La Comunidad de Madrid y Andalucía estudian neutralizar el impuesto a grandes fortunas a través del IRPF. Las dos comunidades más afectadas por esta armonización del Impuesto de Patrimonio por la puerta de atrás que supone este nuevo impuesto estatal tienen una respuesta fiscal encima de la mesa a partir del tramo autonómico del IRPF, que se suma a los recursos al Tribunal Constitucional (TC) que han anunciado.
El recurso al TC se perfila como una vía efectiva para acabar anulando el impuesto, pero es un camino largo, que puede extenderse cinco años, cuando el anuncio de creación del tributo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hace dos semanas tiene un efecto inmediato sobre los planes de los contribuyentes. De hecho, la Comunidad de Madrid ya lo ha cuantificado: 13.000 contribuyentes pueden abandonar la región, con una recaudación de 5.000 millones.
Desde las Consejerías de Hacienda de estas dos comunidades trasladan que tienen todas las opciones encima de la mesa. La vía fiscal se está consultando, según ha podido saber Vozpópuli.
Hay dos maneras de contrarrestar el impuesto estatal. La fórmula que lo neutraliza por completo pasa por recuperar el Impuesto de Patrimonio para que no lo recaude el Estado y devolvérselo a los contribuyentes en el IRPF, donde se lo podrían deducir. Es decir, que el impuesto estatal a grandes contribuyentes sea deducible en el IRPF autonómico.
Se trata de una jugada similar a la que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho el Impuesto de Patrimonio deducible en el de grandes fortunas para que no se pague en las autonomías que tienen Patrimonio pero sí en las que no lo tienen o lo tienen bajo.
En la segunda fórmula, también cabe hacer lo mismo, que el contribuyente recupere lo pagado en grandes fortunas en el IRPF, pero sin reactivar Patrimonio, lo que supondría un coste importante para las comunidades y el Estado se llevaría lo que recaude de su impuesto. Esta opción al menos conseguiría retener al contribuyente.
Frenar la fuga de contribuyentes
Todavía no se ha publicado el texto del impuesto, pero sí que se conocen bastantes detalles de un tributo que ya planteó ERC en noviembre de 2020 en una enmienda a los Presupuestos de 2021. Según anunció Hacienda el 29 de septiembre, el impuesto a grandes fortunas será temporal para 2023 y 2024 y afectará a una riqueza neta superior a los 3 millones de euros -con las mismas reglas que el Impuesto de Patrimonio, restando 300.000 euros de vivienda habitual-, con tres tramos: entre 3 y 5 millones, un 1,7%; entre 5 y 10, un 2,1%, y por encima de 10, al 3,5%. Según la ministra, "esta legislación evitará la doble imposición porque la cuota que se abone en las comunidades será totalmente deducible" respecto al Impuesto de Patrimonio. El potencial recaudatorio es de 1.500 millones y los contribuyentes afectados, 23.000, el 0,1%.
Aunque estará en vigor en 2023, el año que viene no se pagará, ya que se devengará según el patrimonio que se tenga el 31 de diciembre de 2023 y se declarará, como el Impuesto de Patrimonio, junto a la Campaña de la Renta en la primavera de 2024. Sin embargo, debe entrar en vigor el 1 de enero. En este sentido, aunque desde la Secretaría de Estado de Hacienda se está recomendando que se tramite como proyecto de ley para dar todas las garantías posibles ante los pleitos que se barruntan, finalmente el Ministerio se ha decantado por introducirlo como enmienda en la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas que tramita el Congreso.
El Gobierno dice ahora que será un impuesto afectado a medidas para paliar la crisis por la guerra de Ucrania y que por este motivo no ha incluido su previsión de ingresos en los Presupuestos de 2023. En cualquier caso, se trata de una recaudación que depende por completo de lo que decidan hacer la Comunidad de Madrid y Andalucía y que no está por lo tanto garantizada.
