Economía

Madrid rechaza dará luz verde a nuevos locales de apuestas sin autorización regional

Se creará un grupo de trabajo y se estudia la posibilidad de modificar la ordenanza de publicidad exterior

  • Sala de máquinas tragaperras.

El Ayuntamiento de Madrid no dará luz verde a nuevos locales de apuestas sin autorización regional y pondrá en marcha desde el mes de febrero una campaña de inspección de cumplimiento de la legalidad de los casi 400 establecimientos de este tipo existentes en la ciudad comprobando la adecuación de su normativa, aforos y su cumplimiento técnico y jurídico.

Lo ha anunciado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en el Pleno de Cibeles a raíz de una iniciativa presentada por Más Madrid y transaccionada por este grupo con PP, Cs y PSOE. Vox se ha abstenido.

También se creará un grupo de trabajo para abordar esta lacra y el delegado ha adelantado que se está estudiando la posibilidad de modificar la ordenanza de publicidad exterior para atender las condiciones específicas del juego.

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha señalado, con datos del Ayuntamiento, que en los últimos diez meses de 2019 en Madrid se implantaron 35 nuevos locales de apuestas, lo que suma un total en la ciudad de 393, asentados en barrios periféricos y calles como Aluche, Vista Alegre, Moscardó, San Diego, Bellas Vistas, Bravo Murillo, Marcelo Usera o General Ricardos, esto es, con concentrados en barrios con alta densidad demográfica y con índices de vulnerabilidad" destacados.

Murgui ha indicado que 53 de estos locales, el 13 por ciento, se encuentran a menos de 100 metros de centros educativos hasta llegar al "esperpento" que se produce en Retiro: en el barrio de Ibiza un local de apuestas se instalará "a escasos metros de un instituto y de la primera unidad de lucha contra la ludopatía que se va a poner en marcha en el Gregorio Marañón".

Se debe perseguir los casinos encubiertos y sancionar la publicidad engañosa, son correctas las inspecciones pero no imponer a otras administraciones lo que hay que hacer"

Más Madrid ha defendido en el Pleno la necesidad de instar a la Comunidad de Madrid a que apruebe, con carácter inmediato, el decreto de suspensión de la concesión de licencias de apertura para casas de apuestas anunciado el pasado 12 de noviembre y que en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación de esta proposición se modifique el preceptivo decreto para que no se conceda autorización de funcionamiento de salones de juego a locales situados a una distancia a pie o poligonal inferior a 500 metros de los accesos de entrada a centros de salud o de asistencia sanitaria, educativos o enseñanza no universitaria, a excepción de los centros de educación de personas adultas.

Plan especial

Este grupo municipal ha planteado que, mientras que el Gobierno regional revisa la normativa, el Ayuntamiento redacte un plan especial que regule la implantación de los locales de apuestas y de juego con un grupo de trabajo con la participación de distintas áreas de gobierno concernidas, todos los partidos, la Comunidad, la FRAVM, asociaciones vecinales y especializadas.

Fuentes ha explicado, por su parte, que no apoyarían una moratoria en la concesión de licencias de actividad para locales de juego y casas de apuestas en previsión del efecto llamada que la redacción del plan especial puede suponer dado que eso puede acabar en "un lío judicial" únicamente.

Vox se ha abstenido. Ha sido el concejal Pedro Fernández el que ha defendido la posición de su grupo, quien se ha referido en varias ocasiones durante el pleno como "señor presidente" a la titular de la presidencia en la comisión de Seguridad, la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez. Murgui ha afeado la actitud de este "señor", reconvertido en "guardaespaldas" de determinadas políticas de la Comunidad.

Fernández ha opinado que la proposición aprobada comete una "injerencia en las competencias de la Comunidad", lo que supone "no respetar el Estado de Derecho". "Se debe perseguir los casinos encubiertos y sancionar la publicidad engañosa, son correctas las inspecciones pero no imponer a otras administraciones lo que hay que hacer", ha argumentado.

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