El escándalo de los contratos de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) sigue golpeando al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Un correo electrónico enviado por el que fuera secretario de Estado y, hasta este viernes, número 3 de Presidencia, Federico Ramos de Armas, al presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, director general de la compañía, salpica a un segundo alto cargo del departamento que dirige Isabel García Tejerina. Se trata de Liana Ardiles López, directora general del Agua, cuyo nombre figura como destinataria de una "copia" de ese mensaje en el que el ya dimitido integrante del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría plantea al directivo de Acuamed la necesidad de llevar al Consejo de Administración de la compañía el pago de cerca de 10 millones de euros a FCC por las obras de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería). Esta es una de las adjudicaciones en las que el juez Eloy Velasco ha encontrado indicios de irregularidades. Vozpópuli se puso en contacto con los portavoces oficiales del Ministerio de Agricultura, que declinaron hacer declaraciones "hasta que analicen toda la documentación".
La directora general del Agua aparece como destinataria de una copia del 'email' en el que se habla de lo que el juez tilda de "compensación indebida"
El 'email', adelantado por la Cadena Ser este viernes, fue enviado por Ramos de Armas el 20 de junio de 2013, cuando aún era secretario de Estado de Medio Ambiente y, por ello, también presidente de Acuamed y de su Consejo de Administración. En el mismo, pregunta a su destinatario, el hoy encarcelado Arcadio Mateo, "si podemos llevar como pide la contratista [FCC] la liquidación pendiente de la obra al Consejo de Administración del mes de julio por valor de 9,5 Mil [millones] de euros". Se refiere, según se recoge en el asunto del documento, a un pago pendiente de la obras de la desaladora almeriense, que ya entonces no había podido ser puesta en marcha ya que una inundación la había dejado inservible. El mensaje continuaba con un "así vamos avanzado con esta gente a la que debemos bastante dinero en otras obras" para terminar con "un abrazo". En los detalles del correo, aparece el nombre de la directora general del Agua como destinataria de una copia del mismo.
Vicepresidenta de Acuamed y vocal del Consejo
Este detalle apunta a que Liana Ardiles, quien asumió su actual responsabilidad en septiembre de 2012 tras haber ocupado antes otros cargos de menor rango en el departamento, presuntamente estaba al corriente de aquella maniobra, señalada por el juez Velasco como una grave irregularidad en el auto que dictó el miércoles pasado para enviar a prisión a cinco de los 13 detenidos en la 'Operación Frontino'. De hecho, en el momento en el que fue remitido el correo electrónico, ella ya figuraba como vicepresidenta de Acuamed y vocal de su Consejo de Administración, en cuya reunión de julio de 2013 Ramos de Armas quería plantear el pago de la millonaria cantidad a FCC. Fue también en este órgano de dirección de la sociedad estatal donde meses después, en abril de 2014, se estudió la denuncia sobre las corruptelas que había presentado un alto directivo de la empresa pública y finalmente se decidió darle carpetazo. Aquel hecho supuso el fulminante despido del denunciante, Francisco Valiente, quien acudió más tarde a la Fiscalía Anticorrupción y permitió el inicio de la investigación que desembocó en las detenciones del pasado lunes.
Desde el entorno de Liana Ardiles se justifica que recibiera el mensaje en que era "algo automático" y destacan que no lo contestó
Este viernes, desde Agricultura declinaron comentar oficialmente la presencia de un segundo cargo del departamento en la documentación incorporada al sumario del 'caso Acuamed'. Se escudaron para ello en que aún debían analizar la documentación para valorar dicha información. Sin embargo, otras fuentes del Ministerio cercanas a la directora general del Agua quitaban hierro al hecho de que ésta hubiera recibido dicho correo electrónico. "Era algo automático, como miembro del Consejo de Administración, que se le remitiera este tipo de comunicación. No consta que ella respondiera al mismo", añaden, sin aclarar por qué ella es la única destinataria de una "copia" y no figura ninguno de los otros doce miembros de dicho órgano, pese a que diez son vocales como Liana Ardiles. Por su parte, fuentes cercanas a la investigación aseguraban a este diario que de la documentación analizada hasta ahora no han aparecido por el momento nuevas referencias a ella.
El auto de Velasco
La presunta implicación de más de un responsable del departamento de García Tejerina en la trama ya era apuntaba expresamente por el juez Velasco en su auto del miércoles. Aquel escrito hablaba de la participación de "cargos de alto (sic) nivel", en plural, en un supuesto acuerdo entre "la cúpula de FCC" (el presidente de su filial de construcciones, Miguel Jurado, fue uno de los 13 detenidos) y éstos para realizar a la compañía una "compensación indebida" de "un monto de diez millones", una cifra muy cercana a la que recogía el correo electrónico. Hasta en tres ocasiones, el magistrado afirmaba expresamente que varias de las irregularidades detectadas habían sido "pactadas" entre responsables de Agricultura y la constructora, dos de cuyos directivos fueron detenidos. De hecho llega a hablar de "instrucciones emanadas desde la Superioridad", en clara referencia al Ministerio.
El auto del juez Velasco destacaba en tres ocasiones la supuesta implicación de "cargos de alto nivel", en plural, del Ministerio de Agricultura
El juez Velasco lo hace para hablar de los contratos para la construcción de una desaladora en el Bajo Almanzora, la que figura en el asunto del 'email', y los trabajos para la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona. Sobre la primera, aseguraba que la inundación que a finales de 2012 la había dejado inservible también había sacado a la luz la supuesta "concertación" que existía entre el principal detenido hasta ahora, Arcadio Mateo del Puerto, director general de Acuamed, y directivos de FCC, ya que aquel no exigió "en contra de lo que decía el contrato y la legalidad" que la empresa pagase los desperfectos y el seguro. De hecho, el magistrado recalcaba que el presunto cabecilla de la trama llegó a arbitrar un acuerdo para que la propia sociedad pública que dirigía abonase un 40% de las reparaciones y FCC fuese compensada por el pago del 60% restante "mediante compensaciones" con la adjudicación de otras obras "al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura]". Se refiere en concreto al contrato para la descontaminación del pantano de Flix, presupuestados en 194 millones de euros. Una obra en la que se prentendía "fijar ficticios irreales para, al final conseguir compensar con 40 millones de euros" a la constructora.
"La oposición de cierto funcionarios"
El auto señalaba a continuación que dicho plan no pudo llevarse a cabo por "la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades", por lo que la desaladora "sigue sin arreglarse" más de tres años después. Además, el juez Velasco recalcaba que FCC, ante la imposibilidad de cobrar por ello los 2 millones de euros que se le adeudaban, pretendía que el Estado le pagase 10 millones, los que recoge el correo electrónico, "con un perjuicio para la Administración de ocho millones de euros". Una "compensación indebida" que, según el magistrado, pactó la cúpula de la compañía con "cargos de alto nivel en el Ministerio" y que fueron incluidos en una partida en los Presupuestos General del Estado para 2015 "fijando un monto de diez millones más veinte millones para hacerlo". Un desembolso que finalmente no se hizo "al conocer [Agricultura] la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea". De hecho, el magistrado añade que ambas cifras se han mantenido en las cuentas públicas para 2016 "sólo que reducidas" a 8 y 14 millones, respectivamente.
La partida cercana a los diez millones de euros de la que se habla en el 'email' fue incluida en los Presupuestos Generales de 2015 y 2016
El segundo contrato en el que el juez Velasco ve la implicación directa de responsables del Ministerio era, precisamente, el adjudicado para la descontaminación del pantano de Flix ganado por FCC mediante una UTE de dos de sus filiales como "compensación" por los problemas con la desaladora del Bajo Almanzora. En esta obra, el magistrado consideraba que se produjo "una reclamación ilegal de 30 millones de euros" por parte de la constructora que fue "apoyada por los directivos de Acuamed" pese a que era rechazada por los técnicos de la compañía pública. "Se pretende cambio de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones a 40 [millones] ficticios que se intentan justificar certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos", señalaba el auto. El juez consideraba que estos últimos fueron creados "para meter conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa pretendiendo justificar unos conceptos por otros con convalidación del gasto de 32 millones y un proyecto complementario". Todo ello para causar un perjuicio a la Administración "de 40 millones de euros para 'compensar' a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad".
