En los dos artículos anteriores hemos examinado la evolución y la situación actual de la deuda pública, con atención especial a Cataluña, al conjunto de España y a los países europeos de nuestro entorno. Toca ahora terminar este examen con algunas observaciones de fondo.
Está muy claro que, en las últimas décadas, España y los países europeos comparables han pagado buena parte de sus prestaciones sociales recurriendo a préstamos. Está muy claro que en todos esos países el sistema fiscal (recaudación de impuestos + cotizaciones a la Seguridad Social) es incapaz de hacer frente a los gastos sociales comprometidos. Sólo existe esa capacidad cuando la economía va extraordinariamente bien (cosa poco frecuente), o en países modélicos como Alemania. Esta es una verdad aplicable no sólo a España sino también a Francia, Italia y Reino Unido: todos han prometido más de lo que pueden pagar. Aunque suene vulgar, eso significa que todos han vivido por encima de sus posibilidades. Los políticos no le han dicho la verdad a la gente; muy probablemente no ganarían las elecciones si dijeran la verdad. Por eso, muchas personas están convencidas de que las prestaciones de pensiones, paro, sanidad y educación son conquistas sociales intocables, que sólo falta blindarlas en la Constitución, y que si eso no se hace es por la mala voluntad política de los poderosos de siempre. Como si eso fuese una cuestión de voluntad. En mi opinión, asegurar que se van a seguir pagando indefinidamente las pensiones actuales, se incrementen o no con el IPC, es como asegurar que el PIB va a crecer a una media del 3-4% anual en los 30 años siguientes. ¿Quién puede asegurar eso? Es un brindis al sol.
Como consecuencia de esas políticas de exceso de gasto se ha generado una deuda pública mundial cuyo volumen actual es acongojante. Y sigue creciendo. Que los 5 países europeos examinados deban 9,3 billones de euros es una barbaridad. Que, junto con Estados Unidos, debamos 27 billones roza la ciencia-ficción. Debemos advertir que esa deuda se está re-financiando constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo: la deuda está materializada en cientos de emisiones de títulos (letras, bonos y obligaciones) a distintos plazos y tipos de interés. En subastas semanales, el Tesoro ofrece estos títulos a los prestamistas, quienes los compran confiados en la promesa del pago de los intereses y la devolución del principal a vencimiento. Como era de esperar, al vencimiento de una emisión, ningún país cuenta con el dinero preciso para pagar y lo que hace es re-financiar, es decir, lanzar una nueva emisión para pagar la que vence. En España, cada miércoles de cada semana de cada mes (no hay vacaciones en agosto) el Tesoro re-financia así 4.000 millones de euros. Es para echarse a temblar.
Vamos a calificar esta situación
A) La deuda pública, en sus cifras absolutas actuales, es un peligro pues demanda de los mercados una cantidad tan inconmensurable de dinero que su re-financiación a largo plazo es una incertidumbre. Si un país debe mucho más de lo razonable, existe el riesgo de que no le presten más o de que no le presten todo lo que necesita. Este riesgo estuvo cerca de materializarse para España en los peores años de la crisis y eso hubiera provocado la intervención de la UE (como ocurrió en Grecia). En todo caso, si entramos en situación crítica, la re-financiación, de hacerse, se haría a unos tipos de interés insoportables, que machacarían mortalmente las cuentas públicas. Habría menos dinero para otras cosas.
B) La deuda pública, en sus cifras absolutas, es irracional porque desborda la capacidad de los países para amortizarla, sobre todo de los menos ricos. La deuda de España, Italia, Francia, Reino Unido... sólo podría pagarse por completo con crecimientos del PIB del 3-4% y generando superávits del 2%, constantemente durante 30 años. Es un escenario absolutamente irreal.
C) En fin, el peligro de la situación actual está también en que hemos llegado a unos niveles de endeudamiento tan elevados que carecemos de margen de maniobra para afrontar cualquier nueva crisis. Esto afecta también a los países menos ricos. Si se cumplen los pronósticos pesimistas sobre la evolución de la economía mundial (y ojalá no se cumplan), disminuirán los ingresos públicos y habrá más paro, mientras que se mantendrán o crecerán los gastos por pensiones, paro, sanidad y educación. En esas condiciones será imposible endeudarse más. Y habrá menos dinero para otras cosas.
Automatizar la deuda pública
Así pues, el objetivo no puede ser amortizar la deuda pública. El objetivo tiene que ser sostenerla. Al menos, mientras el PIB muestre un débil crecimiento, como ocurre ahora. Y, como la deuda está constantemente refinanciándose, de modo que cuando una emisión vence, unos acreedores nuevos sustituyen a los antiguos, sostener la deuda implica mantener la confianza de los acreedores en general para que nos sigan prestando. Y para que no suban los intereses.
¿Qué debe hacer un deudor que necesita que sus acreedores le sigan prestando y que no le? suban los intereses? Obviamente, tiene que manifestar un comportamiento de absoluta seriedad en el manejo de sus cuentas. Lo mejor es que su economía crezca con fuerza, que genere ingresos suficientes para cubrir sus gastos, que no se endeude más y que, a ser posible, genere superávit para reducir en lo que se pueda la cifra absoluta de deuda. Esto es lo ideal. Pero, en cualquier caso, aunque el crecimiento del PIB sea débil, es ineludible ir reduciendo el nivel de déficit (el de España en 2018 fue del 2,5% del PIB) hasta dejarlo reducido a cero en el plazo más breve posible. Esto significa que el nivel absoluto de deuda (1,21 billones de euros a 30 de septiembre de 2019) no debe subir prácticamente nada.
Lo del déficit y la deuda es una situación parecida al que se ha dejado un grifo abierto y ha provocado una inundación catastrófica en su piso y en el de su vecino. Lo primero que deberá hacerse es cerrar el grifo. Luego ya se irá achicando el agua. El Gobierno ha prometido a Bruselas el déficit cero en 2022. Las promesas son fáciles de hacer pues el papel lo aguanta todo. Lo que hace falta es demostrar con los hechos que ese objetivo se está cumpliendo. Un comportamiento poco serio pondría en riesgo la sostenibilidad de la deuda. Está por ver qué hace el Gobierno que surja de las elecciones del 10N.
Mantener tenazmente esta política a lo largo del tiempo produce el benéfico efecto de que disminuye poco a poco el porcentaje deuda pública respecto al PIB, que es en lo que más se fijan los expertos. Ahora nuestro porcentaje es el 99%. Si la deuda se mantiene y el PIB crece a un 2% anual (ojalá), en 10 años ese porcentaje será el 82%. Queda mucho más presentable. (De todos modos, el nivel recomendado por la UE es el 60%).
En este asunto de la sostenibilidad de la deuda, España debe ir de la mano con Francia, Italia y otros países pequeños con dificultades parecidas. Ninguno de estos países puede aspirar a otra cosa más que a sostener la deuda. Nosotros tenemos que ir dentro de ese club de deudores, que tienen mucha deuda pero que son muy serios. Es un problema común: todos necesitamos que nos sigan prestando y a tipos bajos, y todos seguiremos políticas parecidas para que eso sea así. Que los acreedores nos vean dentro de ese club.
Sostener la deuda significa no sólo que nos sigan prestando sino que lo sigan haciendo a tipos de interés bajos. En un escenario como el actual, con tipos bajísimos (el bono español a 10 años paga un interés irrisorio, de un 0,26% anual), el gasto por intereses de la deuda española es de 29.000 millones de euros al año. Es una cifra más que respetable. Debería tender a la baja, a medida que vayan venciendo emisiones antiguas que salieron a tipos altos y se mantenga este escenario de tipos bajos (ojalá). Hay que advertir que un cambio de tendencia y una subida de tipos sería catastrófica para nosotros: cada punto de subida del tipo medio supone un aumento del gasto por intereses de 12.000 millones de euros al año. Insoportable. Habría menos dinero para pagar otras cosas.
¿Y qué hay que hacer para reducir el déficit? No hay otra receta que aumentar ingresos y reducir gastos. Los ingresos aumentan subiendo la presión fiscal o por el crecimiento de la economía. A mi juicio, en España es ilusorio pensar que un aumento de la presión fiscal (o la lucha contra el fraude o la economía sumergida) sea la solución para dejar el déficit a cero. Es cierto que existe algo de margen para aumentar esa presión, aunque hay que vigilar con cuidado los efectos contraproducentes. Tampoco creo que exista margen significativo para reducir gastos, aunque siempre puede hacerse algo y desde luego debe mirarse con lupa cualquier aumento de los gastos. La esperanza principal debe ponerse en el crecimiento de la economía y el aumento del empleo: en España se necesitan al menos tres millones de empleos más y a su creación deberían dedicar los políticos todo su esfuerzo. Es preciso recaudar un mínimo de 25.000 millones de euros más al año. Y el trabajo de los políticos no consiste en huir hacia adelante, creando empleos públicos y gastando lo que no tenemos para tener contentos a los votantes, sino en generar el clima de estabilidad, confianza y seguridad a largo plazo para que los emprendedores españoles y extranjeros creen empleos de verdad. Y hay que decirle la verdad a la gente. ¿Entenderá esto el Gobierno que viene?
