La banca española podría estar delante del mayor agujero judicial sufrido durante la crisis, por delante de las cláusulas suelo. La sentencia dictada este jueves por el Tribunal Supremo decretando que sea el banco quien pague el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados puede generar un agujero de hasta 9.000 millones de euros, según analistas de Morgan Stanley y BBVA.
Un impacto de esta magnitud podría llevar a pérdidas anuales a alguna entidad e incluso forzar fusiones.
El escenario es incierto ya que la sentencia del Supremo deja en el aire cuestiones si los bancos deben devolver de forma retroactiva todo el dinero cobrado, sólo hasta cuatro años hacia atrás o si sólo se aplica de aquí en adelante.
Las casas de análisis y el mercado calculan que habrá coste y que éste será de miles de millones, como reflejó la caída de los bancos en Bolsa.
"Asumiendo que la mitad de las 4,5 millones de hipotecas firmadas en los últimos diez años reclamaran, calculamos unos costes de entre 7.000 y 9.000 millones de euros, sin incluir los gastos de intereses, que son materiales", señalan en un informe de Morgan Stanley.
El departamento jurídico de BBVA defiende que no va a haber retroactividad
En esta línea, BBVA también calcula un impacto en el peor escenario de 9.500 millones: Santander (1.646 millones), CaixaBank (1.541 millones), Bankia (953 millones), Sabadell (771 millones), Bankinter (356 millones), Liberbank (164 millones) y Unicaja (222 millones). Queda fuera BBVA porque los analistas del banco no siguen su propio valor.
Aun así, creen que el peor escenario no se cumplirá. "Bajo nuestro punto de vista, la sobreventa de hoy [por ayer] está injustificada. La sentencia no parece retroactiva", señalan los analistas de BBVA tras una consulta al departamento jurídico.
Escenario intermedio
Desde el coste cero que sugiere BBVA hasta los 9.500 millones que pone como peor escenario, hay uno intermedio que explica un informe de KBW: que los bancos sólo tengan que devolver por las hipotecas concedidas en los últimos cuatro años. En tal caso, los analistas de esta firma calculan que el coste ascendería a 1.680 millones. CaixaBank y BBVA serían los más afectados, con provisiones por algo de más de 200 millones cada una.
Las entidades consultadas se muestran de acuerdo en que la sentencia va a exigir nuevos pronunciamientos para aclarar su aplicación y asumen que va a haber incertidumbre en el mercado a corto plazo. Pero descartan cualquier tipo de provisión regulatoria por la sentencia de este jueves. Al contrario, pelearán cada euro que salga de su caja.
