La incontinencia verbal del ministro de Exteriores trae de cabeza a la Moncloa. En especial cuando García-Margallo se pronuncia sobre asuntos ajenos a su departamento, como ha ocurrido esta semana con relación a los episodios vividos en Cataluña. "La Diada ha sido un éxito. Hay que escuchar a la calle", dijo el jefe de la diplomacia española tan sólo unas horas después de celebrarse la gran movilización en pro de la independencia catalana.
Las palabras de Maragallo resonaron como un trueno en un Gobierno que ha puesto premeditadamente sordina al reto secesionista en Cataluña. La estrategia de Mariano Rajoy se base fundamentalmente en ser suave con las palabras y firme con los hechos. Y así se lo ha transmitido a su equipo: La única respuesta a las bravuconadas de los nacionalistas son las leyes y no las palabras altisonantes.
Margallo, estrecho amigo del presidente del Gobierno, ignoraba esta semana tales consejos. Hasta el punto de que llegaba a insistir no sólo en la necesidad de diálogo sino también en la posibilidad de abordar el cambio de modelo de la organización territorial española, algo ajeno al libreto de Rajoy. El problema para el equipo de Presidencia es que desconoce cuándo el ministro de Exteriores va por libre o cuándo se pronuncia en términos tan singulares porque lo ha pactado en privado con el presidente. Es sabido que Margallo es uno de los tres ministros con mayor ascendencia personal sobre Rajoy (Ana Pastor y Fernández Díaz son los otros dos) y también hay constancia de que sus planteamientos sobre el tema catalán han sido escuchados más de una vez por el jefe del Gabinete.
Por eso la vicepresidenta optó el viernes por no hacer mención a las declaraciones de Margallo (que habían sido muy bien acogidas en los medios soberanistas catalanes) e incluso orientó sus palabras por un sendero de mayor dureza en las formas al hasta ahora empleado. La cadena humana ha modificado levemente el planteamiento del Gobierno, que ha recibido sonoras críticas desde medios afines por no plantar cara con decisión al desafío secesionista. Sáenz de Santamaría endureció su discurso e insistió en la "firmeza" del Gobierno frente a la provocación independentista y se refirió en varias ocasiones al Ejecutivo como el garante y defensor de la Constitución. Un pronunciamiento en las antípodas de la simpatía mostrada por Margallo 24 horas antes. Sin embargo, el argumentario esgrimido durante la rueda de prensa sigue siendo exactamente el mismo: dialogar pero dentro de la Constitución.
Descartado el referéndum
La misiva de respuesta de Mariano Rajoy a la carta que le envió Artur Mas este verano, se mantendrá en los mismos términos. Se puede negociar todo lo que esté incluído en el ámbito de la legalidad. También el Gobierno ha querido dejar bien claro que no se aceptará consulta popular alguna ni aunque aparezca camuflada con ropajes de legalidad, en contra de lo que se viene sugiriendo estos días desde distintas fuentes de Cataluña.
No se cierra, desde luego, la puerta al diálogo ni a la comunicación. En el equipo de asesores del Presidente se tiene la convicción de que Artur Mas, luego de recular en vísperas de la cadena humana y de asegurar que cambiaría la celebración del referéndum por un plebiscito en 2016 si no logra la anuencia del Gobierno central, ahora ha dado un paso al frente, empujado de nuevo por la riada independentista del 11 de septiembre. Un movimiento forzado por sus socios de ERC que pueden conducirle a su tumba política. Esto es lo que trata de impedir el Gobierno abriéndole a CiU la posibilidad de alcanzar acuerdos en el ámbito económico y de financiación.
Los "puentes de San Petersburgo", en la expresión acuñada por Mariano Rajoy en la cumbre del G20, siguen tendidos hacia Cataluña. Pero en el marco de lo que señala la Carta Magna. Y en este difícil diálogo con la Generalitat poco papel se le ha dejado a Margallo. Son la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y los ministros Montoro y De Guindos quienes actúan como interlocutores. Y, por supuesto, Rajoy, sumamente implicado en esta ríspida cuestión, lleva la batuta con la Generalitat.
