La causa abierta en la Audiencia Nacional por la venta de la Torre Cepsa acaba de recibir documental clave de Estados Unidos. El procedimiento, abierto en 2018 por presunto delito de blanqueo de capitales, adhiere documental de Washington que responde de esta forma a la comisión rogatoria librada por la Justicia española. El objetivo, según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, es esclarecer los detalles de esta millonaria operación que dirigió en 2016 el entonces presidente de Cepsa, Khadem Al Quabisi, y por la que se anotó una plusvalía cercana a los 100 millones de euros.
En los últimos años, la Audiencia Nacional ha librado comisiones rogatorias a Estados Unidos, Emiratos Árabes y Malasia en busca de información sobre este jeque árabe, prófugo de la Justicia española. Los investigadores tratan de dar con el rastro de Al Qubaisi, que también aparece inmerso en investigaciones internacionales relacionadas con blanqueo de capitales y malversación. Así, por ejemplo, en 2016 fue arrestado por su país, acusado de aprovechar su cargo como director gerente de IPIC (fondo de inversión estatal emiratí) para su enriquecimiento personal.
El mayor de los escándalos en el que se vio envuelto fue el relativo al desfalco del fondo 1Malaysia Development Berhad. Al Qubaisi se vio salpicado por este caso de corrupción en el que se habrían desviado unos 4.000 millones de euros en una operativa liderada por Jho Low, un multimillonario malasio, cerebro de la operación y conocido como el verdadero Lobo de Wall Street. A los dos socios se les acusa de estar detrás de esta causa de corrupción en la que habrían aprovechado sus cargos y sus vínculos con la jet empresarial para un desvío masivo de activos del 1MDB.
Rastreo de los fondos
El cerco judicial de Emiratos Árabes fue tal que se ordenó a los banco del país que congelasen sus activos y proporcionasen información sobre sus transacciones. Del mismo modo, también Malasia, Luxemburgo y Estados Unidos abrieron investigaciones para rastrear el destino final de las cuantías sustraídas con el saqueo al fondo soberano malayo. The Wall Street Journal informó entonces de que parte de esos fondos se blanquearon en compra de mansiones de lujo en Nueva York y Los Ángeles valoradas en decenas de millones de dólares.
Ahora la Audiencia Nacional recaba toda la documental posible sobre Al Qubaisi ante las sospechas de que pudo blanquear parte de las ganancias ilícitas obtenidas en la operación de compra venta de la Torre Cepsa. El jeque cerró importantes negocios con banqueros y empresarios de la jet española desde su posición privilegiada en el IPIC, pero la operación más ambiciosa fue el alquiler a Bankia en 2013 de la Torre diseñada por el arquitecto británico Norman Foster. El edificio, destinado en un primer momento a ser la sede de Repsol, lo adquirió Bankia en 2007 por más de 800 millones de euros.
En 2013 el fondo IPIC, propietario de Cepsa, alquiló el rascacielos. El acuerdo implicaba una opción de compra que el fondo ejecutó en 2016. Al Qubaisi empleó para ello varias sociedades (entre ellas la holandesa Muscary) y pidió un préstamo puente a Bankinter de 400 millones de euros. Sin embargo, el mismo día que compró este edificio se deshizo de él. El jeque árabe lo vendió por 490 millones de euros a Amancio Ortega. El dueño de Inditex intervino en la operación a través de su inmobiliaria Pontegadea.
Cerco de la Audiencia
La transacción hizo saltar las alarmas en el Banco de España, teniendo en cuenta que Al Qubaisi -entonces ya sospechoso de manipular fondos del desfalco malasio- se anotó un beneficio de 90 millones de euros del que no tributó en España. Las indagaciones del Sepblac terminaron en la Fiscalía Anticorrupción, la cual interpuso querella en la Audiencia Nacional para que se abriera causa penal por estos hechos. El primer instructor, Fernando Andreu, libró las comisiones rogatorias arriba mencionadas para acotar el destino de los fondos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando han tenido respuesta de una ellas, la proveniente de Estados Unidos.
Las fuentes consultadas por este diario explican que el Juzgado Central de Instrucción número 4 trabaja en traducir el contenido de todo el material recabado mientras sigue a la espera de recibir el resultado de las otras comisiones rogatorias. En paralelo, entre los meses de julio y octubre tomó declaración en calidad de investigados a tres empresarios que habrían mediado en la operativa a través de sociedades creadas expresamente para este proceso. Se trata de Rafael García Tapia, Felipe Oriol y Ramón Merino.
Del mismo modo ha citado a declarar este jueves en calidad de testigos al expresidente de Bankia Ignacio Goirigolzarri, además de los exmiembros del Consejo de Administración José Sevilla y Miguel Ángel Crespo. Junto a ellos está llamado también como testigo el empresario Javier Merino Enseñat, este último por su "parentesco" con algunos de los investigados. El objetivo es esclarecer el papel de Bankia en la operativa ya que compró la torre por más de 800 millones de euros y la vendió por la mitad cerca de una década después. Cabe recordar que en aquel momento ya había sido nacionalizada y estaba obligada a deshacerse de parte de sus activos inmobiliarios.
Con todo, no es la primera vez que Goirigolzarri declara como testigo en una causa en la Audiencia Nacional. También hizo lo propio durante la vista oral que acogió este órgano judicial por la caída de la entidad bajo la etapa de Rodrigo Rato. El banquero intervino entonces como testigo en este macrojuicio que sentó en el banquillo de los acusados a antiguos gestores y exconsejeros. Todos ellos fueron absueltos del delito de estafa a inversores y falsedad contable por la salida a Bolsa de Bankia.
