El caso de "marginación" denunciado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que el CERMI acusa de relegar a los agentes de la Guardia Urbana que quedan discapacitados tras resultar lesionados o heridos en un acto de servicio se podría extrapolar de una u otra forma a otras zonas de España. Así, el sindicato de policía CSIT Unión cuenta a Vozpopuli que los policías municipales de Madrid, mayores de 55 años o con algún problema de salud, también realizan "tareas de segunda" pese a existir un acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, firmado bajo el mandato de Ana Botella, en el que se recogen hasta 25 funciones. Pero la realidad es otra cuando estas personas llegan a esta edad o sufren una enfermedad que les impide continuar con sus funciones: quedan relegados al "control y vigilancia de edificios públicos". Aunque matiza que en ningún caso estas personas "son apartadas del Cuerpo".
Los policías de Madrid, mayores de 55 años o con algún problema de salud, también realizan "tareas de segunda como vigilar los edificios públicos"
"Lo único que sale cuando llegan a esta edad son plazas para el control y la vigilancia de edificios. No se aprovechan los conocimientos, la veteranía… Los dedican a ponerlos en una puerta para vigilar, no salen plazas para la oficina, ni para la emisora… Y muchos compañeros se ven inútiles en ese puesto porque no se les ha premiado de ninguna manera los años que han estado trabajando", denuncia José Francisco Horcajo, portavoz de la policía Municipal de Madrid en CSIT Unión.
E insiste en que esos policías municipales se ven "marginados", ya que cuando llegan a esa edad o a esa situación dejan de recibir la formación adecuada. "Hay muchas personas a las que no les importa pero hay otros que sí, lo ven como una forma de abandonarles, como un cementerio de elefantes. Ven cómo los conocimientos adquiridos no son premiados y piensan que pueden seguir ayudando y trabajando de otra manera en el Cuerpo", afirma Horcajo.
Ese acuerdo municipal, recogido por el equipo de Gobierno de Ana Botella, se publica cada seis meses, y según este sindicato policial tampoco ha sido respetado por el Consistorio dirigido por Manuela Carmena. Su incumplimiento deriva en un mal aprovechamiento de estas personas, ya que quedan relegadas a "funciones de segunda". "Este acuerdo se hizo para que esa gente desempeñarán funciones no operativas y utilizar a los que pueden estar en la calle para paliar la falta de personal que existe en Madrid", explica el portavoz de la policía municipal en CSIT Unión.
Denuncia de CERMI a Ada Colau
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha mandado a la alcaldesa de Barcelona una misiva, en la que le pide que detenga la aplicación de una política local que, aunque heredada de mandatos anteriores, sigue aplicándose bajo su gobierno con "enormes perjuicios" para los afectados. Se trata de omitir por completo la segunda oportunidad laboral cuando los agentes de la Guardia Urbana quedan lesionados o heridos durante un acto de servicio. En estos casos, el Consistorio de la Ciudad Condal no les permite tener una segunda oportunidad, según este organismo de ámbito español que vela por la aplicación de los derechos de las personas discapacitadas.
El caso más sonado en Cataluña es el de Vicent Flores, un funcionario, que en 2009 sufrió un accidente laboral que le ocasionó una discapacidad
La carta fechada el pasado 7 de marzo y firmada por el presidente del organismo, Luis Cayo Pérez, parte de "numerosas denuncias y quejas" de agentes de la policía que han sido apartados del cuerpo pese a tener derecho a permanecer en la estructura municipal. Asimismo, considera esta práctica contraria "a la legalidad nacional europea y española" y dice que "se trata de una discriminación estructural, deliberada y permanente por razón de discapacidad". La carta no ha sido respondida, por el momento, por el Consistorio de Barcelona.
De esta forma, acaba la misiva pidiendo al Parlamento de Cataluña "la necesidad de reformar toda la legislación catalana relativa a los miembros de cuerpos de seguridad y protección que adquieren una discapacidad en el desempeño de sus funciones". También pide "entablar de modo inmediato una diálogo profundo y amplío con las asociaciones representativas de miembros con discapacidad de las policías locales de Cataluña, en la que se integran los de Barcelona, para alumbrar un consenso básico, que se plasme en un marco nominativo y unas prácticas renovados conformes y ajustadas a la Convención de la ONU de 2006".
No es la primera queja existente en Cataluña. El caso más sonado es el de Vicent Flores Calero, un funcionario de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, que en 2009 sufrió un accidente laboral que le ocasionó una discapacidad, por la que le fue reconocida una situación de incapacidad permanente total laboral para el desempeño de su profesión. Pidió pasar a segunda actividad, pero la solicitud le fue denegada judicial y administrativamente. Cinco años después el Comité de Derechos Humanos de la ONU aceptó incluir su caso entre las investigaciones por discriminación.
