El Gobierno está dando las últimas pinceladas a la reforma para poner freno a la temporalidad en la Administración, centrando la cuestión en los interinos en fraude de ley. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha convocado este jueves a las comunidades autónomas para acordar las últimas modificaciones, después de haberles presentado la semana pasada el borrador con las medidas propuestas para atajar el problema de los interinos.
Como confirman fuentes del ministerio consultadas por Vozpópuli, el objetivo de Iceta es recoger esta misma semana las aportaciones de las comunidades para elaborar "un documento consensuado", también con las entidades locales y los agentes sociales. "Es muy importante que haya acuerdo, porque debe ser un proceso homogéneo en toda España", cuentan fuentes conocedoras de las negociaciones.
Iceta recalcó hace unos días su intención de "delimitar" la duración máxima de los contratos temporales en la Administración pública y poner énfasis en su carácter excepcional. "El principio es claro: las personas que ejerzan un trabajo estructural en la Administración deben hacerlo desde una plaza fija. No es razonable tener tasas de temporalidad superiores al 10%", remarcó ante el Senado. Aunque es complicado dar con los datos oficiales, esta temporalidad supera el 40% en educación o sanidad, señalan fuentes sindicales.
El Gobierno apunta al concurso-oposición
Según la propuesta del Ejecutivo, el interino será nombrado para la cobertura de plazas vacantes cuando no sea posible hacerlo por personal funcionario de carrera, con una duración máxima de tres años, tiempo tras el cual la administración habría de poner en marcha un proceso de estabilización para que pasaran a formar parte de la plantilla fija. "Sin perjuicio de lo establecido en su caso la normativa propia de función pública de cada Administración o la normativa específica, los procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40%, en la que se tendrá en cuenta la experiencia como empleada o empleado público especialmente la acumulada y desempeñada en el puesto o plaza objeto de la estabilización", reza el borrador que el ministerio ha facilitado a las partes y que ha sido consultado por este periódico.
Asimismo, según el texto, el incumplimiento de los plazos máximos de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado, que será equivalente a 33 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades.
En esta línea, y aunque el Gobierno plantea dar gran peso a la experiencia acumulada por el personal interino, sindicatos como CSIF -mayoritario en la Administración- consideran que la experiencia del personal interino debería puntuar hasta un 80% en la fase de concurso, permitiendo además que la fase de oposición no sea eliminatoria.
A contrarreloj
"Es esencial la reforma Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP) para que esto no vuelva a suceder", apuntan desde el sindicato de los funcionarios, señalando que las reclamaciones en la negociación pasan por establecer "sanciones y responsabilidades jurídicas muy claras para que el sector sepa a lo que se enfrenta en caso de que no convoque concursos selectivos a tiempo".
Con todo, la intención de Función Pública es poder aprobar esta reforma en las próximas semanas, siendo una de las principales tareas de Iceta desde que se hizo cargo de la cartera.
Este jueves, las comunidades autónomas transmitirán al Gobierno sus propuestas para el texto; después, será el turno de los agentes sociales. "Hay que aprobar la norma cuanto antes", insisten fuentes de la negociación.
