Del infierno normativo al atasco de fondos: España es un pésimo ejemplo para Draghi

Tiene casi 400 páginas y examina a fondo los retos económicos que afronta la UE. Hablamos del conocido como Informe Draghi, un profundo análisis impulsado por el ex primer ministro italiano. A Mario Draghi se le atribuye un papel esencial en la salvación del euro en la última crisis financiera, desde su atalaya de presidente del Banco Central Europeo. Por eso goza de tanto predicamento entre mandatarios, analistas y economistas del continente.

Draghi presentó este lunes su esperado informe sobre la competitividad en la UE. Incluye, de entrada, una medida llamativa: movilizar hasta 800.000 millones de euros al año, buena parte de ellos públicos, para acortar la brecha económica que separa a la UE de Estados Unidos y China. 'Manguerazo' financiero a parte, Draghi identifica una serie de problemas y soluciones. España, a su pesar, sirve de ejemplo de lo mucho que se está haciendo mal y del camino que le queda por recorrer a Europa.

Burocracia insufrible

"La carga regulatoria que pesa sobre las empresas europeas es elevada y sigue creciendo", alerta el Informe Draghi. Ese exceso de burocracia y de regulación tiene dos efectos claros. Por un lado, ralentiza la innovación -auténtico 'talón de Aquiles' de la UE frente a EEUU-. Por otro, impide a las empresas ganar tamaño.

"El efecto de esta carga regulatoria es que sólo las empresas más grandes tienen la capacidad financiera y los incentivos para soportar los costes de cumplimiento", indica el estudio. El problema lo tienen las de menor tamaño, muchas de ellas tecnológicas y claves, por tanto en la innovación. "Las empresas innovadoras que quieren crecer en Europa se ven obstaculizadas en cada etapa por políticas inconsistentes y restrictivas", añade. Dragui se queja de que los Gobiernos siempre pregonan que quieren favorecer la innovación. "Pero seguimos añadiendo cargas regulatorias nuestras empresas", lamenta.

Si algo sobran en nuestro país son trabas normativas. Según un análisis publicado por el Banco de España, entre 1995 y 2020 han visto la luz 206.777 normas. En los últimos años, la tendencia se ha acelerado, por la intensa actividad del Gobierno central y, sobre todo, de las comunidades autónomas. La patronal ANGED cuantificó 683 nuevas normas en 2023 dirigidas sólo al sector de la distribución (casi dos al día).

CEOE hizo otro recuento ilustrativo: el número de páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico superó las 1.275.000 el año pasado (3.494 páginas al día). En ese 'infierno normativo', la Comunidad de Madrid se alza como una especie de oasis (en tres años, han suprimido 343 trabas). Pero la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso es, prácticamente, una excepción en el territorio nacional.

Nuevos fondos pese al atasco de los antiguos

"La UE debería continuar siguiendo el modelo de los fondos Next Generation", asegura el ex primer ministro italiano. Propone emitir "instrumentos de deuda comunes, que se utilizarían para financiar proyectos de inversión conjuntos que aumenten la competitividad y la seguridad de la UE".

El informe da una cifra de grandes dimensiones: la UE debería invertir cerca de 800.000 millones de euros anuales, equivalentes al 5% del PIB de la Unión. Esa cantidad supera con creces al viejo 'Plan Marshall' y buena parte debería proceder de las arcas públicas. Draghi no especifica cuánto, pero el planteamiento está claro: es necesario otro 'manantial' de dinero público para impulsar la débil industria europea. Sí dio una pista: las ayudas beneficiarían, sobre todo, a los sectores energético y tecnológico.

Draghi plantea abrir de nuevo el grifo de la financiación, cuando los Estados miembros aún están enfangados con los Next Generation, que suponen mucho dinero (750.000 millones) y que van destinados en gran parte a los mismos sectores en mente de Draghi.

El gran ejemplo de los problemas de ejecución está en España. En un informe reciente, el Tribunal de Cuentas de la UE saca los colores a España por la gestión de los fondos europeos. Se queja, entre otras cosas, de la falta de medidas para favorecer "la simplificación de los procedimientos administrativos". El mal eterno de la burocracia. El FMI también calcula que nuestro país 'perderá' 57.000 millones del dinero comunitario, porque no será capaz de emplearlo. Tampoco supo nunca exprimir los fondos de cohesión.

La productividad no levanta cabeza

"Europa necesita un crecimiento más rápido de la productividad para mantener tasas de crecimiento sostenibles frente a una situación demográfica adversa", recuerda, de entrada, el informe. Esa "profunda desaceleración" de la productividad es una de las principales causas de "la amplia brecha en el PIB" que se ha abierto entre la UE y los EEUU.

El equipo de analistas de Draghi señala que "para 2040, se prevé que la fuerza laboral se reducirá en cerca de dos millones de trabajadores cada año". No queda otra, pues, que "apoyarnos más en productividad para impulsar el crecimiento".

La economía española tiene muchos 'handicaps', pero la baja productividad está entre los peores. El Banco de España y la inmensa mayoría de los 'thinks tanks' privados (Funcas, Instituto de Estudios Económicos o Equipo Económico) coinciden en que la productividad se ha convertido en un problema estructural, causante de la brecha de PIB per capita entre la economía española y la europea. El Banco de España aporta dos datos su último informe anual: la productividad ha crecido un 13% menos que en Alemania desde que arrancó el siglo, y un 17% por debajo de Estados Unidos. 

Una industria demasiado débil

La transformación de la economía europea para atajar a EEUU y China pasa por impulsar una nueva estrategia industrial para la UE. "Europa está atrapada en una estructura industrial estática, con pocas empresas nuevas que surjan para alterar las industrias existentes o desarrollar nuevos motores de crecimiento", señala el informe.

A continuación, aporta un dato: no hay ninguna empresa de la UE con una capitalización bursátil superior a 100.000 millones de euros que se haya creado desde cero en los últimos 50 años, mientras que las seis empresas estadounidenses con una valoración superior al billón de euros han sido constituidas en este período.

La ausencia de una industria potente obedece a las causas anteriores, desde el 'infierno' normativo a la baja productividad, pasando los altos costes de producción. Ambos factores sobresalen en España, de ahí que la industria nacional siga representando apenas un 15% del PIB. Lo peor es que sigue aumentando la brecha con el sector servicios, que ya acapara casi un 70% de la riqueza nacional. El pasado año superó por primera vez el billón de euros.

De poco sirve que España tenga compañías con grandes proyectos industriales como Repsol, Iberdrola o Cepsa. Es conocido el choque que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, tuvo con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tras denunciar el directivo la continua arbitrariedad jurídica y normativa que sufren las empresas. Imaz se ha convertido en un abanderado de la lucha por una industria nacional sólida. Pero la falta de apoyo gubernamental sigue condenando al sector a lucir una cuota ínfima en el PIB.

El divorcio de la educación con la empresa

Sin una conexión potente entre el mundo empresarial y el académico, es muy difícil que despegue con fuerza la industria y, por supuesto, la innovación. El Informe Draghi es especialmente crítico con la calidad de la enseñanza en la UE, porque se convierte en un factor diferencial desfavorable frente a los competidores americanos o asiáticos.

"No hay suficientes instituciones académicas que alcancen los máximos niveles de excelencia y el canal que va de la innovación a la comercialización es débil", indican los expertos. "El problema no es que a Europa le falten ideas o ambición", aseveró Draghi este lunes en Bruselas, sino que "la innovación está bloqueada en la siguiente fase: no conseguimos traducir la innovación en comercialización".

España, a su pesar, vuelve a figurar como un mal ejemplo en términos académicos. Gasta en educación partidas similares a sus vecinos europeos (4,9% del PIB). Sin embargo, según el último balance de la OCDE, el 26% de los jóvenes entre 25 y 34 años no han completado la educación secundaria. Otro dato: España es el segundo país occidental con mayor proporción de repetidores en secundaria.

Y uno más, publicado en Vozpópuli: el 83% de los titulados superiores se encuentra trabajando en el sector de los servicios, frente al 12% en la industria. El modelo económico español y la falta de conexión entre la universidad y la empresa provocan el lamentable éxodo de mano de obra formada.

Mercado fragmentado y ausencia de pactos

Las barreras aún existentes dentro del mercado europeo siguen impidiendo el avance de las empresas con potencial de crecimiento. "La falta de un verdadero mercado único impide que suficientes empresas alcancen sus objetivos tamaño suficiente para acelerar la adopción de tecnologías avanzadas", recuerda el informe.

Para remediarlo, el equipo de Draghi incide en la importancia de que las administraciones, el sector público y el privado avancen de la mano. "La gobernanza de los Planes de Acción debería apuntar a minimizar la burocracia e involucrar a una amplia gama de partes interesadas: Estados miembros, expertos técnicos, el sector privado e instituciones y agencias de la UE".

España, para desgracia de las empresas, es un ejemplo de mercado fragmentado, por la profusión de normativas autonómicas. Y si algo ha demostrado este país es su incapacidad para que gobernantes, políticos, agentes sociales y empresarios remen juntos por el bien común. Hay un caso muy reciente: el Gobierno ha impuesto una cúpula política en una de las instituciones económicas clave (el Banco de España), pasando por encima de la oposición.

Ese espíritu de confrontación es el que explica la falta de grandes pactos de estado en asuntos vitales como la educación, la sanidad o el futuro de las pensiones. Esta misma semana, sin ir más lejos, el Círculo de Empresarios, presidido por Juan María Nin, reclamaba un pacto para atajar el gasto público, una premisa básica para no complicar, más aún, el futuro de las nuevas generaciones. Quienes propugnan los grandes pactos defienden que, sin unión, España tendrá menos fuerza para crecer. Y para dar algún día un buen ejemplo de cara a Europa.