El fraude prolifera en la gestión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha destapado ya 15.796 casos de estafa y está investigando otros 13.775 expedientes.
En total, desde el mes de abril y hasta el cierre de octubre, la Inspección ha realizado 40.226 actuaciones en empresas que han estado o están en ERTE y, a raíz de ellas, ha abierto 29.571 expedientes. Habiendo resuelto poco más de la mitad, ya ha impuesto sanciones a empresas por valor de 7,7 millones de euros, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Los principales fraudes detectados por la Inspección (que ha intensificado su labor en los últimos meses) son los de trabajadores que siguen oficialmente en ERTE de cara a la Administración, pero que en realidad ya están trabajando -algo que ocurre sobre todo con la modalidad del teletrabajo, admite el Ministerio, y que permite a las compañías ahorrarse el sueldo del empleado, que sigue cobrando el subsidio de desempleo-, o el caso de "empresas ficticias" que se han creado para poder acogerse al ERTE.
Dado que la Administración ha actuado desde el principio dando prioridad a la concesión rápida de las ayudas y la tramitación ágil de los ERTE (se aprobaban incluso por silencio administrativo), algunas empresas tapadera pudieron aprovecharse del proceso y ahora se ha descubierto que en realidad ni existían.
Aumentan las visitas y el envío de notificaciones
El volumen total de las sanciones impuestas asciende a 7.759.828 euros, y la Inspección tiene también expedientes liquidatorios por 2.548.741 euros. Su labor ha permitido dar de alta de oficio a 71 trabajadores.
La mayoría de los expedientes de fraude abiertos se han producido en la hostelería (el 36%), en el comercio (16,6%) y en la industria (9,1%).
Cataluña y la Comunidad de Madrid son las autonomías que lideran el número de expedientes (unos 3.000 cada una), seguidas de Canarias, País Vasco y Castilla-La Mancha.
Cuando comenzó la desescalada, la Inspección intensificó sus visitas a los centros de trabajo (sólo en la última quincena de junio realizó 10.000 inspecciones), e inició también una campaña informativa para asegurarse de que el empleo se recuperaba correctamente en las empresas que habían estado o seguían en ERTE.
Además, se enviaron notificaciones a 75.000 empresas para informarles de cómo debían proceder cuando empezaran a activar a trabajadores.
Tres millones de personas en ERTE
El número total de beneficiarios de prestaciones acogidos a un ERTE alcanzó su máximo en mayo, con 2,66 millones de personas cobrando la prestación de forma simultánea, una cifra que fue descendiendo en los meses posteriores hasta llegar a los 668.452 a cierre de septiembre -sin tener en cuenta a los afectados por ERTE por otras causas-.
El número de trabajadores afiliados en situación en ERTE por fuerza mayor tuvo su máximo en abril, con 3.074,462, mientras que desde mayo su evolución es similar a la del número de beneficiados de prestaciones de desempleo asociadas a ERTE covid-19, llegando al nivel más bajo en septiembre, con 605.861 personas, según datos del Ministerio.
Este miércoles se publicarán los datos de afiliación del mes de octubre, de los que los expertos esperan una reducción del número de trabajadores en ERTE hasta el entorno de los 500.000.
