El mismo Sánchez, azote de los 'poderes ocultos' que manejan a la derecha y no reparten beneficios entre los empleados, abre las puertas de la Moncloa a oligarcas de la economía mundial, ya sean fondos de inversión, gigantes tecnológicos o multinacionales químicas. Sus admoniciones contra el enriquecimiento excesivo de la banca, las energéticas y las cadenas de alimentación españolas coinciden con una intensa agenda de encuentros con grandes empresarios y especuladores financieros de más allá de nuestras fronteras.

Desde que el pasado junio iniciara sus denuncias sobre los poderes oscuros u ocultos, el presidente del Gobierno se ha visto con 38 responsables de grandes corporaciones, ninguno español, salvo cinco en un numeroso grupo de industriales farmacéuticos. El acoso, verbal primero y fiscal a continuación, del Jefe del Ejecutivo sobre lo que sería una plutocracia española, una derecha económica que junto a la política y mediática pretenden torcer el brazo del "Gobierno de coalición progresista", comenzó el 29 de junio. Decayó algo a partir de noviembre y se ha vuelto a manifestar vigorosamente a final de enero.

En la sesión del Senado del 31 del mes pasado, en una referencia calculada y leída, como muestra el vídeo, aludió enfáticamente a "algunas grandes empresas, que aumentan sus beneficios año tras año, y que pagan bonus millonarios a sus ejecutivos, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados (…) Si una empresa gana 600 millones de euros al año más que el año anterior (…) ¿por qué esa ganancia va a parar sólo a manos de unos pocos?, ¿por qué se recompensa al consejero delegado?, ¿al consejo de administración?, ¿al director financiero? Pero no se recompensa a los dependientes o dependientas, a los transportistas, a los administrativos o a los reponedores".

Sin citar nombres propios ni marcas, el hilo de ese discurso conduce a la popular cadena Mercadona, ya que la única gran empresa nacional que ha arrojado beneficios parecidos a 600 millones (exactamente, 680 en el año 2021) y con reponedores en su plantilla es esa compañía valenciana. La misma sobre cuyo propietario vierten duros improperios las ministras Belarra e I. Montero. Tras una alusión tan directa sobre las retribuciones en el sector privado, el Presidente lanzó en sede parlamentaria la acusación genérica de que "existe un plan diseñado por ciertas élites económicas para debilitar el estado del bienestar y convertir derechos en mercancías".

Un par de semanas antes de esa imputación a empresarios y élites económicas, Pedro Sánchez regalaba los oídos a la crème del capitalismo mundial reunida en Davos, instándoles a "redoblar el compromiso con los valores liberales y democráticos y elaborar nuevos liderazgos". Y con una referencia positiva a las cadenas alimentarias: "España es uno de los mayores países productores de alimentos del mundo, y se ha comprometido a continuar apoyando las cadenas de suministro de alimentos".

La discordancia entre las posiciones mantenidas el 17 de enero en el World Economic Forum en Davos (Suiza) y el 31 del mismo mes en la madrileña Plaza de la Marina Española (Senado), no se limita a los discursos. Durante su estancia en Davos, el jefe del Gobierno se reunió con quienes manejan hilos de la economía global, la élite de los poderes, si no ocultos, tan discretos como para que no existan imágenes ni reseñas oficiales sobre lo tratado por Sánchez con el CEO de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo cuyos activos se cuentan por billones de dólares y con participaciones en firmas españolas del Ibex 35 señaladas como 'poderes ocultos'. Y también con el CEO del segundo holding inversor más fuerte, Mubadala Investment Company, fondo soberano del Emirato de Abu Dabi, presente en el sector energético español.

Desde la tribuna del Senado y buscando el cuerpo a cuerpo con Núñez Feijóo, insistía el jefe del Ejecutivo en la denuncia sobre el complot contra el bienestar de las clases medias y trabajadoras: "(…) lo que sí existe, señorías, y de lo que no hablan, es de un plan para debilitar, cuando no socavar, el Estado del bienestar (…) Un plan, señorías, diseñado por ciertas élites económicas con el propósito de maximizar sus beneficios, que es legítimo, pero que está ejecutado por una derecha política que (…) en los territorios de las comunidades autónomas donde gobiernan, lo que hace con empeño y con esmero es debilitar el Estado del Bienestar". 

Dicho mensaje ha llegado a los directivos en España de las multinacionales Cisco, Qualcomm, Dow Chemical, Air Liquide y AncelorMitall, todas ellas con intereses en nuestro país y deseosas de maximizar beneficios, que habrán contrastado esas palabras de Pedro Sánchez el 31 de enero en Madrid con lo que expresara catorce días antes en Davos, durante los encuentros que mantuvo con los CEO mundiales de esas cinco compañías. 

Fue a comienzos del verano pasado cuando el presidente del Gobierno colocó a los 'poderes ocultos' en el punto de mira. En declaraciones a la SER el 29 de junio definió como "derecha económica, política y mediática" las fuerzas ocultas enemigas del progresismo que se sienten incómodas con su Gobierno. Y veinticuatro horas después, en La Sexta, hablaba de “una minoría de privilegiados que no han hecho otra cosa que poner palos en la rueda”. Unos días más tarde, tras las primeras reacciones a los anunciados impuestos a la banca y las energéticas, soltó nombres propios: "He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, en fin, creo que si protestan es que vamos en la buena dirección”.

En parecidos términos se expresó durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso el 14 de septiembre - "(…) el programa electoral del Partido Popular es el programa de las grandes energéticas de este país (…) El dinero tiene mucho poder, pero el poder en una democracia es el de la mayoría social"- y en su debate en la Cámara Alta con el líder de la oposición, ya entrado el otoño: “Usted no olvida, le dijo a Núñez Feijóo, quién le puso ahí, las grandes empresas energéticas”.

Con ocasión de su viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de septiembre presidió en el Instituto Cervantes de Nueva York un homenaje a Salvador Allende, bestia negra de las grandes corporaciones USA que alentaron su derrocamiento y la llegada de Pinochet, haciendo suyas unas palabras del fallecido presidente chileno ante Naciones Unidas en 1972: “El nuestro es un combate permanente por la instauración de las libertades sociales, de la democracia económica”.

Al día siguiente de identificarse con el combate de Allende por las “libertades sociales y la democracia económica” y habiendo pasado una semana desde su hostigamiento en el Congreso a la banca y las energéticas, el presidente español mantuvo una reunión de trabajo en Nueva York con directivos de fondos de inversión estadounidenses, poco entusiastas de la democracia económica o de los impuestos especiales a los beneficios. En el encuentro se habló de “las perspectivas macroeconómicas de España en el contexto geopolítico actual y las oportunidades de inversión en nuestro país” y se sentaron con el jefe del Gobierno responsables de firmas destacadas del capitalismo financiero como Carlyle Group, JP Morgan, L-Catterton, Providence Equity y Cámara de Comercio de EE.UU. en España, la mayoría con participaciones en compañías españolas colocadas en la diana por Sánchez.

Tras un mes de octubre dedicado a citas internacionales y a los PGE, en los dos últimos meses de 2022 la agenda del inquilino de la Moncloa experimentó un súbito incremento de reuniones con altos directivos de grandes corporaciones globales, a las que España llama la atención como segundo país receptor de fondos de recuperación europeos y encargado de la presidencia de la UE en el segundo semestre de 2023.

Los contactos formales y públicos de Pedro Sánchez con la élite del empresariado global desde noviembre han sido: 

- 3 de noviembre, con el CEO y otros directivos de Maersk, la mayor naviera del mundo, para tratar sobre la producción en España de combustibles verdes para los barcos de esa firma.

- 10 noviembre, con el presidente global de Cisco Systems, Chuck Robbins, que tiene prevista una inversión para un centro de microchips en BCN.

- 17 noviembre, con altos directivos de Samsung Electronics en Pyeongtaek (Corea del Sur).

- 22 de noviembre, con el presidente de Ericsson, Börje Ekholm, manifestándole el compromiso con la digitalización y medidas de apoyo a los operadores de telecomunicaciones.

- 21 de diciembre, con altos ejecutivos de veintitrés multinacionales farmacéuticas que prevén invertir 8.000 millones: Amgen, Astellas Pharma, Boehringer Ingelheim, Chiesi Farmaceutici,  GSK, Ipsen, Johnson & Johnson, Leo Pharma, Menarini, Merck, MSD, Novartis Pharmaceuticals, Sanofi, UCB, Almirall, Laboratorios ERN, Esteve, Faes Farma, Ferrer, Reig Jofre, Rovi, Efpia, Ifpma y el presidente de Farmaindustria.

-16 enero, con el consejero delegado de GlobalLogic, Nitesh Banga, que proyecta invertir 3.000 millones en España.

-17 de enero, en Davos, con los máximos responsables de las siete corporaciones y fondos de inversión recogidos al comienzo de estas líneas, más un encuentro con una reducida representación del Ibex. 

La intervención del presidente Sánchez en el foro de Davos mostró la parte más vistosa y atrevida de su discurso social, aludiendo a que el número de multimillonarios “sigue creciendo” y las grandes multinacionales “siguen aumentando sus beneficios, incluso a costa de los demás”, sin hacer referencia a los “beneficios caídos del cielo”, a los impuestos especiales aplicados por su gobierno a los sectores bancario y energético ni a los poderes ocultos u oscuros que amenazan al Estado del bienestar.

Con mensajes tan dispares y con tanta aproximación a la oligarquía financiera y empresarial,  llegó Sánchez al cara a cara con Núñez Feijóo del 31 de enero abundando en sus denuncias sobre los poderes ocultos, ahora identificados como élites económicas  cuyo objetivo, a decir de la interpretación oficial de las palabras presidenciales, es que los servicios públicos se deterioren y que las clases medias dediquen una proporción de sus ingresos a costearse por lo privado unos servicios que antes tenían en lo público: “Hay cosas que no pueden estar exclusivamente en manos de lo privado porque es imposible ponerles precio”.

En la doble vía de política económica por la que circula Pedro Sánchez, la de las admoniciones a quienes acumulan excesivos beneficios y socavan su gobierno de progreso, conduce a los financieros y empresarios españoles. La vía del compromiso con los valores liberales y la inversión innovadora desemboca en los fondos y holding extranjeros. Su agenda oficial no recoge ninguna reunión formal con empresarios españoles en los últimos ocho meses, salvo una fugaz en Davos a la que Moncloa no ha otorgado relevancia.

Tras la intervención del presidente en el Senado, entrando en detalle sobre retribuciones y propiedad, se han sucedido descalificaciones del mundo empresarial y financiero por miembros del Gobierno, aparte de las ministras Belarra e Irene Montero. Conforme los bancos han anunciado sus resultados de 2022, dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, más la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, se han manifestado contra lo que estiman injusto reparto de beneficios en bonus y dividendos mientras suben los intereses hipotecarios u otros servicios bancarios. 

El discurso alternativo de Sánchez (y sus ministras) al de las críticas de las élites económicas se sintetiza en sus palabras a los reunidos en el foro Spain Investors Day el 12 de enero: “España es un país con bases robustas (…) Uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios y por lo tanto para invertir (…) Sigan apostando por España, porque España estará a la altura”. Un mensaje muy distinto al que lanza para consumo doméstico y que recuerda lo que dijo el entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, en 1988, para escándalo de las filas socialistas: "España es el país del mundo donde más rápido puede uno hacerse rico". 

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