El 'caso Bárcenas' ha puesto a la prensa en el centro de la diana del PP tras las informaciones respecto a los supuestos sobresueldos con los que durante años el extesorero popular fue poco menos que regando los pasillos de la sede nacional del partido, cosa que él mismo ha negado en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción. Al estudio de acciones judiciales contra determinados medios que como El País, El Mundo o Telecinco se han ido haciendo eco de esas informaciones a las que han dado toda verosimilitud, el papel de la prensa volvió a ser objeto de debate y controversia en la reunión que mantuvo el pasado lunes la "número dos" popular, María Dolores de Cospedal, con los secretarios generales regionales del PP.
Y es que ante las reclamaciones de transparencia que se le están dirigiendo al partido desde todos los ámbitos, los dirigentes populares señalaron en esa reunión que "el striptease económico debe ser de todos, de nosotros, del PSOE, de todas las instituciones que reciben fondos públicos como los sindicatos o las organizaciones empresariales pero, también de la prensa, que recibe ayudas públicas", indicó a Vozpópuli un asistente a ese encuentro. Los populares se referían con estas palabras a cuestiones como la publicidad institucional o compra de ejemplares por parte de la Administración, porque si bien se cree que el 20% de los ingresos de la prensa proceden de poderes públicos, su importancia es mucho menor en los grandes medios nacionales, entre los que se encuentran los tres antes citados.
Desde el año 2000 no se contemplan ayudas directas a la prensa en los Presupuestos Generales del Estado, pero este tipo de partidas sí existen en no pocas comunidades, con la idea de que promuevan la realidad lingüística y el conocimiento de su idioma propio. Cataluña -aunque no sólo esta comunidad- es el paradigma de las ayudas a la prensa, dado que subvenciona la edición y comercialización de publicaciones periódicas en catalán o aranés, también a las emisoras de radio y televisión y a empresas periodísticas editoras de prensa digital en ambos idiomas y a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación. También Galicia, País Vasco, Valencia y Baleares tienen ayudas regladas a la prensa, pero a éstas se suman otras comunidades que, sin lengua propia, inyectan dinero público a sus medios como Andalucía o Canarias.
No es la primera amenaza a la prensa
Ésta no es, sin embargo, la primera vez que Gobierno o PP ponen proa hacia los medios de comunicación. Ya lo hizo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando molesto por las informaciones sobre los escasos resultados de la amnistía fiscal espetó a los medios críticos que “en vez de dar tantas lecciones de ética a través de editoriales lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes y colaborar de esa manera a corregir el déficit público y a financiar correctamente los servicios públicos”, dando a entender que ésto no se estaba produciendo. Más tarde amagó con una reforma de la Ley General Tribnutaria para publicar el nombre de los grandes defraudadores, lo que se tomó como otra amenaza velada a los medios de comunicación.
Moncloa trabaja en un paquete de medidas anticorrupción que contempla la posibilidad de incoporporar a la Ley de Transparencia a las organizaciones que reciben el grueso de sus fondos de subvenciones públicas, que es el caso de los partidos políticos, de sus fundaciones, de las organizaciones sindicales, de las patronales y de la Casa Real. Asimismo, el PSOE quiere sumar a la Iglesia. Pero es que además, la Ley podría incluir una claúsula que obligara a un proceso de transparencia a toda empresa que reciba de una forma u otra ayudas públicas.
