En el reciente historial parlamentario del nacionalismo hay ejemplos para todo. En unos casos, CiU votó a favor de la investidura de los sucesivos presidentes de gobierno, como hizo con Aznar en 2000 y, en otros, en contra. Una secuencia parecida encontramos en el PNV. En esta ocasión, el próximo 20 de diciembre ambos grupos se decantarán por la abstención cuando Mariano Rajoy se someta a su bautizo como jefe del Ejecutivo. Fuentes nacionalistas explican así el sentido de su voto: “No tenemos margen para un voto negativo porque el PP va a hacer un discurso de mano tendida ante una situación económica excepcional. Tampoco podemos votar a favor, porque nuestro electorado no entendería un cheque en blanco…”.
Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) y Josu Erkoreka (PNV) adelantarán esta posición a Mariano Rajoy la semana que viene durante un encuentro que mantendrán por separado con el líder del PP. Rajoy convocará también al resto de los portavoces parlamentarios para conocer sus planes en esta votación porque ya es consciente de que va a encontrarse con un Parlamento mucho más fragmentado que el de la novena legislatura.
Esta actitud receptiva de los grupos nacionalistas hacia el nuevo Gobierno, que será secundada también por Coalición Canaria, tendrá una primera consecuencia positiva para CiU y PNV en el reparto de los cargos de la Mesa y de las diferentes comisiones del Congreso y del Senado. Pero lo que más importa a los nacionalistas en el corto plazo es que el PP les de entrada en la media docena de organismos reguladores que el PSOE ha copado durante todos estos años, cuya reforma y cuya composición están sujetos a una mayoría parlamentaria de tres quintos.
Para alcanzar este listón se necesitan sumar 210 votos y el PP solo dispone en la Cámara Baja de 186. Si a ellos se suman los 16 de CiU, los 5 del PNV y los 5 del partido de Rosa Díez, a Rajoy no le hará falta para nada el concurso del PSOE ni tampoco del bloque de izquierdas que se refugia en el Grupo Mixto. Así se explica también la predisposición del PP a conceder a UPyD grupo parlamentario propio, a pesar de no haber obtenido el 5% de los votos preceptivos en todo el territorio nacional.
Los grupos nacionalistas tienen claro que el próximo Gobierno afrontará una reforma de la CNMV, de la CNE, de la CMT y de la CNC, pero en todo caso aspiran a tener su cuota en los organismos resultantes, así como en el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y en el ente público RTVE, donde también opera la mayoría de tres quintos para el nombramiento de sus miembros.
Tanto CiU como el PNV ya han mantenido contactos al más alto nivel con Mariano Rajoy para abrigar desde el primer momento las medidas económicas de choque que prepara su equipo de confianza. Pese a que el PP trabajará desde el primer momento con una cómoda mayoría absoluta, Rajoy va a priorizar el poder contar con la compañía de los grupos nacionalistas en las votaciones que empezarán a producirse en el Congreso a partir de enero, consciente de que el PSOE va a alinearse con el bloque de izquierdas que nutre el Grupo Mixto. Fuentes del PP acentúan, sobre todo, la importancia de poder contar con el respaldo parlamentario de los 16 diputados de CiU que su jefe de filas, Durán i Lleida, ha condicionado a la familiarización de Rajoy con el llamado pacto fiscal.
Para los curiosos, se llama pacto fiscal porque cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, comenzó a llamarlo “concierto económico” recibió la llamada del empresario José Manuel Lara advirtiéndole que si insistía en bautizar el invento como en el País Vasco, no podría contar con el respaldo de su grupo editorial. La llamada tuvo un efecto inmediato y CiU comenzó a hablar de “pacto fiscal”.
