La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado de cuyo resultado dependerá que impugne la consulta alternativa promovida por la Generalitat de Cataluña.
"Todo parece apuntar que pretende sustituir un proceso que nuestro juicio era ilegal -y por eso lo recurrimos- por otro todavía más antidemocrático", ha manifestado la vicepresidenta, en referencia a los planes de Artur Mas tras la suspensión del referéndum originalmente previsto.
Sáenz de Santamaría ha acusado al Gobierno regional que Artur Mas de querer "imponer" a los ciudadanos, como alcaldes o funcionarios, "obligaciones que les generan miedos e inseguridades" y de transferir a los catalanes "una responsabilidad que la Generalitat no quiere asumir".
"A los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridades porque el presidente de la Generalitat decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso", ha añadido, defendiendo así la actuación del Gobierno, que podría impugnar el 9N en caso de advertir violaciones a la "legalidad" y a las "garantías democráticas".
