Moncloa lleva semanas monitorizando los movimientos accionariales en torno a Telefónica. En el búnker de Pedro Sánchez se esperaba que emergiera un grupo de inversores con dinero y ganas para asegurar la "españolidad" del operador, ante el asalto de la saudí STC. Tras el susto inicial, a principios de octubre -cuando Riad comunicó su intención de controlar el 9,9% del capital-, el Gobierno ha analizado una y otra vez los escenarios que se abren para Telefónica.

El Ejecutivo, que no vio venir una operación de tales dimensiones, siempre ha tenido al alcance el poder de veto, alegando el carácter estratégico de la 'teleco'. Pero este plante entrañaba riesgos para las relaciones comerciales que mantienen España y Arabia Saudí (con los pedidos de regatas a Navantia como gran exponente).

Ni a Moncloa ni al presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, les disgustaba la entrada de capital árabe. Otros estados petroleros ya están presentes en compañías españolas, como Iberdrola (Qatar) o Cepsa (Abu Dabi). Aportan estabilidad a la gestión y sirven de escudo, además, frente a otros desembarcos poco deseados (de capital chino, por ejemplo).

Sin embargo, lo que el Gobierno veía intolerable es una toma de posición tan agresiva, que convertiría a Arabia Saudí en el dueño de la mayor porción de capital. A Moncloa le convenía, por tanto, que se constituyera un bloque de nuevos accionistas con pasaporte nacional, que ejercieran de contrapeso en el capital de Telefónica.

Este movimiento cobró cierta fuerza a principios de octubre. Lo adelantó Rubén Sampedro en Vozpópuli: en el mercado comenzó a circular el interés de algunos grandes inversores, interesados en armar una operación de 'reconquista'. La jugada se quedó en un mero intento. El Gobierno de Sánchez, por tanto, volvió a enfrentarse a la compleja realidad, endurecida por un acontecimiento sobrevenido: el asalto de un fondo oportunista (Zegona) a Vodafone.

Los británicos, que han confirmado este mismo martes la compra de la filial del grupo británico, nunca han escondido su modus operandi: no aterrizan con un proyecto industrial, sino con un plan de recorte de inversiones y plantilla bajo el brazo.

Con el sector de las telecomunicaciones convulsionado por los movimientos de STC y Zegona, Moncloa activó un plan B: usar directamente a la Sociedad Estatal de Participaciones Públicas (SEPI) como caballo de Troya en Telefónica. La noticia la adelantó El Confidencial este lunes y la confirmó la propia SEPI un día después, presionada por Telefónica y la CNMV.

Pocos en el consorcio público conocían las intenciones del Gobierno. La operación tiene un carácter eminentemente político. La ha liderado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sin contar el Ministerio de Hacienda y, por supuesto, sin la alta dirección de la SEPI. En su comunicado, el grupo estatal asegura que está realizando un "análisis exploratorio interno" de la operación. El entrecomillado tiene una traducción. La SEPI está analizando, por un lado, si existe apetito inversor para sumar a otros inversores privados a la aventura; y, por otro, cómo acomete la compra desde el punto de vista financiero.

La factura de Telefónica para la SEPI

Un 5% de Telefónica cuesta más de 1.000 millones de euros. La corporación tiene dos vías para pagarlos. La primera es acudir a los mercados en busca de deuda, que se sumaría a los 3.000 millones que ya arrastra. En la segunda entraría en acción Hacienda, canalizando hacia la SEPI una partida presupuestaria, en pleno retorno de las reglas fiscales de la UE. Queda descartada una tercera vía: la sociedad no tocará las participaciones que ya posee en empresas tan estratégicas como Redeia (antigua Red Eléctrica) o Enagás.

El desembarco de la SEPI en Telefónica será mayor o menor en función de los apoyos recabados, pero con una meta clara: influir en la gestión de la compañía, desde dentro del consejo de administración. Ya cuenta con un sólido aliado, Javier de Paz, que lleva tres lustros ocupando un sillón (entró de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero).

Una vez conocido el porcentaje que toma la SEPI, el Gobierno tendrá que decidir cómo paga la factura y cómo lo justifica ante las autoridades de competencia. En el Ibex hay quien atisba pocos impedimentos (Francia es el gran ejemplo de proteccionismo empresarial). Otras voces, sin embargo, afirman que en la UE no se vería con buenos ojos el retorno del Estado a una compañía que ya abandonó y en la que mantuvo activa, durante años, una polémica 'acción de oro' (golden share).

Por eso hay quien asegura que Moncloa guarda en el cajón un plan C: introducir a Indra en la maniobra e impulsar una operación de mayor calado. La compañía comparte dos características con Telefónica. Ambas operan en los sectores de la tecnología y la defensa, y las dos son estratégicas para el Estado. De hecho, la propia Telefónica entró en el capital de Indra en 2015, con la compra de un 3%, aunque salió un año y medio después.

En los mercados circulaba este martes la hipótesis de que el Gobierno pueda canalizar la entrada en la operadora a través de Indra. El Estado controla ya el capital (la SEPI posee un 28%). También el consejo de administración, cuyo presidente procede de las filas del PSC (Marc Murtra) y donde se sientan consejeros como el ex ministro socialista Miguel Sebastián.

La entrada en juego de Indra podría animar a otros inversores a subirse al barco y reforzar el bloque de accionistas 'nacional'. Sobre todo, porque este movimiento podría entrañar otro de mayor dimensión: una integración parcial o total de Indra y Telefónica. Una operación que algunos estrategas ya plantearon a Moncloa en más una ocasión, antes de la pandemia. Y que, traída hoy al presente, serviría al Gobierno de Sánchez no sólo para hacer contrapeso con los saudíes; sino también, o sobre todo, para controlar la principal empresa de telecomunicaciones de España.

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