La mudanza a Países Bajos de una gigante como Ferrovial divide aguas en el mundo político e incluso en el constructor. Fuentes del sector dan cuenta de posiciones encontradas, si bien resalta el hecho de que, al menos desde compañías nacionales de tamaño intermedio, sí que se ha reclamado una respuesta concreta del Gobierno. Y ella, en los futuros concursos de obra pública a la vista de los demorados pero ingentes fondos europeos que se deberán licitar en los próximos meses.

"El hecho de que la matriz de una compañía no tribute en España se debería tener en cuenta", transmiten a este medio desde uno de los diez mayores grupos exclusivamente nacionales. "A Ferrovial o sus filiales debería costarle puntos en la ponderación para nuevos proyectos", afean desde una compañía con 300 millones de facturación en nuestro país.

Las reacciones desde las pymes nacionales a la decisión de los Del Pino han sido recogidas por representantes de partidos políticos como Unidas Podemos. "Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no? El dinero público español, mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí", ha llegado a reivindicar el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no? El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí.

— Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 1, 2023

"Espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca, creo que esto no es ser españoles", ha afirmado la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, una de las voces más críticas en el Gobierno, aunque no la única.

Desde el ramo que dirige Nadia Calviño han asegurado estar a la espera de conocer los detalles "para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión" que ha tomado la compañía fundada en Madrid por la familia Del Pino hace 71 años. En la misma línea, Economía ha subrayado que "se trata de una empresa que debe todo a España. No resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país".

La UE impide represalias en la obra pública

Pese a todas estas posiciones, públicas y privadas, lo cierto es que la actual legislación europea impide cualquier represalia en materia de contratación contra Ferrovial, según precisan a Vozpópuli fuentes gubernamentales.

"Tal planteamiento no tendría validez pues el derecho comunitario y la Ley de Contratos del Sector Público prohíben expresamente la introducción de criterios de valoración de arraigo territorial", añaden otras fuentes consultadas por este diario, incidiendo en que ven "inviable" que el Ejecutivo actúe en una dirección contraria al derecho europeo. Es la posición que se traslada también desde algunas de las grandes constructoras del país.

En materia de contratación en España, es el ministerio de Hacienda el que tiene potestad a la hora de fijar los criterios de la Administración Pública. Sin ir más lejos, será la Junta Consultiva de Contratación Pública que depende de Hacienda la que deberá deliberar sobre la capacidad de Ferrovial y las demás integrantes del G6 de las principales constructoras para seguir contratando con la Administración Pública tras haber sido sancionadas en 2022 por Competencia por prácticas anticompetitivas entre 1992 y 2017.

Sobre este asunto, desde el ministerio de María Jesús Montero se han remitido a la falta de una sentencia firme al hilo de los recursos de impugnación que han interpuesto las distintas constructoras afectadas. Otras fuentes gubernamentales, no obstante, añaden la necesidad que tiene el Gobierno de llevar a término con diligencia los fondos europeos, y la falta de empresas con capacidad de hacerlo al margen de las sancionadas, como la propia Ferrovial.

Ferrovial ve un riesgo en la creciente "presión fiscal"

En su flamante informe de gobierno corporativo dirigido a los mercados, Ferrovial reconoce el incremento de la "presión fiscal" como factor de riesgo en materia política. A diferencia del pasado año, la compañía hace explícita en el documento su preocupación por las mayores cargas que tiene que soportar "en un contexto de crisis geoeconómica".

En los años 2020 y 2021, Ferrovial pagó 749 y 767 millones respectivamente en impuestos en España, el país donde más tributa con un 42% del total, seguido por el Reino Unido con 495 y 644 millones. En cuanto a los impuestos sobre los beneficios, el grupo sufragó 44 millones en nuestro país en 2021, por los 158 millones en total.

Sobre el traslado de su sede social a Países Bajos, la dirección de Ferrovial ha esgrimido su "internacionalización creciente". Actualmente, "el 82% de los ingresos y cerca del 96% del valor del grupo proceden de su negocio internacional, al tiempo que más del 90% de los inversores institucionales son entidades internacionales".

"Marco jurídico estable" en Países Bajos

La compañía que controla la familia fundadora en un 33% promete que la maniobra se ejecutará de tal modo que el empleo, la actividad y las inversiones "se mantengan intactos en España" y "sin impacto fiscal relevante", si bien el cambio implica que los accionistas ya no lo serán de una empresa española y dejarán de pagar IRPF e Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) en España.

Sobre Holanda, desde la cotizada con unos 19.000 millones de valor han destacado su "calificación crediticia AAA" y un "marco jurídico estable", además de ser "el país elegido por las compañías con gran presencia en Europa y EEUU" y el que facilitaría "la futura solicitud de cotización en Estados Unidos", donde Ferrovial ve ahora las oportunidades de crecimiento, en especial, en materia de carreteras y autopistas.

Fuentes de Ferrovial han añadido que el objetivo del Consejo -salvo oposición de más del 2,6% del capital- es empezar a cotizar en algún mercado de Estados Unidos -todavía por definir- en "meses", esto es, este mismo 2023, sin dejar de hacerlo en España y Holanda.

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