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Las televisiones autonómicas se han convertido en un quebradero de cabeza para no pocos gobiernos regionales, que tienen que afrontar unos altos niveles de deuda de los entes autonómicos que lastran el conjunto de las cuentas públicas. Pero la comprometida privatización en casos como Telemadrid o Televisión de Castilla-La Mancha, deberá esperar a la modificación de la llamada Ley de Tercer Canal, de competencia estatal. Las comunidades gobernadas por el PP esperan que en un plazo de entre un año y quince meses, Mariano Rajoy tenga culminada dicha reforma en caso de ganar las elecciones del 20-N, según ha podido saber Vozpópuli.
La privatización pasaría por salvar contenidos de interés público para la región como determinados acontecimientos deportivos o culturales, de modo que tampoco se perdieran determinadas señas de identidad.
La situación de asfixia financiera de las Comunidades es tan extremo, que sus responsables esperan poder liberar recursos cuanto antes. Sólo hay cuatro autonomías sin televisión pública: La Rioja, Castilla y León, Cantabria y Navarra. El resto de los entes autonómicos acumulan casi 1.500 millones euros de deuda y cuestan en conjunto cerca de los 1.900, cuatrocientos millones más, de los recaudados, por ejemplo, con la congelación de las pensiones.
Además soportan unas plantillas extensísimas que en algunos casos duplican a las de las televisiones comerciales. A la cabeza, TV3, con 2.700 empleados; le siguen Canal 9 con 1.800 empleados, Canal Sur con 1.680 y Telemadrid con 1.100. UTECA calcula que suman entre todas unos 10.000 empleados frente a Telecinco o Antena3 con menos de mil trabajadores cada una, aunque tienen externalizados muchos servicios.
La mayor deuda corresponde a Canal 9 de Valencia, que acumula casi el 67 por ciento del total de los entes televisivos autonómicos. Más de 1.100 millones de euros lastran el presente y futuro de esta televisión. Le siguen Telemadrid con 250; TV3 con 45; IB3 con 21 y ETB con 16. Todo ello empeorado por la caída brutal de los ingresos por publicidad.
Comunidades como la balear, en manos del PP, o la asturiana ya han tomado medidas drásticas respecto a algunos de sus entes públicos. El Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos congeló una trasferencia de 1,3 millones de euros a la autonómica, lo que la aboca a la desaparición. En baleares, el popular José Ramón Bauzá decidió echar el cierre a la radio y televisión de Mallorca, no así a IB3.
UTECA ha planteado recientemente la creación de un canal público de ámbito nacional en el que las televisiones autonómicas pudieran hacer desconexiones durante todo el día para aportar contenidos específicos de cada región. Actualmente la FORTA permite a las autonómicas compartir muchos de sus servicios e ir a los mercados de contenidos conjuntamente para abaratar costes.
