La Comunidad de Madrid ha sido la primera en denunciarlo, pero no será la última: Moncloa dará a los Ejecutivos autonómicos pocos fondos europeos y escaso margen para gastarlos. La queja en cuestión se refiere al dinero que brinda la adenda del Plan de Recuperación (83.000 millones). La verbalizó en público esta semana la consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, abriendo una espita por la que canalizarán el cabreo próximamente otros Gobiernos regionales. El siguiente puede ser en andaluz.
No es un problema sólo del territorio que gobierna Isabel Díaz Ayuso. La opacidad de Moncloa con los fondos europeos y la promesa incumplida de "cogobernanza" en la ejecución está generando un clima de malestar entre los Ejecutivos autonómicos. La rebelión irá creciendo a medida que se agota el tiempo para emplear el dinero. Teniendo en cuenta los arduos procesos administrativos, la fecha de caducidad está a la vuelta de la esquina: agosto de 2026.
Hay un dato esclarecedor: el Gobierno de Pedro Sánchez lleva 35 meses sin convocar a la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Ese órgano fue creado el 30 de diciembre de 2020 a través del decreto-Ley 36/2020, que desplegaba "medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación". En una parlamentaria posterior, el Ejecutivo lo calificaba como "una herramienta para transformar el modelo productivo de España".
En aquellas fechas, el Gobierno afrontaba el desafío de gastar en seis años los 160.000 millones de euros que la UE ponía a su disposición, para salir de la crisis que provocó la pandemia. Moncloa emprendió la tramitación de los fondos europeos con cierta transparencia (la Intervención General de la Administración del Estado desglosaba los datos de ejecución real). Y tirando de las administraciones que mejor podían 'aterrizar' el millonario 'maná': las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Precisamente por eso creó la Conferencia Sectoral. En palabras del propio Gobierno, "para canalizar la participación de las Comunidades y Ciudades Autónomas (CCAA) en los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia". Moncloa aseguraba también que "servirá para cooperar con las Entidades Locales cuando se traten asuntos que afecten a sus competencias". La iniciativa se realizaba "bajo el principio de la cogobernanza que defiende el Gobierno".
El compromiso de "cogobernanza" duró apenas siete meses. Desde agosto de 2021, el Gobierno dejó de convocar la conferencia y publicar los datos desglosados de ejecución de fondos europeos
Ese compromiso de "cogobernanza" duró apenas siete meses. El 21 de enero de 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocó a los consejeros autonómicos . A la cita -vía telemática- asistieron también la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda; la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. En la reunión -"muy importante", según el alcalde de Vigo- se emplazaron a un nuevo encuentro para seguir perfilando la "cogobernanza".
La siguiente se produjo el 19 de abril. Hubo una más, el 2 de agosto. "El objetivo de este encuentro no es la distribución de recursos -eso corresponde a las conferencias sectoriales de cada ministerio-, sino realizar el seguimiento y la evaluación de la implementación de los fondos europeos que recibir España", aseguró aquel día en un comunicado el Ministerio de Hacienda. Quienes asistieron a aquella cita no sabían entonces que sería la última.
Casualidad o no, en aquel momento Moncloa también dejó de publicar con detalle los datos de ejecución real. Hubo un 'blackout' en la información que proporciona la Intervención General del Estado. Y dura hasta hoy. Ese 'apagón' informativo de 35 meses ha servido a la oposición parlamentaria para atacar al Ejecutivo por su opacidad, alentando al tiempo las sospechas en el Parlamento Europeo sobre la gestión de los fondos en España.
¿Cuántos fondos europeos se han usado?
'Thinks tanks' como Fedea han intentado aportar luz con sus estimaciones. En su último informe calculan que la ejecución real ascendió al 27% en 2021, bajando al 24% en 2022 y al 9% hasta agosto de 2023. En otro informe reciente, el Instituto Juan de Mariana asegura que "los pagos efectivamente realizados han sido del 45,5% en 2021, el 39,6% en 2022 y del 27,3 en 2023". Según sus economistas, "a la economía real han llegado apenas 20.000 millones, un 75% menos de lo esperado".
Esa lentitud del reparto es lo que está exasperando a algunos gobiernos autonómicos. Como el de Madrid. Su consejera de Economía denuncia que el Gobierno sólo entregará a las comunidades autónomas 3.000 millones de la adenda, de un total de 20.000 millones asignado a través del Fondo de Resiliencia Autonómica. Según Rocío Albert, esa partida "sólo va a facilitar el acceso a la financiación por parte de las comunidades del 15% de dicho fondo, en la modalidad de préstamos reembolsables gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI)".
El Ejecutivo madrileño asume ya que será "materialmente imposible" sacar adelante determinados proyectos antes de la fecha fijada, "solamente por lo que conlleva la tramitación". Esa realidad afecta igualmente al resto de Gobiernos autonómicos, los mismos que dejó de reunir hace 35 meses el Ejecutivo central.
