno comunicó a Bruselas en el Plan Presupuestario que preveía recaudar.

Lucha política con el PP

Hacienda ha informado de que el impuesto a los ricos ha recaudado 623,6 millones de los 1.500 previstos. Este roto se debe al error del Fisco con las prisas para que entrara en vigor de forma exprés y retroactiva en 2022, que no se corrigió, y que rebaja un 80% lo que deben pagar madrileños y andaluces, contra quienes se dirige, al permitirles descontarse la cuota íntegra que pagarían si el impuesto no estuviera bonificado al 100%. 

Además de la obligación con Bruselas, la reactivación de esta reforma tiene también un componente político. Cabe recordar que el PSOE ha incluido en su programa para las elecciones europeas una armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. "Deberían contar con unas bases mínimas comunitarias en toda la UE que minimicen la competencia fiscal y mejoren la progresividad de nuestros sistemas fiscales", apunta.

Sucesiones ha entrado además en la lucha institucional entre el Gobierno y el PP. Es el caso de una proposición de ley por la que se deroga la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que ha aprobado el Senado y que ha sido vetada por el Gobierno, censura que la Cámara Alta pretende ignorar.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Gobierno frente al Senado contra su acuerdo por el que se toma en consideración para su tramitación la proposición de ley por la que se deroga la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en contra del criterio del Gobierno.

El Gobierno alega que el Acuerdo del Senado vulnera los artículos 134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento del Senado, en relación al ejercicio de la facultad de veto presupuestario.

Juristas a los que ha consultado Vozpópuli admiten que el Gobierno abusa a menudo de su capacidad de veto por motivos presupuestarios, pero creen que en este caso el veto está justificado ante la supresión de un impuesto que recauda cerca de 3.200 millones.

Apuntan que el Gobierno parece querer sentar un precedente. Por una parte, el PSOE controla la Mesa del Congreso con Sumar y puede bloquear iniciativas en la Cámara Baja, pero sí que hay un riesgo en segunda vuelta para normas que vienen del Senado, en la que el Gobierno se lo juega a todo o nada en el Pleno del Congreso, donde pueden caer.