Lo último que le faltaba a Mariano Rajoy, un presidente que lidia con la oposición, los sindicatos y –últimamente- Bruselas, es que le crezcan los enanos en su partido. Y algo así ha ocurrido: la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP desde hace más de dos decenios, firmó el viernes un documento con sindicatos y patronal en el que piden a Rajoy considerar algunos aspectos de la reforma laboral aprobada el pasado 10 de febrero.
La letra del documento es tan extremadamente vaporosa que evita cualquier confrontación con el Ejecutivo central. Pero el mensaje es claro: la comunidad presidida por Juan Vicente Herrera pide reponer la autorización administrativa de los ERE durante el trámite parlamentario.
La Junta, dice el texto, “quiere recordar el papel eficaz que en nuestra Comunidad ha tenido en muchos casos la mediación de la administración laboral, la actuación de la industrial y la colaboración y la participación de los agentes económicos y sociales”.
El Gobierno regional valora la aportación del diálogo social al mantenimiento del empleo. Se “ha conseguido llegar a acuerdos en un 94% de los expedientes planteados, evitando la judicialización de las crisis y el alargamiento, incertidumbres y costes que llevarían aparejado y ha favorecido el mantenimiento de muchos puestos de trabajo”.
No a la libre concurrencia en cursos de formación
El segundo matiz de Castilla y León a la reforma se refiere a las “acciones de formación por desempleo”, concretamente a la libre concurrencia que decreta el Real Decreto del 10 de febrero. El equipo de Juan Vicente Herrera no ve tan claro que sindicatos y patronal pierdan esa primacía. “En los últimos años”, reza el documento, “en nuestra comunidad se han desarrollado programas formativos, en cuya planificación, diseño y ejecución han participado activamente las organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas, y que han contribuido a la mayor cualificación de nuestros trabajadores, con una formación de calidad que ha facilitado la incorporación de éstos al mercado de trabajo, o su promoción personal y profesional.”
Los acuerdos para el diálogo social también han arrancado el compromiso de la Junta de que mediará para intentar que las empresas opten por vías como la reducción de jornada antes que por los despidos masivos –con 20 días por año trabajado, como establece la nueva norma-. El texto lo firman el Gobierno regional, CCOO, UGT y la patronal vallisoletana, cuyo responsable es Jesús Terciado, también presidente de Cepyme.
