La Generalitat Valenciana había acumulado hasta ahora retrasos en su pago a funcionarios y proveedores, pero nunca había dejado de hacer frente a la banca porque hacerlo significa reconocer oficialmente una situación de insolvencia. Por primera vez ha dejado de pagar esas deudas. El gobierno de Fabra no ha podido hacer frente al pago de las obligaciones financieras contraídas con Deutsche Bank, según han confirmado a Vozpópuli tanto fuentes del ejecutivo valenciano como de la entidad financiera.

Según esas fuentes, la Generalitat Valenciana debía haber hecho frente a un nuevo vencimiento de deuda la pasada semana. Cinco días después de haber vencido ese plazo, el gobierno autonómico seguía sin efectuar el desembolso por falta de fondos Sin embargo, la entidad bancaria ha optado por no clasificarla como “impagada” ni como “situación de insolvencia”. Fuentes de Deutsche Bank reconocen que el impago se ha producido pero que dan por “resuelta” la situación "de manera amistosa" porque la Generalitat Valenciana cuenta con el aval del Tesoro Público. La entidad, sin embargo, no ha querido detallar oficialmente la operación asegurando que “no puede comentar las operaciones de sus clientes”.

Ese aval comprometido por el Tesoro Público basta para conceder un nuevo plazo de pago a la Generalitat y para que no se contabilicen como impagados sus créditos pendientes. A cambio, el gobierno valenciano deberá cumplir ciertos parámetros en sus cuentas públicas, tras un nuevo plan de ajuste que el President Alberto Fabra tiene previsto presentar esta misma semana. La Consellería de Economía de la Generalitat Valenciana tampoco comentado oficialmente la situación.

La nueva legislación permite el aval

La situación de impago valenciana se ha producido antes de que el gobierno Rajoy aprobara el nuevo plan de ajuste presupuestario. Por ese motivo, el decreto de ajuste aprobado el pasado viernes incluye un párrafo que –según los expertos consultados—abre la puerta a que el Tesoro realice operaciones de aval como éstas o incluso de pago. En su página 145.609, el Boletín Oficial del Estado asegura que “en el momento en que los indicados créditos resulten insuficientes para el pago de las entregas a cuenta indicadas, se realizarán las transferencias de crédito oportunas”.

El Ejecutivo dispone –según esas mismas fuentes—de 18.000 millones de euros para evitar ningún tipo de impago o quiebra de las autonomías que, de momento, no implican ninguna pérdida para Deutsche Bank que sólo tendría que provisionar ese crédito si lo contabilizara como impagado.

El aval del Estado tampoco supone ninguna carga financiera extraordinaria en el presupuesto público, ya que no hay que dotar ninguna partida extraordinaria para los avales. Técnicamente, la legislación actual permite que los pagos que se efectúen o avalen en el último mes del año se contabilicen en el ejercicio siguiente. Así pues, el Estado consigue ganar tiempo extra para la autonomía sin tener que hacer un desembolso. Ese mecanismo ordinario ha vuelto a ser ratificado en el último decreto de medidas urgentes para la corrección del déficit público que establece que “los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada año, que se aplicarán al presupuesto en el primer trimestre del siguiente año” (B.O.E. pág. 146.638).

 Un precedente inédito

Hasta el momento, el Tesoro sólo autorizaba la emisión de deuda pública pero esa autorización no equivalía a un aval. Ahora se puede abrir un nuevo escenario. Los expertos consultados por Vozpópuli califican el aval del Tesoro Público como un buen precedente: “La legislación española no contempla un bail-out o rescate”, asegura el Catedrático de Sistema Financiero Santiago Carbó, “pero esto sienta un precedente para saber que el Estado asumirá un impago si se produce”. “Es un buen precedente en términos de solvencia porque lo contrario –concluye Carbó—hubiera disparado la prima de riesgo”.