La soledad de Artur Mas ha crecido tras el segundo revolcón propiciado por los diputados de la CUP. Fiel al guión establecido, la formación liderada por Antonio Baños volvió a darle la espalda a un líder convergente suplicante de apoyos para lograr la investidura. Con un gobierno provisional levantado en armas contra Mas y con poca capacidad de maniobra ejecutiva, el ‘procés’ queda sin oxígeno. "Sin investidura no hay gobierno y el proceso queda encallado", clamó el propio presidente en funciones.
Artur Mas no tiene quien le apoye. Como contó La Vanguardia, los pesos pesados de su Govern se han mostrado muy críticos con la declaración de ruptura con la legalidad. El titular de Economía y Hacienda, Andreu Mas-Colell, expresó su indignación por lo que suponía saltarse las leyes. Jordi Jané, consejero de Interior y ex vicepresidente del Congreso de los Diputados, también se manifestó en contra de sortear los procedimientos legales. Otro consejero que exhibió su oposición, en este caso de manera más discreta, fue Germà Gordó, conseller de Justicia.
Un Govern muy convulso
La aprobación de la declaración independentista, el 9 de noviembre, dejó en evidencia la frialdad del núcleo duro del Govern. Mas-Colell ni siquiera aplaudió, mientras que Felip Puig, consejero de Empleo, lo hacía con desgana.
Mas-Colell no aplaudió la declaración de desconexión y Felip Puig lo hizo con desgana
Una cosa son los gestos públicos y otro la intrahistoria. La suspensión este miércoles por el Tribunal Constitucional de la declaración independentista fue respondida por la encargada de mostrar unidad, la vicepresidenta del Govern y portavoz en funciones de la Generalitat, Neus Munté, quien anunció que el Ejecutivo catalán "sacará adelante el contenido de la resolución" independentista, obedeciendo así el mandato de "nuestro Parlamento soberano", dado que actúan en "estricto cumplimiento" del mismo.
Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha notificado personalmente a Artur Mas de las consecuencias de no acatar la suspensión de la resolución independentista el Parlament. Un grupo de secretarios judiciales, encabezados por el secretario de gobierno del alto tribunal catalán, se desplazaron al Parlament para entregar las notificaciones en mano a Mas, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y a los miembros de la mesa.
Pero dentro del Govern no tienen tan claro que convenga mantener en máximos el desafío. El Confidencia Digital ha informado que tres consejeros de gobierno en funciones de Mas se inclinan por no desobedecer al Tribunal Constitucional. Los nombres: Andreu Mas-Colell , Felip Puig y Germà Gordó. Ninguna sorpresa. Ya habían manifestado su oposición a las líneas maestras del ‘procés’. Las responsabilidades penales y económicas y el mantenimiento de la legalidad preocupan a estos consejeros, a los que hay que sumar a Jordi Jané.
La desconexión ilegal se enfrenta además a las limitadas capacidades ejecutivas del Govern en funciones
La resolución de ruptura de Cataluña con España tiene previsto comenzar en el plazo de treinta días “la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública”, una desconexión ilegal que se enfrenta además a las limitadas capacidades ejecutivas del Govern en funciones.
Mas-Colell no milita en Convergencia, pero su opinión es muy valorada en el Gobierno y en el partido. Su opinión sobre la declaración de ‘desconexión’ (“¿Pero, esto qué es?”), deja a las claras su oposición a las maneras de Mas. Felip Puig también se ha sumado a las voces dentro del Govern reticentes a la desobediencia.
Oposición interna
A Germá Gordó ya le han puesto la cruz en las filas nacionalistas, como ha informado Vozpópuli. Personas muy cercanas al propio Mas confirman que se le considera “un traidor”, pues Gordó traslada periódica información sobre Convergencia al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a un conocido financiero y algunos periodistas. Gordó está casado con la exmagistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona Roser Bach, actualmente miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE.
El consejero de Interior, Jordi Jané, es un político muy escrupuloso con el cumplimiento de la legalidad
Jordi Jané, consejero de Interior, es el jefe de los Mossos d’Esquadra. Este martes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, ordenó, como narró Vozpópuli, a la Policía autonómica catalana, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si se produjera un delito de sedición. A él le tocará hacer cumplir las leyes. Jané es un político muy escrupuloso con el respeto a la legalidad. Además, tiene hilo directo con el Ministerio del Interior. Por este flanco tampoco parece que vaya a prosperar la desconexión.