José Luis Escrivá lo ha vuelto a hacer. Después de desvelarse el acuerdo entre el Gobierno y Bruselas para ampliar el cómputo de años trabajados para acceder a las pensiones, el ministro ha negado, como hizo en enero, que estuviera sobre la mesa subir de 25 a 35 años el periodo para hacer el cálculo. Sin embargo, un borrador de su Ministerio le desmiente.
El Gobierno tiene poco más de un año para presentar a Bruselas una propuesta concreta sobre esta ampliación. Es la condición que ha puesto la Comisión Europea, y que ha aceptado el Ejecutivo, para que España reciba los fondos de recuperación.
El debate, de nuevo, se centra en las cifras. Desde Bruselas llevan meses trasladando a Nadia Calviño la necesidad de pasar de los actuales 25 últimos años trabajados a los 35. José Luis Escrivá, por su parte, ha vuelto a asegurar que esa decisión nunca ha estado sobre la mesa.
Preguntado al respecto en RNE, el ministro ha calificado de "serpiente de verano" ese debate sobre las pensiones, acusando a Pablo Iglesias de "ponerla en marcha hace un año". El exvicepresidente del Gobierno ha respondido al ministro, enlazando a una noticia de La Información en la que se revelaba el extracto de un borrador en el que sí se incluía la ampliación del cómputo para la pensión de los 25 a los 35 años.
Ampliación progresiva" a 35 años
En ese documento, al que ha tenido acceso en su totalidad Vozpópuli , el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce de forma explícita que "se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo de 35 años de manera progresiva".
Se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo de 35 años de manera progresiva
El organismo dirigido por José Luis Escrivá reconocía, en ese borrador, que para que la medida pudiera aplicarse, debería ser reformada la Ley General de la Seguridad Social, "previa discusión en el ámbito del Diálogo Social".
El Ministerio, eso sí, reivindicaba la idoneidad de la misma, al asegurar que permitiría "aumentar la contributividad del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales".
Reducción de un 6,3% de la pensión
En el citado borrador, no obstante, también se admite una importante pérdida para el poder adquisitivo de los pensionistas.
Así, según los cálculos del propio Ministerio, "el efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización".
El informe hacía también un repaso de los efectos que tuvieron en el pasado otras ampliaciones del cómputo de años trabajados para calcular las pensiones. En ese sentido, el Ministerio recuerda que "el cambio de la base reguladora de 15 a 22 años en 2019, ha tenido incidencia en el 52% de las altas de 2019 y la reducción media de la pensión ha sido del -3,9%".
La propuesta definitiva a Bruselas
Este documento, que demuestra que la ampliación del cómputo a 35 años años sí estuvo sobre la mesa, no fue finalmente enviado a Bruselas. Tras un intenso debate en el seno del Gobierno, José Luis Escrivá remitió a la Comisión Europea un documento en el que no se incluía esta medida.
Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, fue la entonces vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Sociales, Nadia Calviño, la principal impulsora de esa subida del cómputo. No obstante, el rechazo tajante de ministros y cargos del PSOE, y también de la parte 'morada' del Ejecutivo, con Pablo Iglesias y Yolanda Díaz a la cabeza, hizo decaer la propuesta.
En el documento remitido finalmente a Bruselas el pasado mes de enero, el Gobierno se compromete con la Comisión Europea a "ampliar y adecuar a la realidad de las carreras profesionales el periodo de cómputo para la base reguladora". Además, recoge "la posibilidad de ampliar el periodo del cálculo de la pensión".
Esa "posibilidad" se ha convertido ahora en una exigencia del ejecutivo comunitario, además de una condición para que España pueda recibir los fondos europeos de recuperación. El Gobierno se ha comprometido a cumplir con ese compromiso, aunque, de momento, sin especificar cuántos años va a subir el periodo de cálculo de las pensiones.
Vea, a continuación, el borrador íntegro estudiado por José Luis Escrivá hace cerca de un año para subir el cómputo de las pensiones a 35 años:
