Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora, no recuerda "con exactitud" cómo hizo llegar al PP los 1.000 euros para la financiación de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015, que según apunta la Fiscalía Anticorrupción, fue parte de una operación de blanqueo de capitales que se llevó a cabo en el grupo municipal del partido en el Ayuntamiento de Valencia.
Así consta en el escrito de alegaciones, de once páginas incluida la documentación aportada y al que ha tenido acceso Europa Press, entregado al juez del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga la pieza principal del caso Imelsa y la separada derivada de la Operación Taula, centrada en averiguar un presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. En este caso, hay 47 personas investigadas más el PP, entre asesores, exasesores, ediles y exconcejales del grupo municipal.
Asegura que no intervino en el Comité de campaña, que es el organismo que asume las competencias de organización de la actividad
Barberá se ha dirigido por escrito al juez para asegurar que "en ningún momento" le devolvieron los 1.000 euros que donó al PP para la financiación de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015, dinero que aportó mediante un talón bancario contra su cuenta corriente. El pasado mes de febrero el magistrado instructor ofreció a Barberá declarar antes de decidir si elevaba al Tribunal Supremo la causa, como pedía el fiscal, aunque precisaba que no sería ningún interrogatorio.
"En ningún momento se me devolvió dicha cantidad, en consecuencia es absolutamente falso lo dicho en torno a los dos billetes de 500 euros", indica la senadora, que aporta los movimientos de su cuenta bancaria entre el 1 de marzo de 2015 a 30 de abril de 2015. Asimismo, asegura que, como candidata, no intervino en el Comité de campaña, que es el organismo que asume las competencias de organización de la actividad ante un periodo electoral, como la programación de actos, selección de argumentarios o redacción de discursos, entre otros, con el soporte "de la necesaria financiación que diseña, programa y ejecuta el comité de campaña".
La exalcaldesa precisa que en ese organismo -documento que adjunta- no se integra porque es "la candidata" con la finalidad de "captar votos", lo que "absorbe el tiempo suficiente como para que ni siquiera pueda adquirir conocimiento alguno sobre temas relacionados con competencias que no son las suyas" sino del propio Comité. Al respecto, añade que con su responsabilidad no se interesaba de ningún otro asunto y menos de cuestiones que estaban atendidas por ese órgano, que fue el que decidió adoptar como "una medida más" del plan de financiación de 1.000 euros por parte de cargos, candidatos y asesores, una aportación "absolutamente onerosa" sobre la que no se le planteó ninguna condición "ni mucho menos la posibilidad de que le fuera devuelta".
Barberá también hace referencia a las declaraciones de cuatro exasesores del PP que revelaron que fueron objeto de presiones para que realizaran las donaciones que les serían devueltas al día siguiente en efectivo, en billetes de 500 y explica que formaban parte del equipo de la Vicealcaldía -encabezada entonces por Alfonso Grau-, a quien podían haberse dirigido "por cercanía y confianza" en el caso de haberse sentido alarmados.
Relación con Grau
La exalcaldesa agrega que su relación con Grau no se interrumpió por su dimisión el 16 de marzo de 2015 sino "tiempo después", a partir de la salida de la lista electoral de un familiar directo del exvicealcalde a raíz de la publicación de unas "comprometidas conversaciones públicamente conocidas", indica en alusión a la exedil y esposa de Grau, María José Alcón y a la grabación que se conoció con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. En ese tiempo, afirma que "jamás" se le dijo que ese grupo de asesores dudaba de la operación de donativos y entiende que nadie les debió amenazar con perder sus trabajos porque esto dependía del número de concejales que obtuvieran en los comicios y de la elección posterior del concejal. De ahí que atribuye el rechazo de estas personas a realizar los donativos a que su "protector" (Grau) no iba a continuar en la lista y ellos no seguirían de asesores.
La senadora cuestiona la "reacción" de Grau ocho meses después con las manifestaciones públicas y también la conversación grabada a Alcón donde ésta describía el método de blanqueo y en la que afirmaba que lo sucedido era "corrupción política total". Para Barberá, "sorprende" y es "inaudito" que una intervención telefónica acordada el 14 de abril diera frutos un día después y que verse sobre un tema delictivo. De igual modo, expresa "estupefacción" por el anónimo esgrimido como prueba de cargo en contra y que llegó dos días de la conversación telefónica grabada.
Desconocía el significado de "mordidas"
Por último, defiende que en los años en ostentó la Alcaldía "jamás" se produjo "ningún amaño" en adjudicaciones, trato de favor o cobro de comisiones a terceros, "en definitiva, eso que se ha calificado de 'mordidas', hasta cuyo significado le era desconocido a la declarante". De hecho, justifica que se puso como "norma inexcusable" que cualquier adjudicación lo fuera por mesa de contratación plural y con profesionales independientes y cualificados y añade que "nada" saben ni les debía afectar hechos sucedidos en otras instituciones -en alusión a la Diputación- que "nada tienen que ver con el Ayuntamiento "pese al intento de la acusación de entrelazar" los mismo.
