El PP ha vuelto a utilizar su mayoría absoluta este lunes, en esta ocasión para rechazar todas las iniciativas que UPyD ha presentado en la Mesa de la Asamblea de Madrid para que la cámara regional ejerza su función de control sobre el Gobierno en el caso de las ‘tarjetas B’ de Caja Madrid.
UPyD denuncia que en total, la formación magenta había presentado más de medio centenar de iniciativas, entre ellas, preguntas en pleno, interpelaciones y comparecencias de los consejeros implicados en el supuesto fraude de las tarjetas opacas. La formación también había pedido la comparecencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y de actual jefe del Gobierno autonómico, Ignacio González, así como la de Rodrigo Rato, Miguel Blesa y Arturo Fernández, o miembros de los sindicatos, entre otros.
Ni una sola de las iniciativas de UPyD ha salido adelante. Para no aceptar las preguntas orales, el PP argumenta que no es un tema de acción de Gobierno, mientras que para hurtar las comparecencias se escuda en que se trata de materias en las que no tiene competencia o se refieren a otras legislaturas. A la pregunta planteada por la formación magenta sobre si se piensa recolocar a alguna de las personas que ha dimitido o se ha cesado por el escándalo, el PP no la admite con el argumento de que “es un futurible” y ellos no se pronuncian sobre futuribles.
Sin embargo, el vicesecretario de Organización de los populares, Carlos Floriano, aseguró este mismo lunes que el PP llegará hasta las "últimas consecuencias" en la investigación de los afiliados que fueron consejeros de Caja Madrid e hicieron uso de las tarjetas de crédito opacas y no descarta su expulsión, incluida la del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. El Comité de Derechos y Garantías del partido está trabajando en los expedientes que abrió sobre estos afiliados ante este hecho "detestable" y hay que esperar a que se cierren para "tomar decisiones", explicó Floriano.
UPyD denuncia intereses partidistas de PP, PSOE e IU
UPyD plantea todas estas iniciativas con el objetivo de aclarar los pactos promovidos por el PP y en los que entraron PSOE e IU para repartirse la ‘tarta’ de Caja Madrid. Los tres partidos negociaron sobre quién tenía que formar parte de los órganos de gobierno de la entidad financiera y lo hicieron en función de sus propios intereses partidistas y no del interés general, llevando así a la caída de la Caja.
La Asamblea de Madrid es, según UPyD, el lugar donde los miembros de los partidos deben rendir cuentas a los ciudadanos. En el caso de las tarjetas B queda clara la relación directa de Caja Madrid con el Gobierno autonómico y, por tanto, corresponde a la Asamblea el control de esa gestión.
