España

Las auditorías de los ayuntamientos del cambio: ¿qué hacer con 8.893 millones de deuda?

Algunos municipios donde gobiernan las agrupaciones ciudadanas ya han comenzado a dar los primeros pasos para realizar una auditoría ciudadana de la deuda. El próximo 17 de septiembre estos alcaldes se reunirán de nuevo para abordar los problemas económicos y sentar las bases de esta medida.

  • Reunión en Barcelona de los alcaldes de Madrid, Manuela Carmena; Cádiz, José María González 'Kichi'; Badalona, Dolors Sabater; Zaragoza, Pedro Santisteve; A Coruña, Xulio Ferreiro; Santiago, Martiño Noriega, y Pamplona, Joseba Asiron.

Desde que el pasado 24 de mayo algunos de los grandes ayuntamientos del país pasaran a manos de las agrupaciones ciudadanas en las que está integrado Podemos, una medida ha sobrevolado desde un primer momento los planes de los nuevos alcaldes: la auditoría ciudadana de la deuda.

Este proceso busca dar a conocer la deuda de los municipios y hacer partícipe a los ciudadanos de la valoración de dichas cuentas. Así, desde hace algunas semanas, algunos de los ayuntamientos están dando los primeros pasos en esta dirección y el próximo 17 de septiembre se volverán a reunir, tal y como ya hicieron el pasado día 4, para abordar el problema de económico que afecta a todos estos municipios, en donde se debatirá, entre otros asuntos, la mejor vía de acción para aplicar esta medida común en los programas de las agrupaciones ciudadanas y las mareas.

En total, las grandes ciudades gobernadas por alcaldes de las formaciones vinculadas a Podemos y a otras plataformas de izquierdas tienen una deuda de cerca de 8.893 millones de euros. Esta cantidad, heredada de los anteriores gobiernos, será el objeto en los próximos meses de unos escrutinios en los que algunos de estos nuevos gestores intentarán aplicar una activa participación ciudadana.

Madrid - 5.892 millones

Siendo el municipio de España con mayor deuda - hasta más de seis veces la de Barcelona -, la cantidad que debe devolver el Ayuntamiento de Madrid, 5.892 millones según los últimos cálculos del Banco de España, ha estado en los últimos días en el foco de la polémica por las palabras que expusiera su concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, en un artículo donde aseguraba que el municipio tiene "suficientes elementos" para declarar más del 80% de la deuda del municipio "ilegítima". La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, rápidamente se adelantó a matizar a su concejal, al asegurar que el Consistorio tiene la intención de pagar todas las deudas, y en el caso de encontrar algo ilegal, serían los tribunales los encargados de decidir si se paga o no.

El concejal de Economía de Ahora Madrid aseguró en un artículo que creía que el 80% de la deuda de Madrid podría ser declarada "ilegítima"

Su auditoría, según explicó Sánchez Mato en una rueda de prensa, va a tener "un carácter ciudadano porque va a evaluar la labor municipal en función de su impacto sobre la gente" y será ésta la que decida si un contrato financiero es lesivo o no para los interés es municipales - pese a lo que, según las palabras de Carmena, se seguiría pagando la cantidad a menos que haya una ilegalidad-. Aunque el Ayuntamiento ya haya puesto en marcha el proceso, Sánchez Mato aseguró que la auditoría requerirá "mucho tiempo", aunque también avanzó que no tendrá coste adicional para los madrileños.

Barcelona - 871 millones

Por su parte, el ayuntamiento con la segunda mayor deuda, 871 millones también según los datos del BdE, tiene al igual que el resto de municipios la intención de realizar una auditoría ciudadana de la deuda. Para ello, el Ejecutivo liderado por Ada Colau quiere una mayor transparencia de las cuentas, tal y como relataba a Cuarto Poder el gerente de Presidencia y Economía del Ayuntamiento: "Para que haya una auditoría ciudadana tiene que haber transparencia en los datos, tenerlos a disposición de los ciudadanos. La idea es que cualquier documento que sirva para la gestión municipal tiene que poder valorarse también por la ciudadanía", comentaba el miembro del Consistorio, que aseguraba que en septiembre se establecería una web con toda la información: "Pondremos los datos a disposición de la ciudadanía, pero además los explicaremos".

Zaragoza - 814 millones

El caso de Zaragoza se presenta diferente al de otras ciudades, y es que el Ayuntamiento publicó hace unos días los resultados de una auditoría interna a las cuentas municipales que ha desvelado una deuda oculta de 110 millones de euros en 2015, elevando la cifra hasta los 814 millones de euros de deuda a largo plazo. Desde el Consistorio explican a Vozpópuli que esta auditoría interna no tiene nada que ver con la auditoría ciudadana que tienen intención de aplicar, sino que se trata de un informe financiero interno para reflejar "una foto fija de la situación del ayuntamiento", y con el que buscan explicar las diferentes partidas y buscar soluciones para cuadrar ingresos y gastos.

Respecto a la auditoría ciudadana de la deuda, desde el Ejecutivo que dirige Pedro Santisteve aseguran que se está hablando, "pero no se ha tomado una decisión, estamos estudiando la posibilidad de aplicar modelos como los de Madrid y Barcelona", aunque detallan que están esperando a los encuentros entre alcaldes de agrupaciones ciudadanas y mareas del próximo 17 de septiembre en el que se va a tratar el problema económico de los ayuntamientos, y en el que se abordará el asunto de la auditoría ciudadana de la deuda. 

Valencia - 803 millones

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, fue el primero en anunciar a bombo y platillo que su Ayuntamiento impulsaría una auditoría de la deuda del Ayuntamiento.

Fueron las comisiones negociadoras de Compromís y Valencia en Comú las que acordaron las primeras medidas de emergencia social para los primeros cien días de gobierno. En el marco de estos encuentros se anunció que, entre otras medidas, contemplaban desarrollar una auditoría ciudadana de la deuda del consistorio y una revisión de los contratos del gobierno local con empresas, para hacer un seguimiento de su cumplimiento, así como para activar medidas contra la corrupción y por la transparencia.

Desde el Consistorio no se ha precisado aún más información sobre la misma, aunque el Ayuntamiento valenciano sí que ha asegurado que en sus previsiones está finalizar el año con una deuda de 703 millones, lo que supone 100 millones menos a la cifra que registró el municipio a finales de 2014.

Cádiz - 275 millones

En el Ayuntamiento de Cádiz, que gobierna la plataforma Por Cádiz Sí Se Puede con el apoyo de Ganar Cádiz en Común y el PSOE, la deuda que se encontraron al llegar a las instituciones resultó no ser la que aseguraban desde el Gobierno, 213 millones, sino de 275,6 millones de euros -70 de ellos a proveedores-.

Este Consistorio, foco de la prensa por su mediático alcalde, José María González, alias 'Kichi', estuvo en el ojo del huracán hace unos días por el motivo de la auditoría ciudadana de la deuda. Y es que tras publicarse en los medios que el Ayuntamiento lanzaría una auditoría, en la que un 'jurado popular' decidiría qué parte se pagaba y qué otra no, saltaron las alarmas. El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, se opuso a este procedimiento y aseguró que "para nada es el modelo de la Junta que una especie de asamblea popular sea la que se decide si se paga o no". El mismo alcalde salió ese mismo día para explicar que el Ayuntamiento no iba a dejar de pagar ninguna deuda.

Según explican desde el Ayuntamiento de Cádiz, con la auditoría "en ningún caso se dejará de pagar la deuda"

Según fuentes del Consistorio andaluz consultadas por Vozpópuli, la auditoría en cuestión que prepara el Ayuntamiento "consistirá en la publicación de todos los gastos para conocimiento de la ciudadanía y, en ningún caso se dejará de pagar la deuda". Este proceso, apuntan, se realizará a través de un portal de transparencia del Ayuntamiento. Es en este punto, aseguran, donde entra el polémico 'jurado popular', que según explican es un grupo de ciudadanos que valoraran los gastos para su posterior exposición y explicación en el portal, por lo que "en ningún caso podrán decidir si se paga o no la deuda". Tras el malentendido con el Gobierno autonómico, desde el Ayuntamiento aseguran que especificaron la propuesta y desde entonces "se mantienen relaciones fluidas" con el delegado de la Junta.

Badalona - 121 millones

En el Ayuntamiento de Badalona, hasta el 24-M gobernado por el actual candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, que perdió la alcaldía gracias al apoyo recibido por Badalona en Comú de PSC, ERC e ICV-EUiA, cerró el año 2014 con una deuda de 114 millones, pero según apuntan desde el Ayuntamiento, la deuda del municipio se situaba a la mitad del año en 121 millones. 

"La ciudadanía no sabe qué deuda hay, hacia dónde se ha dirigido y en qué se ha gastado, y tiene derecho a saberlo", apuntan desde Badalona

De cara a este endeudamiento, explican a este diario desde el departamento de asuntos económicos del Ejecutivo municipal que están "estudiando el tipo de auditoría a realizar, dado que nuestra voluntad es llevarla a cabo". "Estamos hablando con el grupo de auditoría de Badalona, con el cual ya hemos realizado un par de reuniones y hemos acordado poner recursos a su disposición para que la ciudadanía organizada pueda analizar qué parte de la deuda del Ayuntamiento de Badalona puede ser declarada ilegítima" apuntan, explicando que sería siempre en base a unos baremos establecidos, y añade que los pasos a tomar después de que una parte de la deuda sea declarada ilegítima sería ya "una decisión política".

Explican además que es voluntad del Ejecutivo dirigido por Dolors Sabater "aumentar la transparencia" dado que "la ciudadanía no sabe qué deuda hay, hacia dónde se ha dirigido y en qué se ha gastado, y tiene derecho a saberlo". Por último, apuntan que la auditoría se encuentra "en una fase muy previa", pero que este proceso "se está organizando y esperamos que pueda realizarse en un par de meses".

La Coruña - 75 millones

El Ayuntamiento de La Coruña, donde en las pasadas elecciones municipales, la Marea Atlántica, con Xulio Ferreiro a la cabeza, se hiciera con el poder en la capital gallega tras el apoyo de PSG y BNG, tiene cerca de 75 millones de euros de deuda, según los datos al cierre del ejercicio en 2014 y que según detallan a Vozpópuli desde el Consistorio son los últimos datos de los que tienen constancia. Pese a que de momento Ferreiro no haya lanzado ningún tipo de proceso ciudadano sobre las cuentas, Marea Atlántica se presentó a las elecciones prometiendo una auditoría, especialmente sobre la Smart City de la ciudad, una plataforma tecnológica de difuso rendimiento y cuyo proyecto costó 11,5 millones.

Santiago de Compostela - 42 millones

En el Consistorio dirigido por Martiño Noriega, el de menor deuda entre los tratados, asciende a 42,1 millones al cierre de 2014 - según detallan desde el Ayuntamiento son los últimos datos con los que cuentan -. Detallan a Vozpópuli que desde Compostela Aberta "renegociaremos el plan de endeudamiento contraído por el Partido Popular", detallando que el anterior gobierno concretó una nueva operación de crédito por valor de 8 millones de euros por haber fragmentado el IBI. Y añaden que nos la intención del Consistorio ampliar la deuda ni pedir nuevos créditos.

En Santiago de Compostela renegociarán el plan de endeudamiento del anterior Gobierno

Respecto al asunto de la auditoría, desde el Ayuntamiento explican que actualmente se está haciendo una auditoría interna de la que obtuvieron el primer informe de intervención, que han difundido en la página web del ayuntamiento para que "la ciudadanía conozca las conclusiones". Del documento, detallan, "hemos extraído dos cuestiones importantes. En primer lugar, que las cuentas del consistorio no estaban en tan buena situación como apuntaba el PP en el arqueo de 2014, ya que hemos comprobado que en el último año se superó el techo de gasto que marca la Administración Pública en 2.355.437,63 millones. Además en el informe se ve que el anterior gobierno infló el presupuesto en 9,8 millones de euros", aseguran. Además, añaden que el proceso que han iniciado "consiste en devolver préstamos que otros gobiernos han solicitado y de los que no vamos a hacer uso. Nuestra voluntad es cancelar operaciones de tesorería sin tener que recurrir al crédito".

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