La reforma concursal es ya una nueva fuente de conflicto del Gobierno con sus socios después de la accidentada tramitación de los planes de empleo de José Luis Escrivá. El Grupo Socialista se enfrenta en solitario a la oposición y a sus socios para sacar adelante el proyecto, que quiere que esté en vigor el 30 de junio, día en que vence la moratoria concursal que prorroga desde hace más de dos años y fecha que ha comprometido con la Comisión Europea. La ponencia, que se reunió el martes y que iba a continuar el miércoles pasado, fue desconvocada en un intento a la desesperada del PSOE de parar el partido y emprender negociaciones bilaterales con los grupos, según trasladan fuentes conocedoras a Vozpópuli.
Esta semana la agenda del Congreso no prevé que se reúna la Ponencia. Quedan 15 días para el 30 de junio y el proyecto, ahora parado, debe todavía llegar al Senado y podría tener que volver al Congreso.
Se han presentado 607 enmiendas, de las que 15 son del Grupo Socialista, éstas, todas correcciones técnicas, lo que da cuenta de la complejidad de la reforma. Entre los frentes abiertos, destaca el del crédito público, cuya afectación el Gobierno rechaza aumentar ante la negativa de Hacienda y la Seguridad Social a ofrecer una cancelación de deudas que ayude de forma eficaz a empresas y personas físicas, precisamente unos de los objetivos de la Directiva europea a la que se adapta la reforma.
ERC, JuntsxCat, PNV, PP y PdeCat han registrado enmiendas que piden quitar privilegios al crédito público, un asunto en el que no se descartan más adhesiones. El texto que aprobó el Consejo de Ministros introdujo in extremis una pequeña exoneración del crédito público, que se limita a 1.000 euros por deudas a la Seguridad Social y otros 1.000 euros por deudas de Hacienda, que sólo operará en la primera exoneración del pasivo insatisfecho, no en las sucesivas del mismo deudor. Esta limitada cancelación es considerada como inútil por insuficiente por los expertos, que han alertado además de que lastrará el mecanismo de segunda oportunidad.
ERC, Junts, PNV, PP y Cs incluyen al crédito público como exonerable en la Exoneración de Pasivo Insatisfecho (EPI). También Podemos, con límite de 15.000 euros, y Pdecat, salvo los créditos contra la masa. PNV, PP, Junts. ERC plantean quitar la exclusión de los créditos públicos.
Se propone la supresión del artículo 605 porque supone que los acreedores públicos van a poder proseguir con sus ejecuciones en régimen de monopolio cuando al resto de acreedores se les impone la suspensión o prohibición de instar ejecuciones.
Otro de los asuntos en liza es el de las competencias, requisitos y retribuciones del administrador concursal y del experto e intentar que no se reduzca el alcance de la segunda oportunidad y del procedimiento especial para pymes.
La reforma contiene otros apartados polémicos, como la supresión de la figura del administrador concursal en las micropymes, lo que ha levantado en pie de guerra al sector, que alerta de que la presencia del administrador concursal quedará a expensas de que lo solicite una cierta cantidad de acreedores, y en muchos casos el procedimiento quedará en manos de un empresario que no tiene experiencia para gestionarlo.
Este procedimiento especial para las micropymes, con una simplificación máxima, ha planteado dudas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha alertado que no lo exige la Directiva y que cree que no tiene suficientes concreciones técnicas de cómo se va a articular para que realmente ayude a pymes y autónomos.
Otras enmiendas tratan de poner coto a la excesiva simplificación de los procesos en aras de la agilidad. Consideran que la consecución de dicho objetivo no debe contraponerse a los otros principios que rigen el procedimiento concursal en nuestro ordenamiento jurídico tales como el principio del favor convenio y, en determinadas ocasiones, excepcionales y con justa causa, esa rigidez de plazos debe ser necesariamente flexibilizada si con tal actuación judicial se va a permitir la aprobación de un convenio de acreedores, plantean. ERC, Junts, Podemos, PP y PdCat pretenden facultar a la Administración Concursal a que formule reglas. Podemos plantea que sea la administración concursal y los trabajadores.
Negociaciones bilaterales
En las reglas especiales de liquidación, en beneficio de la eficiencia de la liquidación, y para compensar la pérdida de información que supone la eliminación del plan de liquidación en el procedimiento ordinario, ERC, Junts, PNV y PP proponen que la Administración Concursal pueda sugerir a priori reglas especiales porque tiene un conocimiento más directo y profundo de la empresa y de la masa activa, que le permite diseñar con más precisión que el juez, sin perjuicio de su decisión final.
Las dificultades a las que se enfrenta la reforma concursal se acaban de vivir con los planes de empleo, que el Congreso aprobó el jueves con el voto en contra de ERC y BNG y la abstención de Bildu junto con Vox. El apoyo de Podemos se dio in extremis y con condiciones. Todo ello, a pesar de que el propio Escrivá se puso a negociar con los grupos. El antecedente de la votación de infarto de la reforma laboral parece cada menos excepcional.
