El departamento de Asuntos Religiosos de la Generalitat, dependiente de la Consejería de Justicia, ha admitido que impone el uso del catalán en los convenios que firma con entidades de este sector, tal y como avanzó El Liberal el pasado fin de semana. Lo hace, han explicado fuentes del departamento, porque el catalán es "un factor de arraigo a la comunidad".
Este diario pudo comprobar que en los convenios firmados entre Asuntos Religiosos, dependiente de la consejera republicana Ester Capella, y las entidades se encuentra la cláusula de que estas tendrán que fomentar el uso del catalán en su día a día. Es el caso, por ejemplo, del convenio firmado con la Unión de Comunidades Islámicas. El acuerdo tiene como finalidad "fomentar la coordinación de las comunidades islámicas de Cataluña y garantizar el ejercicio de los derechos de libertad religiosa".
Pero el convenio contiene dos puntos relativos al uso del catalán. En el primero, se explica que tanto la Generalitat como la Unión de Comunidades Islámicas consideran que "es importante trabajar conjuntamente" con el objetivo de "fomentar el conocimiento y el uso de la lengua catalana por parte de las comunidades islámicas". En el segundo punto, y ya en forma de "compromiso", la Unión de Comunidades Islámicas tendrá que "fomentar el conocimiento y el uso de la lengua catalana por parte de los responsables de las comunidades federadas". Además, tendrá que "difundir la información de la federación, también en catalán, a través de la web y de los otros canales habituales".
Prisiones y hospitales
El departamento de Asuntos Religiosos, por otro lado, ha explicado que, a lo largo del pasado año, suscribió acuerdos de colaboración con las entidades del sector en Cataluña por valor de 190.000 euros. Estos convenios tienen como objetivo "fomentar la cultura religiosa en la sociedad catalana". Además, persiguen "promover el diálogo interreligioso" y "difundir la realidad y la actualidad" de estas comunidades.
A lo largo del mismo ejercicio, además, Asuntos Religiosos ha destinado 30.000 a la firma de convenios de apoyo a entidades religiosas; 42.000 euros a la asistencia en prisiones y 24.000 al apoyo religioso en hospitales de la comunidad autónoma.
