El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido esta semana a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles contra la creación de la Comisión de valoración de la llamada 'Ley de abusos policiales'
Se trata del recurso presentado por la asociación de guardias civiles contra la resolución del 12 de junio de 2018, del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación por la que se hace pública la identidad de las personas que componen dicha comisión creada por la Ley 12/2016 de 28 de julio de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.
La admisión de este recurso supone un importante paso previo para la impugnación de esta Ley, informa la asociación mayoritaria de guardias civiles, por la que se pretende reconocer y reparar a víctimas de posibles vulneraciones de derechos humanos durante los peores años del terrorismo etarra . "A esta ley se la conoce como de víctimas de abusos policiales cuando en realidad -denuncia la AUGC- es un instrumento sin garantías jurídicas".
La asociación se ha empleado a fondo, junto a otros colectivos policiales, en recurrir esta norma ya que, en su opinión, "se pretende decidir mediante una ley, y no a través de los órganos jurídicos, para dar cobertura a una supuesta 'teoría del conflicto', planteando así un escenario tanto de víctimas del Estado como de ETA"aseguran.
En conversación con Vozpópuli, el portavoz de la AUGC, Juan Fernández, se ha felicitado por la decisión del TSJ y advierten de que no van a parar de recurrir hasta conseguir paralizar "una ley injusta". "Si es necesario llegaremos hasta Europa", anuncia Fernández, que recuerda que continúan pendientes de la deliberación del Defensor del Pueblo sobre una posible personación contra esta normativa.
"Reescribir el pasado"
Por eso, según anuncia la Asociación, con el fin de frenar este intento de reescribir el relato sobre las víctimas del terrorismo en el País Vasco, así como reivindicar la memoria y dignidad de éstas, asociaciones de guardias civiles, sindicatos de policías nacionales, entre ellos el SUP, y asociaciones de víctimas del terrorismo, como la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (ACFSE) vienen trabajando juntas desde el pasado verano.
La Ley fue aprobada por el Parlamento Vasco en 2015 y la Abogacía del Estado interpuso un recurso de inconstitucionalidad en fecha 10 de mayo de 2017. Sin embargo, el pasado mes de julio, el Delegado de Gobierno en el País Vasco hizo público tras reunirse con el Lehendakari la predisposición del Ejecutivo central a que se retirase el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra esa Ley vasca.
Tras conocer esta información, prosigue AUGC, y "alarmados por la arbitrariedad de la Comisión con la que el Gobierno vasco pretender acreditar vulneraciones de derechos humanos mediante procedimientos deficientes y subjetivos", las asociaciones de guardias civiles, junto con los sindicatos policiales y el Colectivo de Víctimas de Terrorismo (COVITE) anunciaron medidas encaminadas "a defender la dignidad de quienes padecieron durante décadas la violencia de ETA, así como a evitar una narrativa de la actividad terrorista intoxicada y parcial".
La admisión a trámite del recurso de AUGC, anuncia la Asociación, "supone la materialización de estas medidas en los tribunales". Consideran que se trata de "reparar un intento de menoscabo, en este caso moral, de los guardias civiles y sus familias, además del resto de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las víctimas del terrorismo etarra en Euskadi y el resto de España".
