El martes 29 de octubre Carles Puigdemont tendrá que acudir con sus abogados a un juzgado de primera instancia en Bélgica para defenderse de la orden europea de detención emitida por España. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón tiene en sus manos que Gonzalo Boye, uno de los letrados del expresidente de Cataluña, asista a la cita.
La magistrada interroga este miércoles al abogado en calidad de investigado. Y lo hace en el marco de unas pesquisas por un presunto delito de blanqueo de capitales provenientes de los negocios irregulares del histórico narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. De pedirlo el fiscal y considerarlo oportuno, la juez puede acordar -tras la comparecencia en sede judicial- la aplicación de medidas cautelares: desde la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del país hasta el ingreso en prisión.
El interrogatorio tiene lugar en el marco de una pieza separada secreta que forma parte de la causa en la que surgió la 'Operación Mito', con la que se desmanteló parte de la organización criminal de Miñanco. Estas investigaciones fueron incoadas por la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, en coordinación con la Fiscalía Antidroga, a cargo de José Ramón Noreña.
Un pendrive y los datos del móvil
Boye ha sido citado después de que la juez Tardón ordenara el registro de su domicilio y su despacho. Fuentes cercanas al caso han asegurado a Vozpópuli que se trató de una operación de más de 12 horas en las que la Policía Judicial se incautó de un pendrive que tenía "un documento de la causa", de correos electrónicos y de la información del teléfono móvil del abogado.
Las mismas fuentes han explicado que el registro se extendió debido a problemas técnicos al momento de volcar el contenido del móvil; un procedimiento que se llevó a cabo con "mucho cuidado" al tratarse de un dispositivo que afecta el secreto profesional, la intimidad del letrado y la de terceros.
Boye se desmarca del blanqueo
La investigación contra Boye, han asegurado fuentes jurídicas a Vozpópuli, surgió después de que uno de los hombres de Miñanco declarara desde la cárcel tras 17 meses de detención. En esa comparecencia, el detenido señaló al abogado como supuesto responsable de un delito de blanqueo de capitales.
El reo acusó al abogado de desarrollar una estrategia jurídica para justificar el origen ilícito de 889.470 euros incautados por las autoridades en el aeropuerto de Madrid-Barajas a cinco presuntos miembros de la red criminal del capo gallego. Fuentes cercanas a la defensa de Boye, sin embargo, han defendido que el letrado actuó como abogado al asesorar a su cliente después del presunto delito y no antes.
La defensa de Puigdemont
Este miércoles Boye puede responder a las preguntas del ministerio público y de la instructora de la causa o, si lo prefiere, acogerse a su derecho a no declarar. De cualquier modo, una vez finalizada la comparecencia, la juez Tardón deberá acordar si pide o no medidas cautelares para el abogado.
La decisión de la magistrada influirá en la defensa de Puigdemont el próximo 29 de octubre ante la Justicia belga en una comparecencia que forma parte del procedimiento en el que se decidirá si Bruselas accede o no a entregar al expresidente de Cataluña ante la petición de extradición del magistrado español Pablo Llarena.
