El administrador de System Capital Management, vehículo de inversión que utilizó el Grupo Riesgo para comprar las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, toma la palabra en la Audiencia Nacional. Luis Losada -a quien los investigadores consideran presunto testaferro de los dueños de Alcoa- ha remitido un escrito al juzgado que investiga la venta de las factorías de aluminio para negar estafa y organización criminal con este movimiento, a la par que recuerda que en el proceso de venta intervino el Ministerio de Industria.
En su escrito, remitido a la Audiencia el pasado 4 de noviembre y al que ha tenido acceso Vozpópuli, la defensa de Losada explica que no hubo ninguna actuación ilícita en la venta de las plantas transferidas a Parter Capital Group en julio de 2019. Sin embargo, los querellantes impulsaron este procedimiento penal al considerar que los 688 trabajadores de La Coruña y Avilés fueron objeto de engaño no solo porque no se cumplieron las condiciones pactadas, sino porque consideran que se provocó la asfixia económica de esta compañía de capital estadounidense.
La venta se formalizó en julio de 2019 y las dos plantas quedaron en manos del fondo suizo Parter Capital Group. Tras ello, en abril del siguiente año, pasaron a System Capital Management (que actuó en nombre del Grupo Riesgo) y su administración cambió para ser mancomunada. La Policía Judicial cuestiona la operativa y sostiene que System Capital, de la que es administrador Losada, no es más que una empresa pantalla que se utilizó para completar la operación. De hecho, se apoyó en los informes de la Seguridad Social que sostienen que Losada pudo actuar como un "testaferro" de los verdaderos dueños de las plantas.
Librarse de la vía penal
Ahora Losada replica a la UDEF, defiende la operativa y asegura que Grupo Riesgo estaba perfectamente autorizado para vender sus participaciones de las plantas en favor de System Capital (rebautizada como Iberian Green Aluminium). Losada responde que los hechos que plantean los denunciantes no tienen cabida en la jurisdicción penal puesto que no se ha cometido apropiación indebida, ni estafa ni, consecuentemente, pertenencia a organización criminal. Más bien al contrario, considera que este asunto se tendría que seguir en la vía civil al tratarse de contratos de compra-venta.
Pese a ello, la magistrada al frente del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, dio luz verde a la querella y ofició a la Policía Judicial para que investigase a fondo este proceso, así como la titularidad real de las actuales propietarias de las plantas: Alu Ibérica LC (La Coruña) y Alu Ibérica AVL (Avilés). En ambas entidades se designó a Joachim Magin (ciudadano alemán residente en Suiza) como administrador único. Además, recientemente ordenó a los imputados devolver 13 millones de euros relativos a la inversión que se comprometió a prestar Alcoa a las dos plantas tras el proceso de venta.
Al respecto, Losada carga contra los sindicatos y la Confederación de Cuadros Profesionales que llevaron este asunto ante la Audiencia Nacional y replica que la verdadera legitimada para actuar, en caso de que hubiera delito, es Alcoa. "Si bien los trabajadores de las dos plantas industriales sostuvieron reuniones con la empresa Alcoa Inespal para hacer respetar sus derechos laborales, esto no significa que tenían derecho a elegir al comprador ni al manejo de las empresas", replica.
La mano política
Al hilo, el administrador único de la compradora de Alcoa recuerda que es "importante" destacar la participación que tuvieron "algunas autoridades" de Galicia y Asturias, así como un representante del Ministerio de Industria en las negociaciones de la venta. "Tales participaciones fueron de carácter político pero de ninguna manera influyen en la validez de los contratos de compra venta, por cuanto las partes intervinientes son sujetos particulares y se trata de capitales privados", precisa.
No obstante, no es la primera vez que los implicados en este proceso recurren a la intervención del Ejecutivo central y de las comunidades en la venta con la que pretenderían vaciar los recursos de la empresa dedicada a la producción de aluminio. De hecho, en la vía Social, que dirime el despido de los empleados de las dos plantas, la propia Alcoa expuso que la actuación del departamento que dirige Reyes Maroto era "imprescindible" para el proyecto de venta.
Es más, en su recurso de apelación contra la sentencia que le condena por incumplir los acuerdos con los empleados, la aluminera asegura que hubo "plena involucración y tutela" del Ministerio en este proceso. No obstante, descartó que los compradores los hubiera propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez. "Cuesta pensar en una operación ficticia o aparente o fraudulenta impulsada y que tenga como contraparte a un inversor propuesto por el Ministerio de Industria y aceptado por la representación laboral", reza el recurso en el que anuncian que llevarán la condena ante el Tribunal Supremo.
En lo que respecta a la vía penal, el imputado implicado en el proceso trata de desligarse de las irregularidades asegurando que Alcoa "tenía pleno conocimiento" de que no existían elementos de estafa en esta operación porque el contrato de compra venta se cerró "libremente" y de común acuerdo entre las partes. Del mismo modo, descarta apropiación indebida de los fondos de esta firma estadounidense, delito de insolvencia punible, contra la seguridad de los trabajadores y también de pertenencia a organización criminal.
"Si en todas nuestras alegaciones hemos demostrado que ninguna de las conductas imputadas constituyen delito, entonces no puede existir el delito de grupo criminal que se nos imputa, pues no existe unión alguna con fines delictivos. (...) A manera de corolario, si bien los trabajadores tienen derechos reconocidos en la Constitución y la ley, sin embargo, cualquier vulneración a tales derechos debe ventilarse en la vía correspondiente, pero no puede emplearse el derecho penal para estos fines", sentencia Losada.
