Primero fue el Ayuntamiento de Madrid. Después, Diviertt, la empresa organizadora de la macrofiesta. Y, por último, Seguriber, la compañía de seguridad. En sólo dos días, tres de los principales actores de los sucesos del pasado 1 de noviembre en el Madrid-Arena han coincidido en algo: en declinar cualquier responsabilidad sobre los sucesos acaecidos en el interior del pabellón que acabaron con cuatro jóvenes muertas y una quinta gravemente herida. Todos ellos han señalado que su cometido en el mantenimiento del orden en aquel evento se debía desarrollar en el exterior del recinto y que era a los otros a los que correspondía evitar los incidentes dentro. Mientras tanto, el titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones que se siguen por la muerte de Rocío, Cristina, Katia y Belén, según fuentes jurídicas.
El promotor asegura que seis vigilantes de Seguriber garantizaban el orden en el interior del recinto. Esta empresa insiste que sus empleados trabajaban en el exterior
El primero en rehuir cualquier responsabilidad sobre la seguridad en el interior del recinto fue el propio Consistorio madrileño. Lo hizo el pasado miercoles, al anunciar la próxima presentación de una demanda contra el promotor del evento, Miguel Ángel Flores, y su empresa, Diviertt, "al haber mentido en los datos inicialmente facilitados sobre el número de entradas vendidas y el aforo real". Según el Ayuntamiento de la capital, la responsabilidad de los 14 agentes y tres mandos de la Policía Municipal que envió aquella noche al recinto (pocas horas antes había enviado 42 policías al programa de televisión El Hormiguero para contener a las fans de un grupo musical juvenil) se limitaban al exterior del recinto.
Aquella afirmación provocó la inmediata respuesta de la empresa promotora, Diviertt, que en una nota aseguró que no tenía "autoridad alguna" en la seguridad del evento. Según ésta, esa función correspondía a la empresa Seguriber, contratada por el Ayuntamiento de la capital. Según la empresa organizadora, a Seguriber le correspondía determinar y llevar a la práctica el plan de seguridad del recinto y que para ello, de hecho, asignó 38 vigilantes aquella noche, sobre los que Diviertt "no tenía potestad ni autoridad alguna". "Sólo estos profesionales, con carné de vigilantes de seguridad, podían ejercer la función de organizar, vigilar y controlar" los accesos al recinto, de supervisar las cámaras de seguridad y de dar aviso ante cualquier incidencia, añadía la nota de Diviertt. Los organizadores recalcaban que seis de estos empleados de Seguriber eran los responsables de garantizar el orden en el interior del Madrid-Arena.
"Requisa y vigilancia exterior"
La respuesta de Seguriber ha tardado sólo unas horas en llegar, aunque no de modo oficial. Fuentes de esta compañía aseguraban ayer a este diario que los servicios de sus agentes habían sido contratados por la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, responsable del pabellón, "para gestionar exclusivamente la seguridad exterior de estos recintos con un dispositivo permanente que conlleva la vigilancia de este edificio a lo largo de todo el año". Siempre según estas fuentes, durante el evento Thriller Musica Park del pasado 1 de noviembre, el cometido de sus empleados era la "requisa y vigilancia de que las puertas de emergencia permanecieran libres de obstáculos para su posible utilización".
Desde Seguriber se insisitió a este diario que sus servicios no fueron contratados por la empresa organizadora "para el control de acceso y la seguridad en el interior del evento" y que, por tanto, no era "responsable de estas funciones" en las que supuestamente también se produjeron irregularidades que desembocaron en que se sobrepasara ampliamente el máximo aforo permitido, según ha concluido la Policía. En este sentido, las fuentes de esta compañían insistían ayer que la labor de comprobar la edad de los asistentes (una de las fallecidas era menor y abundan los testimonios de jóvenes de menos de 18 años que reconocen haber burlado la prohibición de asistir a la fiesta) así como el "control del aforo" eran "responsabilidad de la empresa de seguridad contratada por Diviertt, el organizador".
El silencio de Kontrol 34
En este sentido, Seguriber esgrime un decreto de la Comunidad de Madrid de 2009 en el que se detalla las funciones de los actores en este tipo de eventos y, sobre todo, un documento del propio Ayuntamiento en el que se especificaba la fecha, horario, número de asistentes previstos y compañías que participaban en el desarrollo de la macrofiesta de Halloween. En este texto, Seguriber aparece mencionado como "seguridad exterior y requisa", mientras que en el apartado de "equipo de servicio de orden" se menciona la empresa Kontrol 34 S.L., a la que se adjudica el "interior" del recinto con un total de "75 operativos". El documento lo firma el "director de seguridad de Madrid Espacio y Congresos", Rafael Pastor.
El único actor que hasta ahora ha guardado silencio es la empresa Kontrol 34, contratado por la promotora para "recibir a los asistentes al recinto"
Por ahora, el único actor que se ha mantenido en silencio en todo este cruce de acusaciones ha sido, precisamente, la empresa Kontrol 34, una polémica compañía contratada por los organizadores "a voluntad propia" sólo para "recibir a los asistentes en el recinto, guiar su acceso, ojear el desarrollo de la fiesta y avisar a los responsables de seguridad en caso de problemas". Según la nota del pasado miércoles de Diviertt, los 63 "controladores" de esta empresa no podían en ningún caso realizar funciones de seguridad como cacheos a los asistentes o registrarles sus mochilas o bolsos. El propio Ministerio del Interior señala que esta empresa no aparece registrada como compañía de seguridad, ya que es simplemente prestataria de servicios auxiliares, como el control de accesos o labores de conserjería.
Sin embargo, algunos testigos apuntan que eran estos "controladores" los que daban instrucciones a los vigilantes de Seguriber a pesar de que no tienen ningún tipo de formación en materia de seguridad ya que la mayoría eran simplemente desempleados a los que se les había ofrecido un contrato por las horas que iban a trabajar esa noche. Como administrador único de esta Kontrol 34 aparecía, Juan Carlos García Perdiguero, un histórico cabecilla del grupo ultra Frente Atlético, los seguidores violentos del Atlético de Madrid. García Perdiguero tiene un largo historial de detenciones policiales desde que fue detenido por primera vez en 1987 con 21 años de edad. La empresa tiene como único socio a Carlos Manzanares Rodríguez, otro viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
