Las compañías afectadas por el recorte a las retribuciones de las redes eléctricas y gasistas propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se han movilizado para solicitar al regulador que prolongue el plazo para presentar alegaciones a las circulares que recogen las actualizaciones para los próximos periodos regulatorios y que, en principio, finaliza el próximo 9 de agosto.
Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes del sector, en los últimos días se han intensificado los contactos entre las empresas y el regulador, en los que las primeras han trasladado al organismo que preside José María Marín Quemada de contar con más tiempo para preparar las alegaciones dado el notable impacto que tendrá en sus respectivos negocios, especialmente en el gasista, las nuevas retribuciones propuestas, que suponen un recorte que va del 7% al 21% para los periodos 2020-2025 (en el caso de las eléctricas) y 2021-2026 (para las gasistas).
El sector energético también ha mantenido contactos en estas fechas con el Ministerio de Transición Ecológica, al que solicitado que contribuyera a hacer entrar en razón al regulador sobre la necesidad de contar con más tiempo para la elaboración de las alegaciones.
Las conversaciones telefónicas que se han sucedido en las últimas horas comienzan a reflejarse en hechos. En la tarde de este martes está prevista una reunión entre Sedigás, la patronal gasista, y la CNMC en la que, entre otras cuestiones, se pondrá sobre la mesa explorar las posibilidad de prolongar los plazos.
Tiempo para rearmarse
Tanto las compañías como los lobbies mantuvieron contactos prácticamente continuos tanto con el regulador como con el Gobierno en los meses previos a la publicación de las circulares. Fuentes de la industria aseguraron que en ningún momento tuvieron la sensación de que los recortes propuestos por la CNMC fueran a ser tan agresivos, por lo que se han visto notablemente sorprendidos.
La intención de las empresas es disponer de más tiempo para terminar de armar su estrategia de defensa y también dejar un mayor margen para la reacción de los inversores, en su mayoría grandes fondos internacionales, que ven cómo la rentabilidad de la voluminosa apuesta que han llevado a cabo en los últimos años se podría esfumar como consecuencia de una modificación regulatoria de gran calado.
Solo en el sector de la distribución de gas, las cerca de veinte entidades internacionales que han apostado por esta industria en España han ejecutado inversiones en los últimos años por valor de unos 75.000 millones de euros. Entre ellos figuran un buen número de grandes fondos de pensiones, que tendrán que replantear su estrategia si finalmente se confirman los recortes retributivos.
