Seis contratos bajo sospecha... por ahora. Los trabajadores de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) que denunciaron en septiembre de 2014 las supuestas irregularidades investigadas ahora por el juez Eloy Velasco aportaron información sobre, al menos, diez adjudicaciones que en su opinión no se ajustaban a la legalidad, según han reconocido ahora a Vozpópuli fuentes de la actual dirección de la empresa pública. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado ya el rastreo de la abundante documentación intervenida durante los 16 registros realizados en la primera fase de la 'Operación Frontino' en busca de indicios sobre estos supuestos nuevos amaños. Fuentes cercanas a la investigación destacan que los casi cuatro años en el que el principal implicado en la causa, Arcadio Mateo del Puerto, estuvo como director general de la compañía van a ser escrutados "a conciencia". El considerado líder de la trama, encarcelado desde el pasado miércoles, 'aterrizó' en la empresa en febrero de 2012 de la mano del hasta el viernes subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas.
Fuentes de Acuamed aseguran que de los 10 contratos denunciados en 2014 por el directivo cesado sólo dos han sido incluidos finalmente entre la media docena que el juez investiga
Hasta el momento, el juez Eloy Velasco ha centrado las pesquisas en "seis contratos públicos" de esta empresa del Ministerio de Agricultura, según recogía textualmente en el auto por el que envió a prisión el pasado martes a cinco de los 13 detenidos, aunque en realidad en el mismo citaba siete obras hidráulicas. Se trataba de las realizadas en la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería, ligadas mediante una "compensación indebida" a las de descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona; la construcción de una presa para prevenir avenidas en la Rambla Gallinera, en Valencia; el proyecto de la desaladora en Torrevieja (Alicante), considerada la mayor de Europa; la instalación de conducciones para llevar agua a Campello y Mutxamel, en la misma provincia levantina; las obras para colocar entre 10 y 20 kilómetros de tuberías en Cerro Colorado (Murcia), y la presa del Río Serpis, en Valencia.
Sin embargo, fuentes de la actual dirección de Acuamed reconocen que el directivo que denunció las supuestas irregularidades, Francisco Valiente, llegó a trasladar a la Fiscalía Anticorrupción hasta diez adjudicaciones que en su opinión no se ajustaban a la legalidad. De todas ellas, los responsables de las pesquisas se centraron en un primer momento en cinco que, finamente redujeron a dos, siempre según las fuentes de la sociedad estatal consultadas por este diario. Eran, según las mismas, los dos contratos que ganó FCC -uno de ellos en UTE con una filial de Abengoa- para la construcción de la desaladora del Bajo Almanzora y la limpieza del pantano de Flix. El escrito notarial de tres folios que el directivo de Acuamed luego despedido hizo llegar en abril de 2014 al Consejo de Administración de la sociedad estatal se centraba, precisamente, en el primero de estos dos casi de modo exclusivo, aunque también incorporaba un informe sobre la "situación existente en septiembre de 2013", realizado a los cinco meses de asumir su puesto.
Tres de los contratos
Según fuentes cercanas a los trabajadores denunciantes, es en éste donde se habla de hasta diez obras bajo sospecha. En este sentido, recalcan que tres de ellos se refieren a otros tantos contratos de los seis que ahora investiga el juez Velasco. Uno de ellos eran los trabajos de "laminación y mejora del drenaje de la rambla Gallinera", en los que el magistrado, Anticorrupción y la UCO investigan el pago de una escollera que, según destacaba el auto del juez, "nunca existió" y ni siquiera estaba en el proyecto. Este tenía un precio inicial de 46,5 millones de euros y se saldó finalmente con un exceso de obra certificada de 2,1 millones por culpa de dicha obra 'fantasma'. Una segunda adjudicación bajo sospecha ya desde aquel informe era el contrato para la construcción de una presa antiavenidas en el río Serpis de Valencia, a cuyo importe inicial de 15,2 millones de euros se cargaron dos millones más "enmascarando esos importes hinchados en inexistentes trabajos de arqueología".
El directivo cesado centró su denuncia en la desaladora de Bajo Almanzora, pero añadió un informe de "situación a septiembre de 2013" con otras irregularidades detectadas
El tercer pufo incluido en aquella denuncia inicial y finalmente investigado es la adjudicación irregular de la "actuación urgente" para el refuerzo de las conducciones y tuberías desde la desaladora de Marina Baixa a las localidades alicantinas de Campello y Mutxamel. El contrato lo ganó Altec-Altym, la empresa cuyo presidente, Nicolás Steegmann, también ha sido detenido y encarcelado dentro de la 'Operación Frontino'. Según documentos a los que ha tenido acceso este diario, la apertura de los sobres de las ofertas económicas de dicho concurso se retrasó de manera supuestamente irregular para que esta compañía, que debería haber ocupado los últimos puestos en la valoración, se hiciera con el mismo. Algo similar ocurrió con el contrato de asistencia técnica de la obra, que se terminó llevando la empresa Clothos. Aquellos trabajos de refuerzo supusieron un desembolso para el erario de 16,69 millones de euros.
Nueva obra bajo sospecha
No obstante, aquella documentación aportada por el directivo en su informe de "situación de septiembre de 2013" hacía referencia a, al menos, un contrato más que no aparece recogido en el auto del juez Velasco, siempre según las fuentes cercanas a los denunciantes consultadas por este diario. Se trata, en concreto, de las obras para garantizar el suministro de agua potable a los municipios del levante almeriense, desde los turísticos Vera y Mojácar, hasta poblaciones del interior de la provincia. Aquel proyecto se cifró en 87 millones de euros y se dio por concluido en su parte principal en junio de 2010. Sin embargo, se siguió la contratación de canales secundarios para llevar el vital líquido a otras localidades de la zona. Es en estos últimos trabajos, denominados "Fase II Carboneras-Valle de Almanzora", en los que los denunciantes aseguran haber detectado también supuestas irregularidades.
Los trabajadores denuncian cambios injustificados de tuberías de acero por otras de fundición en las obras de la llamada "Fase II Carboneras-Valle de Almanzora"
En concreto, señalan que las tuberías de acero inoxidable incluidas en el proyecto se cambiaron por otras más baratas de fundición. Además, desapareció una protección de escollera. Todo ello sin que, en primer lugar, se rebajara el importe, para más adelante, incluso, incrementarse éste. Según estas fuentes, el interventor de Acuamed que recepcionó la obra reflejó en su informe "una salvedad" que aparentemente no tuvo consecuencias para el contratista. Fuentes cercanas a la investigación no descartan que la documentación relativa a este proyecto sea uno de los que ahora se investiguen en profundidad gracias a los expedientes intervenidos el pasado 18 de enero.
