La decisión del rey emérito Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España se produce una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidiera reabrir su investigación sobre Corinna Larsen, examiga del monarca, quien fue citada como imputada el 8 de septiembre por sus vínculos con el excomisario José Manuel Villarejo.
La Audiencia Nacional no puede investigar de forma directa a Juan Carlos I, quien está aforado ante el Tribunal Supremo en virtud de una modificación legal aprobada en el Congreso de los Diputados en julio de 2014, poco después de su abdicación en favor de su hijo Felipe VI. Además, el artículo 56.3 de la Constitución España impide que el Emérito sea investigado por cualquier hecho acontecido durante su reinado, ya que considera que el Jefe del Estado es inviolable.
No obstante, el magistrado García Castellón sí puede investigar al resto de personas vinculadas con las operaciones sospechosas de Juan Carlos I, como por ejemplo el cobro de una supuesta comisión de 100 millones de dólares por el AVE de Arabia Saudí.
Por eso el magistrado ya ha imputado a Corinna Larsen, quien en una grabación realizada por el excomisario Villarejo acusaba al Emérito de mantener su dinero oculto en Suiza. También podrían ser objeto de investigación los fiduciarios o presuntos testaferros del monarca, independientemente de que los hechos sean anteriores a 2014, el año de la abdicación.
Exposición razonada
Fuentes jurídicas explican a Vozpópuli que si el juez detecta en la investigación que ha reabierto sobre Corinna Larsen indicios de que Juan Carlos I ha podido cometer cualquier delito, este debería investigarlos, para después enviar una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la única competente para investigar al Emérito.
Este fue el caso, por ejemplo, del propio líder del PP, Pablo Casado, cuya actividad fue investigada por la juez Carmen Rodríguez-Medel, pese a que ella no era la competente. Sin embargo, esta magistrada abrió unas pesquisas sobre la actuación de Casado en relación con su máster de la Universidad Rey Juan Carlos, y tras recopilar todos los hechos remitió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que acabó archivando la causa.
En este sentido, en el mismo auto de 27 de julio el instructor ya adelantaba su opinión de que la investigación que en estos momentos lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo no solo está conectada con la pieza separada que ha decidido reabrir en la Audiencia Nacional, sino que también lo estaría con las pesquisas que desarrolla desde 2018 el fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa.
El abogado Javier Sánchez-Junco ha asegurado que Juan Carlos I "permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna"
Sin embargo, y a la espera de que la Fiscalía dé su opinión al juez García Castellón sobre las conexiones de las investigaciones que llevan a cabo el fiscal encargado del caso Juan Ignacio Campos y el ministerio público de Suiza, el representante legal de Juan Carlos I en España, el abogado Javier Sánchez-Junco, ha asegurado que su cliente "permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna".
Fuentes de la Fiscalía consultadas por Europa Press han explicado que el hecho de que Juan Carlos I haya decidido fijar su residencia fuera de España no tiene por qué perjudicar la investigación, que continúa centrada en el examen de la documentación suiza.
Se trata de una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a la Sala de lo Penal del Supremo. El fiscal encargado del caso no ha dado ningún paso concreto, por lo que Juan Carlos I no está investigado formalmente; ni en España ni en Suiza.
'Caso Urdangarin'
Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, sospecha que la decisión de Juan Carlos I de establecerse fuera de España puede tener como objetivo dificultar la investigación judicial en la que está inmerso y sugiere la posibilidad de que se le impida salir del país.
En 2013 la hija mayor de Juan Carlos I, Cristina de Borbón, ya trasladó su residencia a Suiza en plena investigación del caso Urdangarin. Desde entonces ha fijado su residencia en Ginebra, ciudad suiza en la que el fiscal Ives Bertossa investiga la fortuna oculta del ex jefe del Estado.
