El Gobierno anunció esta semana que la nueva Ley de Memoria Histórica permitirá anular las condenas y sentencias emitidas por el franquismo. Se trata de una de novedades más importantes del anteproyecto de ley que, de no haber cambios, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 15 de septiembre.
Aunque todavía se desconocen los detalles de la nueva norma, el texto legal conferirá "carácter radicalmente nulo" a todas las condenas y sanciones producidas "por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa" durante la Guerra Civil y la dictadura.
Según han informado a Vozpópuli fuentes jurídicas, en total podrían quedar anuladas cerca de 100.000 condenas y sentencias correspondientes a este periodo histórico que amenazan con colapsar los tribunales españoles. Sin embargo, las mismas fuentes inciden en que no se trata de "un proceso automático", sino que primero hay que concretar cuáles son los motivos de la sentencia que se quiere dejar sin efecto, las fechas y las personas y posteriormente debe dejarla sin efecto un un tribunal.
"No se puede automatizar"
"Tendrán que ser los órganos judiciales los que desarrollen el alcance de ese derecho", señala Eduardo Ranz, abogado experto en Memoria Histórica, preguntado por este diario sobre el alcance que tendrá la nueva norma impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo. "No se puede automatizar porque eso supondría una ingerencia del poder legislativo sobre el poder judicial", apunta.
Para Miguel Ángel Muga, abogado y presidente del Foro de la Memoria de Madrid, con esta nueva norma existe el mismo problema que con la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero: no habrá responsabilidad patrimonial del Estado.
"No se puede decir que las sentencias son nulas por injustas y por no haberse realizado con un debido procedimiento cuando se está diciendo en otro articulado lo mismo que en esta ley, que no cabrá responsabilidad patrimonial de la Administración. Si se anula una sentencia las consecuencias de hecho y los perjuicios económicos y morales producidos a la victima no pueden ser eximidos a la responsabilidad del Estado", explica a preguntas de Vozpópuli.
"La reparación se produce por la nulidad de la sentencia"
En este sentido, Muga destaca la reparación que supone para las víctimas este punto de la nueva norma, aunque pone de relieve que "se está extendiendo un concepto de nulidad que no incluye los conceptos que el ordenamiento jurídico contempla". "Lo que no vale es lo que dice la ley, que darán un certificado de reparación. No, la reparación se produce por la nulidad de la sentencia", afirma.
"No se puede automatizar porque eso supondría una ingerencia del poder legislativo sobre el poder judicial", apunta un jurista
Aunque el texto todavía puede sufrir cambios antes de llegar al Consejo de Ministros, además de anular las condenas y sentencias emitidas por el franquismo, la nueva Ley de Memoria Histórica servirá también para ilegalizar fundaciones como la Francisco Franco, asociaciones que hagan apología de la dictadura o que, "directa o indirectamente", inciten al odio o la violencia contra las víctimas de guerra o régimen franquista.
Además, el Estado creará una "Fiscalía de Sala" para investigar "los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario". También se prevé revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia.
