En la mañana del 4 de mayo de 2006, una investigación policial de diez años en torno al Bar Faisán, de Irún (Guipúzcoa), estaba a punto de concluir. Faltaban horas para que la Policía arrestara a un lado y otro de la frontera entre España y Francia a una decena de personas, entre ellas a un dirigente del PNV, Gorka Aguirre, por su presunta implicación en la red de extorsión de ETA y el cobro del impuesto revolucionario. En aquel momento, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda armada estaban enfrascados en un proceso de negociación después de que los etarras hubieran anunciado una tregua menos de dos meses antes. Sin embargo, aquel día ocurrió algo inesperado. Un desconocido entró en el bar y entregó a su propietario, Joseba Elosua, un móvil a través del cual una tercera persona le alertó de la operacion en marcha. Con lo que no contaban los autores de aquel chivatazo era con que el propio Elosua relataría a su yerno lo que acababa de ocurrir ("Es un madero. No me entra en la cabeza que me haya advertido por teléfono") y que dicha conversación iba a ser grabada por la Policía. El 'Caso Faisán', uno de los mayores escándalos de la lucha antiterrorista, acababa de empezar.
Las acusaciones piden para los dos únicos acusados, el comisarios Pamies y el inspector Ballesteros, penas que suman 10 años de cárcel
Este lunes, siete años, cuatro meses y doce días después, el chivatazo a ETA llega a su tramo final con el inicio del juicio en la Audiencia Nacional. En el banquillo de los acusados, dos policías: el que fuera jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y uno de sus subordinados, el inspector José María Ballesteros, acusados ambos de revelación de secretos y colaboración con banda armada, por lo que se enfrentan a penas que pueden sumar hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, no les acompañará una tercera persona que durante un tiempo estuvo imputado: el entonces director general de la Policía, el socialista Victor García Hidalgo. La investigación, que llegó a salpicar incluso al entonces secretario de Estado de Seguridad y, más tarde, ministro del Interior, Antonio Camacho, y que se convirtió en arma arrojadiza de un PP entonces en la oposición contra el que entonces era titular de la cartera, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sufrido durante todo este tiempo numerosos avatares.
Así, su instrucción ha pasado por tres jueces distintos (Fernando Grande-Marlaska, Baltasar Garzón y Pablo Ruz) con los consiguientes cambio de rumbo. Ha habido acusaciones cruzadas entre policías. E, incluso, el actual fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, intervino para ordenar a sus subordinados en la Audiencia Nacional que incluyeran en su escrito de acusaciones el delito de colaboración con banda armada contra ambos agentes a lo que se resistían estos últimos. Entre medias, un sin fin de maniobras y decisiones jurídicas y políticas que, por ejemplo, llevaron a que el tribunal rechazase el primer auto de procesamiento dictado por Ruz, en el que sí se incluía entre los acusados a un político, García Hidalgo, quien finalmente fue excluido de la causa. Hoy, cuando los dos agentes se sienten en el banquillo, la pregunta seguirá siendo, si el tribunal considera probada la participación de ambos, quién dio la supuesta orden a ambos, quién, en otras palabras, fue la 'X' del chivatazo a ETA. Estas serán las cuatro claves de un juicio con demasiados interrogantes y puntos oscuros aún.
LA PISTA. Los responsables de la investigación del chivatazo analizaron al detalle las grabaciones en vídeo que habían realizado al dueño del bar el día del chivatazo. Así, comprobaron que salió de su domicilio entre las 11:04 y las 11:06; que llegó al Faisán dos minutos más tarde y que la persona que le abordó en el interior del mismo para darle el teléfono móvil lo hizo entre 10 y 15 minutos después, es decir, entre las 11:20 y las 11:25, como declaró el propio Elosua cuando fue detenido en junio. La Policía contaba con dos datos más. La llamada era 'saliente', es decir, que se hizo desde el móvil del chivatazo ya que la persona que le dió el aparato al integrante de la red de extorsión etarra llamó desde él antes de pasárselo a Elosua, y que la conversación fue superior a los cinco minutos.
La pista clave son las llamadas de teléfonos que se registraron el día del chivatazo. Los investigadores legaron a analizar 1.932 que luego redujeron a 63 y, finalmente, a una
Con estos datos, los investigadores reclamaron a las compañías telefónicas los registros de las llamadas que pasaron por los repetidores de la zona del bar entre las 11:10 y las 12:00 de aquel día. La cifra resultante fue muy elevada: 1.932. Sin embargo, las salientes efectuadas en la media hora siguiente a las 11:10 y que tuviera una duración superior a los cuatro minutos, se redujeron a sólo 63. Los policiales identificaron y tomaron declaración a los titulares de dichos teléfonos, descartando la impliación de todos ellos en los hechos, salvo en un caso. Se trataba de una realizada desde el teléfono particular de un inspector destinado en Vitoria, José María Bastelleros, al móvil oficial del jefe superior de Policía en el País Vasco, Pamies. Era la única que se había producido entre policías que cumplía con las características de la del chivatazo: era saliente, se había realizado a las 11:23 y tuvo una duración superior a los ochos minutos.
LA 'X'. Una vez identificados los supuestos autores del chivatazo a ETA, los investigadores rastrearon las llamadas entre ellos y las que mantuvieron ambos con otras personas para concluir en sus informes que la filtración se planificó la noche anterior desde Madrid. La primera hipóstesis de los investigadores consideró que la orden o sugerencia de hacer la llamada la recibió el comisario Pamies de Victor García Hidalgo, miembro del PSE y entonces director general de la Policía. A partir de ese momento, los investigadores chequearon las llamadas de los tres sospechosos la tarde-noche del día 3 en busca de nuevas pistas. Fue así como determinaron que a las 21,48 horas, cuando el operativo para el día siguiente ya estaba ultimado, el director general de la Policía habló durante once minutos con el comisario general de Información, Telesforo Rubio, y acto seguido telefoneó al jefe superior del País Vasco, con quien habló por espacio de 28 minutos. Éste a su vez, comunicó con Víctor García Hidalgo en otras dos ocasiones esa misma noche, a las 22,43 y a las 23,20 horas, por espacio de 17 minutos. Finalmente, a las 00,06 horas, ya del 4 de mayo, el jefe superior habló durante dos minutos con el inspector de Vitoria.
El caso salpicó en su día al entonces número 2 de Interior, Antonio Camacho, porque en su móvil recibió varias llamadas antes, durante y después del soplo de uno de los sospechosos
También detectaron esos días un intenso cruce de llamadas entre García Hidalgo y Pamies con dos telefónos móviles y uno fijo de la Secretaria de Estado de Seguridad. En total, llamaron en 17 ocasiones antes, durante y después del soplo a los terroristas. Y uno de los móviles era el que utilizaba el número 2 del Ministerio del Interior, Antonio Camacho. A este último, el entonces director general de la Policía llamó dos veces horas antes del chivatazo, otras dos el día del soplo y cinco en septiembre de 2006, cuando comenzó la investigación. Sin embargo, el juez Pablo Ruz resolvió finalmente que dichas llamadas no guardaban relación con el caso y rechazó la citación como testigo de Camacho.
EL MÓVIL. Todo delito tiene un móvil, aunque no siempre se termine conociendo. En el caso del chivatazo los investigadores llegaron a la conclusión de que el mismo pretendía evitar la detención de Gorka Agirre, un dirigente del PNV que finalmente fallecería en 2009 y que era investigado por la Policía desde 2004 por su presunta relación con la red de extorsión de ETA que operaba a través del bar Faisán. Supuestamente, Aguirre hacía de intermediario con la banda en representación de empresarios próximos a su partido que habían recibido cartas exigiéndoles el pago de 'impuesto revolucionario'. Por ello, estaba en la lista de personas que iban a ser detenidas aquel día de mayo de 2006.
Los investigadores siempre han creído que el 'soplo' pretendía evitar la detención de un dirigente del PNV presuntamente relacionado con la trama de extorsión de la banda
Siempre según las conclusiones de los investigadores, la presencia de este político fue el motivo que llevó a realizar el chivatazo para abortar la operación, ya que la misma podía tener graves consecuencias políticas entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PNV. De hecho, ese día se iba a producir en La Moncloa un encuentro entre el entonces presidente de la formación nacionalista vasca, Josu Jon Imaz, y Zapatero en la que aquel iba a trasladar a éste el apoyo de su partido al proceso de paz abierto tras el anuncio de la tregua de ETA. Aguirre llegó a comparecer en mayo de 2008 ante el juez Garzón como imputado en la trama de extorsión etarra y negó cualquier relación con la misma. Entonces aseguró que "jamás" había actuado como mediador ni negociado con la banda armada, y recalcó que "siempre" recomendó "hacer frente al chantaje etarra". Garzón retiró la imputación en octubre de aquel año.
LA COARTADA. Para negar su implicación el chivatazo, el jefe Superior de Policía del País Vasco aseguró al juez que el intenso cruce de lamadas que mantuvo la noche previa y la mañana de los hechos con varios subordinados no tenía nada vez con el dispositivo que pretendía desabaratar la red de extorsión de la banda que tenía su sede en el bar Faisán, sino que tenía como objeto preparar una cita con un confidente de ETA en el sur de Francia. Pamies aseguró que el otro encausado, el inspector Balleteros, viajó hasta Irún para darle cobertura en el encuentro que iba a tener con este personaje, apodado 'El Romano'. Dos funcionarios a sus órdenes que declararon después ante el juez corroboraron su versión, aunque no aportaron dato alguno que permitiese contrastar la misma entonces.
El testimonio clave de la defensa de los policías es la declaración de un confidente de ETA apodado 'El Romano', cuya presencia en el juicio es aún una incógnita
El confidente aún no ha declarado, pero tendrá ocasión de hacerlo durante la vista, a la que ha sido convocado en calidad de testigo. Hasta hace poco, fuentes jurídicas daban por seguro que no acudiría al juicio ya que, supuestamente, estaba en busca y captura por su colaboración con la banda armada. Sin embargo, recientemente se supo que el pasado mes de mayo sus causas habían prescrito por lo que nadie lo detendría si acude. Otra cosa es saber si finalmente lo hará y en qué condiciones para preservar su seguridad frente a posibles represalias de la propia organización terrorista. Es la gran incógnita del juicio y también el testigo clave al que se agarran los dos policías para pedir su absolución.
