La incertidumbre que ha generado la aceleración del órdago separatista por parte de Artur Mas y sus socios, con el registro de una declaración de independencia en el Parlament cuando ni siquiera se ha constituido el nuevo Gobierno, se ha hecho extensiva a aquellos funcionarios alineados con el secesionismo, y más en concreto, a quienes están a favor del procés dentro de los Mossos d'Esquadra.
Si bien no son mayoría en las filas de la Policía autonómica, llamada a jugar un papel especialmente delicado de aquí en adelante, sí que hay un grupo de agentes que comparten los planes del soberanismo, de "desconexión" con el resto de España. Se trata de efectivos vinculados a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a través de su sectorial 'Mossos per la Independència' y que desde el pasado abril están representados en la Intersindical-CSC por medio del 'Sindicat Independentista de Mossos' (SI’M), que se autodefine "independiente, independentista y de clase".
En el nuevo escenario abierto tras el registro de la moción de Junts Pel Sí (CDC y ERC) y la CUP, este colectivo reconoce que ha aumentado la inquietud interna ante la falta de cobertura jurídica para acatar órdenes de rebeldía en un futuro inmediato. Es por ello, por lo que emplazan a las autoridades catalanas, y por ende, al Govern a ir elaborando "leyes propias" a las que poder acogerse en caso de cometer acciones de desobediencia. De todo esto, según ha podido constatar Vozpópuli, han debatido y consensuado posiciones en una reciente cita la sectorial 'Mossos per la Independència' y el ideólogo soberanista Salvador Cardús, miembro del Consell Assesor de la Transició Nacional del Govern de la Generalitat e integrante de la candidatura de Junts pel Sí por Barcelona en las elecciones del 27-S.
"Habrá que desobedecer sí, pero para acatar unas leyes más justas", sostienen
Lo fundamental de estas conversaciones ha sido recogido por Cardús en un artículo publicado en el diario Ara, mientras 'Mossos per la Independència' ha pedido a sus afiliados que tomen buena cuenta del mismo. De este modo, coinciden en que lo crucial será "saber pasar de la épica del desafío a la práctica de una ruptura que haga posible la sustitución de legitimidades, facilitando el salto de una antigua obediencia a una nueva". "Habrá que desobedecer sí, pero para acatar unas leyes más justas", afirman.
En este contexto, entienden que la "única alternativa imaginable es la de la desobediencia civil en el sistema constitucional actual y la aceptación de la obediencia a uno nuevo", para el que demandan legislación urgente. Además, aseguran que "los avales a la legitimidad de la desobediencia civil como vía política para producir cambios favorables a los derechos individuales y colectivos son extraordinariamente sólidos, ricos y diversos". En cambio, cuestionan a "aquellos que desde las instituciones políticas españolas reducen las garantías democráticas en el cumplimiento de la ley". "O son unos grandes ignorantes o actúan con absoluta mala fe", sentencian.
En su diagnóstico comparten igualmente que los "obstáculos" que encontrarán a la hora de desatender las instrucciones del Estado serán "más grandes" que los encontrados, a su juicio, para la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Entonces, la Fiscalía ordenó a los Mossos d'Esquadra que informaran de los lugares públicos de los colegios abiertos a esta votación que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, así como de los responsables de estos centros. Ante ello, la Policía autonómica remitió al Ministerio Público el listado de colegios pero no fue más allá (no hubo identificaciones de directores ni tampoco a pie de urna) dado que el Gobierno catalán se declaró como "único responsable". Por ello, el propio Artur Mas, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, a la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega han sido imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia.
Afirman que los "avales a la legitimidad de la desobediencia son sólidos, ricos y diversos"
Asimismo, Cardús afirma que el "último cambio en la ley del Tribunal Constitucional" también complicará posibles actos de rebeldía. Hace referencia aquí a la reforma de la Ley orgánica del TC impulsada por el PP y aprobada el pasado octubre para permitir al máximo intérprete de la Carta Magna "multar" y "suspender" a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones.
Preocupación por la "concreción práctica"
Para el sociólogo y la sectorial 'Mossos per la Independència', el principal problema de la desobediencia civil radica en "su concreción práctica". "El cómo, el cuándo y el qué son tan relevantes como su fundamentación", recalcan. Así, consideran que el cumplimiento de tal rebeldía supone, más allá de la decisión política, la implicación de "funcionarios que deben hacerla efectiva acatando una serie de instrucciones que los enfrentarán con el Estado y su capacidad coercitiva y represiva". "Hasta qué punto se les podrá exigir que asuman, individualmente, los riesgos de una desobediencia civil colectiva", plantea Cardús, haciéndose eco de la preocupación que le han transmitido los Mossos independentistas.
